El tribunal Administrativo de Antioquia, en la sentencia N° 170 de 2025 resolvió la demanda contra la Nación, el Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con vinculación a la empresa Air-e S.A.S., por parte de Interconexión Eléctrica S.A., ISA Intercolombia S.A. y Transelca S.A.

En dicha resolución el Tribunal declaró la nulidad de las Resoluciones 40307 del 5 de agosto, 40359 y 40409 del 30 de agosto de 2024 porque consideró que fueron emitidas sin competencia y con desviación de poder, por lo cual, el ministerio de Minas y Energía habría invadido funciones propias de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, adoptando medidas regulatorias que no eran de sus facultades.

La sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia ordena restablecer la legalidad administrativa en el sector, pero negó el restablecimiento económico solicitado por parte de Interconexión Eléctrica S.A., ISA Intercolombia S.A. y Transelca S.A., al no demostrarse un perjuicio directo derivado de dichos actos.

Aclarar que en la sentencia el Tribunal ratificó la legalidad de la Resolución del 11 de septiembre de 2024 mediante la cual la Superservicios asumió la posesión de los bienes y negocios de la empresa Air-e y concluyó que la Superservicio actuó dentro de su competencia y descartó cualquier responsabilidad del Estado.

*Estos es lo que responde Air-e ante esa resolución*

“Air-e Intervenida se permite aclarar que la sentencia mencionada del Tribunal Administrativo de Antioquia corresponde a una decisión en primera instancia, que no está en firme ni produce efectos jurídicos definitivos y contra ella proceden los recursos de ley”, dice el comunicado emitido este viernes 17 de octubre de 2025.

Agrega que la empresa, a través de su equipo jurídico, ejercerá las correspondientes acciones para garantizar el debido proceso y la defensa de sus derechos.

Adicionalmente dice que las Resoluciones 40307 del 5 de agosto, 40359 y 40409 del 30 de agosto de 2024, “expedidas por el Ministerio de Minas y Energía, que adoptaron medidas transitorias para garantizar la continuidad en la prestación del servicio en áreas especiales, estuvieron vigentes únicamente hasta el 31 de diciembre de 2024. Por tanto, ya no producen efectos jurídicos en la actualidad”.

Manifiesta que en el marco que regula la improcedencia de la limitación del suministro de energía a las empresas intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios continúa plenamente vigente, conforme a lo establecido en la Resolución CREG 116 de 1998 y la Circular SSPD 20241000001314 del 13 de diciembre de 2024.

“Ambos actos administrativos mantienen presunción de legalidad y no han sido suspendidos ni anulados por autoridad judicial alguna”, añade.

Sostiene que, en este contexto, la protección regulatoria y legal que ampara a las empresas intervenidas ante posibles restricciones en el suministro continúa vigente dentro del marco jurídico establecido.

“Es importante destacar que el propio Tribunal de Antioquia declaró la legalidad de la Resolución de toma de posesión expedida por la Superintendencia, reconociendo que la medida se ajustó a la Constitución y la ley, y que tuvo como fin proteger la continuidad y la calidad del servicio en beneficio de los usuarios del Caribe colombiano”, se lee en el comunicado.

Indica que actualmente la empresa continúa bajo la intervención del Gobierno Nacional, “garantizando la estabilidad del servicio, la protección de los usuarios y el cumplimiento de sus obligaciones”.

El comunicado termina diciendo que “la compañía reitera su compromiso con la transparencia, la legalidad y la prestación eficiente del servicio de energía para el Caribe colombiano, bajo las directrices del Gobierno nacional y los entes de control competentes”.

(Colprensa)

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En un primer caso se reportó en la calle 10 con carrera 44 y el segundo en la calle 4 con la carrera 44. “Ambos predios que funcionan como pescaderías, específicamente en el barrio Villanueva tenían el servicio directo con medidor”.

Por otra parte, Air-e Intervenida reportó otro caso en el barrio Ciudadela 20 de Julio, en inmediaciones al Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, un reconocido billar tenía la tapa del medidor manipulada.

Mientras tanto, en una plastiquera en el sector conocido como La Florida, en el municipio de Galapa, operaba con un medidor conectado de manera ilegal a un transformador. “Este caso se suma al hallazgo de un equipo de medida electrónico manipulado en un restaurante en el kilómetro 2, en la vía Galapa-Barranquilla”.

Por último, en un centro recreacional con canchas y piscinas ubicado en el municipio de Baranoa, se reportó el hallazgo de líneas directas por fuera de la medida, “siendo esta una de las prácticas más recurrentes para evitar el pago real del consumo de energía”.

Casos de robo de energía en Magdalena y La Guajira

La empresa Air-e Intervenida también reportó hallazgos de casos de robos de energía en los departamentos del Magdalena y La Guajira.

Para el caso del Magdalena, un establecimiento comercial tipo billar, ubicado en el barrio Centro de Fundación, tenía la acometida principal intervenida.

En medio de otro operativo, desarrollado en el sector conocido como Hawai en el municipio de Fundación, se encontró un medidor con sellos y tapa principal manipulados y perforados en un hotel de la zona turística.

Finalmente, en la ciudad de Riohacha, La Guajira, un centro audiovisual fue descubierto con equipo de medida con líneas por fuera de la medida en el barrio Acueducto.

Adicionalmente, en un salón de eventos en el sector de Nuevo Faro, en esa misma ciudad, tenía una conexión no autorizada conectada a un transformador ilegal.

Foto y noticia: Colprensa

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En la decisión del 30 de mayo, esa regla adicional fue reformulada, por lo tanto, eliminada y se dejarían de cobrar, por este concepto, estos recursos, que representan 54 pesos kilovatio/hora para la Región Caribe, en especial para la empresa Air-e y 23 pesos para Afinia.

Según el personero de Barranquilla, Miguel Ángel Alzate, esta decisión tiene unas connotaciones importantes como que era el último cargo o regla vigente del régimen transitorio especial para la región Caribe, por tanto, con esta decisión, ya quedaría sin efectos estas reglas diferenciales que se les cobraban a los usuarios de las empresas Air-e Intervenida y Afinia, y que muchas veces eran impagables.

La otra connotación que deja esta decisión es que va a significar un ahorro económico para los hogares del Caribe. Este rubro para la empresa Air-e representaba anualmente un recaudo de 282.000 de pesos que salían de los bolsillos de los usuarios de los departamentos de La Guajira, Magdalena y Atlántico.

Mientras que para los usuarios de Afinia, de los departamentos de Sucre, Cesar, Córdoba y Bolívar, representaban $114.000 millones.

“Además, se lograron eficiencias para todo el país que antes implicaban un recaudo anual de un billón de pesos. Es una decisión que celebramos por la economía en el hogar y, segundo, por haberse eliminado y cumplir ese hito que nos habíamos propuesto de eliminar ese régimen transitorio especial, que nos discriminaba y se convirtió en una verdadera barrera para poder acceder al servicio público de energía”, apuntó Alzate.

¿Cuándo se aplicará la nueva norma?

Miguel Ángel Alzate, dijo que aspira que esta nueva medida se empiece a aplicar de manera rápida y oportuna. Se espera que la Superintendencia de Industria y Comercio emita el concepto de abogacía sobre la decisión de la CREG. “Es un asunto de mero trámite, porque la etapa sustancial y más compleja era la que veníamos luchando, que fue la que se dio el 30 de mayo, pero aspiramos a que la CREG en los próximos 30 hábiles que le quedan pueda emitirlo”.

“Esperamos que la SIC pueda emitirlo de manera rápida, de manera oportuna, no se tome todo el plazo, y con eso consideraríamos que podría entrar en vigencia, o materializarse en el recibo de energía entre los meses de agosto y septiembre”, terminó diciendo el Personero de Barranquilla.

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Este mecanismo de vigilancia se enfocará específicamente en el monitoreo de las problemáticas relacionadas con la prestación de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas, informaron las dos entidades.

Su primera actividad fue convocar una mesa de trabajo con el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios y su equipo.

A la Superintendencia se le solicitó presentar información detallada de las actuaciones que ha realizado en la intervención de Air-e, para garantizar la prestación del servicio a cargo de la empresa.

De acuerdo con cifras del Comité Intergremial de Energía y Gas, a enero de 2025 la deuda del Gobierno Nacional y las entidades oficiales por servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas alcanza los $7,6 billones, distribuidos en:

• $2,7 billones por subsidios de energía eléctrica

• $3,3 billones por opción tarifaria

• $1 billón de deuda de usuarios oficiales

• $628 mil millones por subsidios de gas combustible

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Luego de la salida de Dagoberto Quiroga, quien lideraba la intervención de SuperServicios a la empresa Air-e, Márquez Aldana asumirá el cargo. Su nombramiento será oficial cuando el presidente firme el decreto correspondiente.

¿Quién es Yanod Márquez Aldana?

Márquez es un conocido del presidente Gustavo Petro, ya que trabajaron juntos durante la alcaldía de Petro en Bogotá (2012-2015). En ese periodo, Márquez fue subgerente económico de TransMilenio, donde su gestión estuvo bajo la lupa de la Procuraduría debido a posibles infracciones disciplinarias.

En particular, Márquez fue señalado por el concejal Juan Carlos Flórez de haber brindado asesoría a la empresa Coobus del SITP sin haber esperado los dos años establecidos por el Código Disciplinario Único tras su salida de la subgerencia de TransMilenio. Estas acciones podrían constituir una violación al artículo 35 del mencionado código.

El reto de la intervención a Air-e

Uno de los mayores desafíos que Márquez enfrentará será continuar con la intervención a Air-e, la empresa encargada de suministrar energía en varios departamentos del Caribe colombiano. Este proceso ha sido ampliamente seguido, y la Procuraduría ha mostrado preocupación por las decisiones tomadas por la Superintendencia bajo la dirección de Quiroga.

El nuevo superintendente de Servicios Públicos, Yanod Márquez Aldana, asume su cargo en un momento crítico para el sector energético del país. Con un historial de cuestionamientos en su anterior gestión, Márquez deberá demostrar su capacidad para liderar la Superintendencia en medio de retos complejos como la intervención a Air-e.

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El hombre, propietario de un negocio, expresó su frustración en un video que rápidamente se hizo viral en las redes sociales. En el video, declaró: “Estamos cansados de esta situación. Me cortaron la luz cuando el recibo está pagado y aún no vence el plazo”.

El afectado aseguró ser el único en su barrio sin electricidad, y recordó que la semana anterior enfrentó un problema similar que lo dejó tres días sin servicio. Además, cuestionó la ausencia de apoyo de las autoridades locales y líderes comunitarios en estas situaciones, aclarando que su inconformidad es con la empresa y no con los empleados o el personal de seguridad presentes.

Hasta el momento, Air-e no ha emitido una declaración oficial sobre el incidente. Este acto de desesperación refleja la creciente insatisfacción de los usuarios con el servicio eléctrico en la región, situación que ha generado críticas y protestas en diversas localidades del Atlántico.

🚨 #Opine | Un hombre se encadenó para protestar en las oficinas de @Aire_Energia porque al parecer, le cortaron la luz sin justificación y nadie le responde. El hecho ocurrió en Puerto Colombia.
Según se ve en el vídeo, no era el único con esta problemática por el mal servicio. pic.twitter.com/NsCBueozGt

— Nación Paisa (@NacionPaisa) July 26, 2024

¿Crisis del servicio eléctrico de Air-e desata protestas y debate político?

En paralelo a esta protesta, el servicio que presta la empresa Air-e en Barranquilla y otros municipios del Atlántico ha sido objeto de intensas críticas. Este miércoles, 24 de julio, se registraron alteraciones del orden público en varios puntos de la región, con la comunidad exigiendo el restablecimiento del servicio de energía.

El jueves 25 de julio, el Concejo de Barranquilla citó a un debate de control político a Air-e, buscando explicaciones sobre la crisis del servicio. Sin embargo, ningún representante de la empresa se presentó, lo que provocó duras críticas de los concejales. Alexis Castillo, concejal de Barranquilla por el Partido Conservador, calificó a Air-e como el «cáncer» de la región Caribe, lamentando la ausencia de respuestas por parte de la empresa.

Otros concejales, como José Trocha y Juan José Vergara, también arremetieron contra Air-e, acusándola de ser una empresa «ratera» y «maleante». Denunciaron las altas tarifas y los frecuentes cortes de energía que afectan gravemente a la comunidad, especialmente a los más vulnerables. Estefanel Gutiérrez Pérez, otro cabildante, destacó los onerosos cobros en la facturación, poniendo en evidencia los recibos de usuarios de estrato 1, quienes se ven obligados a pagar sumas exorbitantes para evitar la suspensión del servicio.

La situación en Barranquilla y el Atlántico evidencia una crisis en el suministro eléctrico que requiere atención urgente. Las autoridades locales y la comunidad exigen soluciones efectivas para garantizar un servicio justo y continuo.

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El Contralor Distrital recordó que el CÓDIGO PENAL COLOMBIANO tipificó el delito de OMISIÓN DEL AGENTE RETENEDOR O RECAUDADOR para quien encargado de recaudar tasas o contribuciones públicas no las consigne dentro del término legal, incurrirá en prisión de cuarenta (48) a ciento ocho (108) meses y multa equivalente al doble de lo no consignado, y, que tratándose de sociedades quedan sometidas a esas mismas sanciones las personas naturales encargadas en cada entidad del cumplimiento de dichas obligaciones.

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En la denuncia penal se recordó que la Costa Caribe ha venido enfrentando una crisis como resultado de los incrementos tarifarios y las deficiencias en la calidad del servicio de energía, habiendo la empresa de AIR-E SAS ESP manifestado abiertamente que estuvo atravesando por una situación de insolvencia que la llevó incluso a requerir el inicio de un proceso de insolvencia.

Es así como dentro de la cadena de problemas económicos, se ha visto afectado el SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, debido a que sin explicación ni justificación alguna, AIR-E SAS ESP ha dejado de cumplir con los tiempos establecidos legalmente para consignarle a la ESSMAR ESP lo recaudado por el IMPUESTO AL SERVICIO DE ALUMBRDO PÚBLICO, poniendo en riesgo la prestación del servicio en el Distrito de Santa Marta, al desfinanciarlo.

Los contralores Territoriales de la COSTA CARIBE solicitaron información a AIR-E SAS ESP sobre el recaudo y traslado de otros impuestos y servicios cobrados conjuntamente, para verificar si los traslados se han dado dentro de los términos fijados en las Leyes y reglamentos, a fin de que no se afecte la prestación de dichos servicios, por lo que los contralores territoriales hacen un llamado a los demás organismo de control para que en el marco de sus competencias ejercen las acciones correspondientes.

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