El municipio hizo parte del panel «MIPG en Acción: Experiencias Territoriales que Transforman la Gestión Pública», un espacio de intercambio en el que se analizaron estrategias, aprendizajes y retos relacionados con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en las administraciones públicas.

Durante el encuentro, representantes de distintas entidades territoriales compartieron experiencias sobre planeación, gestión del conocimiento, innovación y mejora continua como herramientas para fortalecer la capacidad institucional y ofrecer mejores resultados a la ciudadanía.

Intercambio de experiencias sobre gestión pública

La participación de Envigado permitió exponer algunas de las prácticas implementadas por el municipio en materia de planeación estratégica, fortalecimiento institucional y transparencia, aspectos que han sido desarrollados como parte de sus procesos administrativos.

En el panel también se destacó que el MIPG se ha consolidado como un instrumento para fortalecer las capacidades de las entidades públicas, facilitar la articulación entre procesos y promover una gestión orientada a resultados.

Los asistentes coincidieron en la importancia de consolidar prácticas institucionales que trasciendan los periodos de gobierno y permitan dar continuidad a los procesos de modernización de la administración pública.

Innovación y conocimiento para fortalecer las instituciones

La jornada sirvió para intercambiar experiencias sobre el uso de herramientas de innovación, gestión del conocimiento y mejora continua, además de identificar desafíos comunes que enfrentan las entidades territoriales para fortalecer sus procesos administrativos.

Según la información entregada por la administración municipal, este tipo de espacios permiten conocer iniciativas desarrolladas en diferentes regiones y promover la adopción de buenas prácticas que contribuyan a mejorar la eficiencia, la transparencia y la prestación de servicios a la ciudadanía.

La participación de Envigado en Mosquera Tech 4.0 hizo parte de las actividades de intercambio de experiencias entre gobiernos locales interesadas en fortalecer sus modelos de gestión institucional.

Con información de la Alcaldía de Envigado.

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La acción fue presentada por la ciudadana María José Navarro, quien pidió a los organismos de control verificar una serie de hechos que, según la documentación aportada, habrían involucrado a funcionarios, contratistas y directivos de la administración distrital.

La denuncia también solicita que se investigue a secretarios de despacho, gerentes de entidades descentralizadas, directores de institutos y demás servidores o contratistas que pudieran tener relación con los hechos señalados.

De acuerdo con el escrito radicado ante las autoridades, existirían evidencias que apuntarían a una presunta estructura orientada a promover actividades de carácter político dentro de la administración distrital. Según la denunciante, algunos funcionarios y contratistas habrían sido convocados a participar en jornadas relacionadas con actividades proselitistas.

La denuncia sostiene que dichas actividades no habrían sido voluntarias y que, presuntamente, algunos trabajadores habrían recibido presiones relacionadas con la continuidad de contratos o el pago de obligaciones pendientes. Estas afirmaciones deberán ser verificadas por las autoridades competentes durante las investigaciones correspondientes.

Entre los documentos aportados se encuentran cronogramas, listados y agendas que, según la denunciante, estarían relacionados con actividades denominadas «Toma de Barrios» y «Toma de Semáforos». En dichos registros aparecen mencionadas diferentes dependencias de la administración distrital con supuestas asignaciones de horarios, sectores y jornadas de participación.

Asimismo, fueron entregadas capturas de pantalla de conversaciones realizadas a través de aplicaciones de mensajería instantánea que, según la denuncia, evidenciarían mecanismos de coordinación y seguimiento de actividades políticas.

Otro de los elementos mencionados corresponde a un portal digital denominado «votaciones.xyz», respecto del cual la denunciante asegura que habría sido utilizado para recopilar información relacionada con potenciales votantes. Este aspecto también será objeto de verificación por parte de los organismos competentes.

Ante estos hechos, la ciudadana solicitó a la Fiscalía activar las investigaciones correspondientes para establecer si se configuraron posibles conductas relacionadas con delitos electorales, así como otras eventuales infracciones contempladas en la legislación colombiana.

De igual forma, pidió a la Procuraduría General de la Nación abrir una investigación disciplinaria y adoptar medidas preventivas que garanticen la protección de funcionarios y contratistas mientras avanzan las actuaciones administrativas y judiciales.

Hasta el momento, las acusaciones corresponden a los señalamientos contenidos en la denuncia presentada por la ciudadana y serán las autoridades competentes las encargadas de verificar la autenticidad de las pruebas aportadas y determinar si existen responsabilidades disciplinarias o penales.

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Lenis confirmó, en entrevista con Caracol Radio, que el alto tribunal avanza en los procesos relacionados con el caso de corrupción en la Ungrd. Según el togado, la Sala de Instrucción, encargada de investigar a los congresistas, tiene listas nuevas determinaciones judiciales.

“Por conocimiento que tengo de la Sala de Instrucción reciente, esperamos que prontamente se puedan dar algunas acusaciones que hay contra funcionarios y congresistas involucrados en la corrupción en la Unidad de Riesgo, pero también frente a congresistas involucrados en delitos contra la administración pública”, señaló el magistrado.

El presidente de la corporación ratificó que el proceso judicial no se detuvo y que se sumarán nuevos llamados a juicio a los ya conocidos por la opinión pública.

“Ya hay algunas decisiones que ustedes conocen que la Sala de Instrucción ha tomado, pero sí tenemos la información de que prontamente van a salir otras acusaciones en la Sala de Instrucción”, afirmó.

Más allá de los casos de corrupción, Lenis expuso las falencias operativas que enfrenta el sistema judicial. El magistrado reconoció la falta de personal para atender la demanda de justicia en el país, un problema que catalogó como generalizado.

“Tenemos un déficit de jueces en todas las ramas del derecho (…) y estamos trabajando fuertemente en eso”, aseguró.

Para mitigar esta carencia, el presidente de la Corte explicó que se adelanta una labor conjunta con la Fiscalía General de la Nación. El objetivo es fortalecer las capacidades de juzgamiento y robustecer los equipos de apoyo en investigación, especialmente frente a la percepción de inseguridad en diversas ciudades.

En materia de cooperación internacional, Lenis reportó que la Corte Suprema se encuentra al día en el estudio de las solicitudes de extradición. El magistrado destacó que se priorizó el trámite de los requerimientos hechos por la justicia de Chile contra miembros de la organización criminal ‘Tren de Aragua’.

El alto tribunal emitió concepto favorable para la extradición de integrantes de esta banda, entre los que se encuentran Giovanny Rojas, alias «Araña»; Willington Henao, alias «Mocho Olmedo»; Dayanis Junior Orozco, alias «Botija»; y Carlos Francisco Gómez, alias «Bobbi».

Finalmente, Lenis se refirió a la relación entre las altas cortes y el Gobierno. El magistrado hizo un llamado a mantener un canal de comunicación institucional y confirmó su intención de reunirse con el Jefe de Estado, tras su regreso de Estados Unidos.

“Esperamos que ese diálogo institucional se dé bajo un cauce de respeto y diálogo armónico entre todos (…); si trabajamos conjuntamente, gana la ciudadanía”, concluyó Lenis, quien espera concretar el primer encuentro con el presidente Petro una vez finalice su agenda oficial en Washington.

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Según la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Medellín, entre agosto de 2022 y septiembre de 2023, Meneses Rivera habría exigido sumas de entre 8 y 10 millones de pesos a por lo menos ocho personas, con la promesa de facilitar su ingreso como agentes de tránsito.

Las indagaciones permitieron establecer que el procesado solicitaba un anticipo inicial y condicionaba el pago restante a la supuesta concreción del nombramiento. Bajo esta modalidad, se habría apropiado de más de 23 millones de pesos.

El hombre, de 29 años, fue capturado el pasado 11 de junio por agentes del grupo anticorrupción del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). En audiencia preliminar, la Fiscalía le imputó el delito de concusión, sin que el acusado se allanara a los cargos. Como medida cautelar, se le impuso detención domiciliaria.

La investigación continúa con el fin de identificar posibles nuevas víctimas y determinar si otras personas dentro de la entidad estarían involucradas en estos hechos.

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Uno de los principales críticos es el profesor Eber Elí Gutiérrez, de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Medellín, quien considera innecesaria la creación de una nueva estructura territorial. A su juicio, Antioquia ya cuenta con mecanismos existentes como las provincias y subregiones, capaces de abordar procesos de planificación y articulación regional sin crear nuevas instancias burocráticas.

“Nos estamos llenando de un montón de organizaciones territoriales que pueden hacer lo mismo, sin esa visión integral del territorio. Lo que necesitamos son acciones reales y concretas para que los territorios se desarrollen mejor”, señaló Gutiérrez.

El académico también expresó preocupación por el financiamiento de esta figura administrativa, al advertir que los recursos municipales ya son limitados y su redistribución podría fragmentar aún más los presupuestos, afectando la eficiencia en la gestión pública.

Durante una reciente visita a Rionegro y Guarne, el director del DAP, Eugenio Prieto Soto, explicó que el objetivo del área metropolitana es fortalecer la planificación conjunta, la articulación institucional y la gestión administrativa del territorio.

A pesar de las buenas intenciones, Gutiérrez considera que esta función podría haberse desarrollado directamente desde la Gobernación de Antioquia, sin recurrir a la creación de nuevas entidades.

“Pensando en una organización de ese tipo en el Oriente antioqueño, digamos que es importante en la medida en que pueda servir para organizar la planificación regional, pero esa labor se pudo haber enfocado desde la Gobernación a través de las subregiones”, reiteró el docente.

El debate continúa abierto, especialmente ante el acelerado crecimiento urbano del Oriente antioqueño, que demanda soluciones urgentes en términos de planificación sostenible y un sistema de transporte intermunicipal eficiente.

“Si entra un área metropolitana tendría dos retos fundamentales: planificar el territorio de manera conjunta y estructurar una buena red de transporte. Pero hay que tener claro que en Colombia los planes de ordenamiento son locales, no metropolitanos”, concluyó Gutiérrez.

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Según la investigación, las funcionarias habrían usado su acceso al sistema de nómina para asignarse valores superiores a los que les correspondían.

La Procuraduría Regional de Instrucción del Quindío señaló que Zuluaga Rincón y Díaz Latorre, en calidad de profesionales universitarias de la Secretaría Administrativa, habrían ingresado montos adicionales en sus liquidaciones, bajo conceptos como bonificaciones y ajustes salariales sin justificación aparente.

En el caso de Zuluaga Rincón, se identificaron al menos 30 pagos irregulares entre junio de 2020 y septiembre de 2023, por un total superior a los $79 millones. Por su parte, Díaz Latorre habría recibido 52 pagos injustificados entre julio de 2021 y septiembre de 2023, con un monto superior a los $45 millones.

El órgano de control formuló un segundo cargo contra las investigadas por presuntamente manipular la plataforma oficial en la que se procesan los pagos de nómina. Según la entidad, esto les habría permitido ingresar valores adicionales sin contar con soportes administrativos.

La Procuraduría calificó provisionalmente las conductas como faltas disciplinarias gravísimas, cometidas a título de dolo, argumentando que las funcionarias habrían vulnerado el principio de moralidad en la función pública.

Foto y noticia: Colprensa

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El Ministerio de Educación Nacional lidera en términos absolutos con un presupuesto de 62,01 billones de pesos y una ejecución del 86,8%, reflejando un aceptable manejo de recursos en uno de los sectores más sensibles del país. Le sigue el Ministerio de Salud y Protección Social, que, con un presupuesto de 59,62 billones de pesos, logró ejecutar el 85,3%. Sin embargo, ambos ministerios se quedan por debajo del 91,66% esperado, dejando pendientes por ejecutar recursos importantes, como los 6,68 billones en Educación y los 4,61 billones en Salud. Este margen de mejora pone en evidencia la inexperiencia ministerial del gobierno de Gustavo Petro, lo cual debería motivar una reflexión sobre la optimización del gasto para alcanzar las metas proyectadas.

Por otro lado, los ministerios técnicos como el de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (79,2%) y el de Ciencia, Tecnología e Innovación (73,1%) destacan por superar el promedio de eficiencia en sectores con presupuestos más modestos: 120 mil millones y 400 mil millones, respectivamente. A pesar de su menor asignación de recursos, han logrado porcentajes de ejecución superiores a ministerios como el de Justicia (65,4%) y Vivienda (65,6%). Sin embargo, preocupa el caso de Relaciones Exteriores, que, con una ejecución del 72,2%, tiene un rezago significativo en la gestión de sus 185 mil millones de pesos no comprometidos.

En la parte baja del ranking, se encuentran entidades con desempeños preocupantes como el Ministerio de Ambiente (29,0%), el Ministerio del Interior (27,8%), y la Presidencia de la República – DAPRE (24,4%), que subutilizaron cientos de miles de millones de pesos. Este último caso es particularmente llamativo, dado su papel estratégico en la coordinación gubernamental. Más alarmante es la situación del Ministerio de Igualdad y Equidad, que, con una ejecución del 3%, apenas ha utilizado 54 mil millones de un presupuesto de 1,8 billones, lo cual pone en duda su capacidad operativa y la eficacia en la puesta en marcha de su misión.

Dato: “El 86% de la ejecución lo hace el 20% de los ministerios”.

En conclusión, el análisis pone en evidencia una gestión presupuestal caótica, marcada por una alarmante falta de ejecución. Mientras ministerios clave como Educación y Salud logran resultados relativamente positivos, entidades fundamentales como la Presidencia (24,4%) y la Igualdad (3%) son un claro ejemplo de ineficiencia y derroche de recursos. La ejecución de estos ministerios está muy por debajo del mínimo deseado del 91,66%, lo que revela una grave incapacidad de planeación y gestión.

Es urgente una reestructuración profunda en los procesos administrativos, ya que la subejecución presupuestal no solo limita el desarrollo del país, sino que refleja un sistema que no sabe aprovechar los recursos en sectores clave para el bienestar social y económico.

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El dinero ilícito habría sido obtenido mediante delitos contra la administración pública, incluyendo interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación agravado, perpetrados a través de contratos fraudulentos con una ONG dirigida por Olmedo de Jesús López Martínez y Esneider Augusto Pinilla Álvarez.

Los hechos

La investigación señala que el jueves 12 de octubre de 2023, en horas de la tarde, 1.500 millones de pesos habrían sido entregados a la entonces consejera para las regiones, Sandra Ortíz, en el apartamento 2312 de las Residencias Tequendama, en Bogotá. Este dinero, transportado en una maleta, provenía de López Martínez y Pinilla Álvarez. Posteriormente, fue trasladado al edificio Base 1, ubicado en el norte de la ciudad, donde se habría entregado a Iván Name Vásquez.

Al día siguiente, viernes 13 de octubre, en horas de la noche, la exconsejera al parecer recibió otros $1.500 millones en efectivo, esta vez en dos maletas, entregadas nuevamente en las Residencias Tequendama. El dinero fue contado y llevado al mismo lugar en el norte de Bogotá donde se había entregado la suma inicial.

El transporte de estos fondos ilícitos fue realizado utilizando vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección (UNP), lo que añade un componente de abuso de recursos estatales a los hechos denunciados.

Urgente: La Fiscalía revela a esta hora lo que anticipamos este jueves en @BluRadioCo afirmando que la exconsejera para las regiones de @petrogustavo le entregó 3 mil millones de pesos en efectivo al entonces presidente del @SenadoGovCo @IvanNameVasquez entre el 12 y el 13 de… pic.twitter.com/CwUNkXx5lK

— Ricardo Ospina (@ricarospina) November 29, 2024

Vínculo con la corrupción y administración pública

Los fondos ilícitos fueron obtenidos mediante contratos fraudulentos gestionados por la ONG dirigida por López Martínez y Pinilla Álvarez, quienes jugaron un papel clave en esta operación. La Fiscalía sostiene que estos actos configuran delitos graves contra la administración pública, afectando directamente la confianza en las instituciones del país.

Esta denuncia representa uno de los casos más importantes de presunta corrupción durante el gobierno de Gustavo Petro, al involucrar tanto a exfuncionarios de alto nivel como a líderes del Senado. La Fiscalía continúa adelantando las investigaciones y no se descartan nuevas imputaciones en este caso.

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Denuncias desatendidas

Jaramillo señaló que la Veeduría solicitó información a la Personería Distrital de Medellín sobre las quejas de funcionarios despedidos injustificadamente. Según el informe, la Personería no dio respuesta a la denuncia, pese a la gravedad del caso, ya que presuntamente se habrían utilizado listas negras para excluir a personas vinculadas a administraciones anteriores.

El secretario afirmó que estas prácticas podrían constituir faltas disciplinarias graves y delitos penales, entre ellos abuso de autoridad, discriminación y prevaricato.

Presuntas violaciones legales y constitucionales

De acuerdo con el análisis de la Veeduría, estas acciones contravienen normas del Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002), como la obligación de actuar con igualdad y legalidad. Además, el Código Penal tipifica estas acciones como delitos que atentan contra derechos fundamentales protegidos por la Constitución Política de Colombia, incluyendo el derecho al trabajo, la igualdad y la participación política.

Jaramillo enfatizó que la persecución laboral basada en motivos políticos también vulnera tratados internacionales, como el Pacto de San José de Costa Rica, que prohíben la discriminación ideológica.

La Veeduría Nacional de Derechos Humanos instó a los afectados a presentar acciones legales, como tutelas para proteger su derecho al trabajo y la igualdad, demandas disciplinarias ante la Procuraduría General de la Nación, y denuncias penales ante la Fiscalía.

Aseguran que esta situación, de confirmarse, representa una seria vulneración a los principios democráticos y al Estado Social de Derecho en Colombia, reforzando la necesidad de investigar y sancionar estas prácticas si se comprueban.

Veeduría Nal de DDHH dice que 30 mil personas fueron excluidas de la administración de @FicoGutierrez por razones políticas, lo que podría constituir falta disciplinaria y delito penal. @joluja69 @personeriamed @PGN_COL @FiscaliaCol @AlcaldiadeMed
https://t.co/lrBEDzt7le

— Róger Vélez Castaño (@RogerVelezC) November 27, 2024

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Restrepo es egresado de la Universidad Católica Luis Amigó, con estudios en Negociación Internacional, además de poseer dos maestrías en Dirección de Empresas y Tecnologías de la Información y Comunicación. Su carrera ha estado marcada por cargos estratégicos en diversas entidades gubernamentales y en el sector privado. Trabajó en el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia, donde apoyó el desarrollo del comercio electrónico, consolidando uno de los pilares de crecimiento económico del país.

Trayectoria en la Administración Pública de Medellín

Durante la administración de Daniel Quintero en Medellín, Restrepo se desempeñó como secretario de Gobierno, donde implementó políticas de igualdad de género, seguridad y convivencia. Fue responsable de la peatonalización de zonas claves como Provenza, el Parque Lleras, Astorga y el Parque de El Poblado, impulsando la transformación urbana de la ciudad. Además, durante la pandemia de COVID-19, asumió el rol de gerente de la estrategia Covid en Medellín, liderando la reactivación económica de la ciudad y reduciendo el desempleo del 26% al 8.4%.

Su destacada carrera en el servicio público ha sido reconocida internacionalmente, como en 2021, cuando fue galardonado como joven destacado de Iberoamérica en los Napolitan Victory Awards. También ha sido parte de las juntas directivas de varias empresas públicas en Medellín, como la Empresa de Desarrollo Urbano y la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas.

Colaboración en el Gobierno Nacional y en la Campaña Presidencial

Restrepo también ha sido parte del equipo de Gustavo Petro, desempeñándose como coordinador de la campaña presidencial en Antioquia y miembro del comité estratégico nacional. En el Ministerio de Justicia, fue director de Asuntos Internacionales y Extradiciones, firmando cerca de 100 extradiciones, incluidas varias de interés para el gobierno de Estados Unidos.

Con este nombramiento, Ecopetrol suma a su equipo un profesional con experiencia en gestión pública y privada, reconocido por su capacidad de liderazgo y con un perfil técnico que busca contribuir a los objetivos estratégicos de la compañía en el escenario nacional e internacional.

Una gran noticia, su liderazgo, disciplina, trabajo por el proyecto político y compromiso serán garantía de grandes resultados, felicitaciones “@estebanrestre
excandidato a la Gobernación de Antioquia, es el nuevo secretario privado de Ecopetrol”https://t.co/5WhJBxcOHf pic.twitter.com/0aJV51Gg2q

— Alejo Toro (@AlejoToroAnt) November 3, 2024

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