Las autoridades asestaron un nuevo golpe contra las finanzas del Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño. En una operación conjunta realizada en el municipio de Zaragoza fue capturado en flagrancia alias «el Tuerto», señalado como presunto cabecilla financiero de la Subestructura Uldar Cardona Rueda de ese grupo armado organizado.

El operativo fue desarrollado por tropas del Gaula Militar Bajo Cauca, adscritas a la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de la Policía Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Fiscalía General de la Nación.

Durante diligencias de allanamiento y registro a un inmueble del área urbana, las autoridades hallaron más de 1.000 millones de pesos en efectivo, además de un revólver calibre 38, munición y una máquina contadora de billetes.

De acuerdo con la información recopilada por los organismos de inteligencia, el dinero estaría destinado al pago de integrantes de la organización criminal y sería producto, presuntamente, del cobro de extorsiones a comerciantes, empresarios y habitantes de la región, así como de otras actividades ilegales.

Uno de los hechos que llamó la atención durante la operación fue que, según el Ejército Nacional, el capturado habría intentado sobornar a una oficial que participaba en el procedimiento, ofreciéndole 500 millones de pesos para evitar su captura. La uniformada rechazó el ofrecimiento y reportó de inmediato la situación a las autoridades competentes.

El capturado, el dinero y los demás elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para adelantar el proceso judicial correspondiente.

Las autoridades señalaron que este resultado representa una afectación a las finanzas de la Subestructura Uldar Cardona Rueda, considerada una de las principales estructuras del Clan del Golfo con presencia en el Bajo Cauca antioqueño.

El Ejército Nacional aseguró que continuará desarrollando operaciones para debilitar las economías ilícitas de los grupos armados organizados que delinquen en la región e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho relacionado con la criminalidad a través de la línea gratuita 147.

Con información del Ejército Nacional.

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La ofensiva de las autoridades contra las estructuras del multicrimen en el Valle de Aburrá continúa dejando resultados. En las últimas horas, la Policía Nacional informó sobre una nueva afectación al Grupo Delincuencial Organizado (GDO) Pachelly, tras varios procedimientos realizados en el municipio de Bello.

Como resultado de las operaciones, fue capturado un hombre de 42 años y se incautaron dos armas de fuego, 11 cartuchos de munición y 100 cigarrillos de marihuana, elementos que, según las autoridades, eran utilizados para fortalecer las actividades ilícitas de esta estructura criminal.

Captura en flagrancia en el barrio El Mirador

El primer procedimiento se llevó a cabo en el barrio El Mirador, donde uniformados adscritos a las zonas de atención policial realizaban labores de vigilancia y control.

Durante el operativo, los policías capturaron en flagrancia a un hombre de 42 años por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

En el procedimiento le fue incautado un revólver con seis cartuchos, material que quedó a disposición de la autoridad competente junto con el capturado.

Allanamiento en Araucarias permitió incautar droga y otra arma

El segundo resultado se obtuvo durante una diligencia de registro y allanamiento adelantada por investigadores de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) en el sector Araucarias I y II.

En el inmueble intervenido fueron encontrados un revólver, cinco cartuchos y 100 cigarrillos de marihuana.

De acuerdo con la investigación, la vivienda presuntamente era utilizada como centro de almacenamiento y dosificación de sustancias estupefacientes para su posterior distribución en el municipio.

Continúan los operativos contra el multicrimen en Bello

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá señaló que estos resultados hacen parte de la estrategia institucional para combatir las estructuras criminales que operan en el territorio y reducir los delitos asociados al tráfico local de estupefacientes.

Asimismo, reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho que afecte la convivencia y la seguridad a través de la línea de emergencia 123 o mediante los canales oficiales de la institución.

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El operativo se desarrolló en el barrio Tejelo, donde investigadores realizaron un allanamiento a un inmueble que, según las autoridades, funcionaba como centro clandestino de almacenamiento de explosivos y elementos de activación.

Material explosivo estaría ligado a minería ilegal y acciones criminales

Durante la diligencia fueron encontrados nitrato de amonio, ANFO, detonadores y cordón detonante, materiales que tendrían un valor superior a los 400 millones de pesos dentro del mercado ilegal.

De acuerdo con la investigación, los explosivos serían utilizados por organizaciones criminales para fortalecer actividades asociadas a minería ilegal aurífera, además de posibles acciones violentas contra la Fuerza Pública, infraestructura y población civil.

Las autoridades señalaron que la incautación representa una afectación directa a las capacidades logísticas y financieras de estas estructuras ilegales.

Autoridades investigan origen de los explosivos

Tras el operativo, organismos judiciales iniciaron procesos para determinar la trazabilidad del material decomisado y establecer su posible procedencia, así como las redes responsables de su distribución ilegal.

La investigación busca además identificar vínculos con organizaciones criminales que operan en diferentes regiones del país y que utilizan explosivos para actividades ilícitas relacionadas con extorsión, minería ilegal y control territorial.

Operativo evitó riesgos para la seguridad pública

Según la Policía Nacional, la operación permitió neutralizar un importante riesgo para la seguridad en Medellín y otras zonas del país, evitando que el material fuera utilizado en atentados o actividades terroristas.

Las autoridades reiteraron que continuarán fortaleciendo las operaciones contra estructuras multicrimen y economías ilegales que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana.

El caso quedó ahora en manos de la Fiscalía General de la Nación, que avanza en las investigaciones judiciales correspondientes.

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Según la información oficial, el inmueble funcionaba como un centro clandestino de almacenamiento de explosivos y elementos de activación utilizados presuntamente para actividades ilegales relacionadas con minería ilegal y posibles acciones violentas.

Durante la diligencia de registro y allanamiento fueron encontrados elementos como nitrato de amonio, ANFO, detonadores y cordón detonante. De acuerdo con las autoridades, el material tendría un valor superior a los 400 millones de pesos en el mercado ilegal.

La investigación señala que este tipo de explosivos podría ser utilizado por organizaciones criminales para ejecutar atentados, generar intimidación y fortalecer actividades ilícitas en distintas zonas del país.

Las autoridades indicaron que el hallazgo permitió evitar un posible riesgo para la comunidad, la infraestructura y la Fuerza Pública, debido al alto poder destructivo del material almacenado en el lugar.

Además, las investigaciones avanzan para establecer la procedencia de los explosivos y determinar si existe conexión con redes dedicadas al tráfico ilegal de este tipo de material en la región.

La Policía y la Fiscalía continúan recopilando pruebas para identificar a los responsables del almacenamiento y distribución de los explosivos incautados en Medellín.

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El operativo dejó como resultado la captura de cuatro personas en flagrancia, la incautación de dos granadas, 300 dosis de marihuana, 75 dosis de cocaína, 170 dosis de bazuco, y cinco millones de pesos en efectivo, y la recuperación de una motocicleta que había sido robada el 9 de febrero.

La operación la adelantaron uniformados de la Seccional de Investigación Criminal en articulación con la Fiscalía General de la Nación, dentro de la ofensiva que adelanta la Policía Metropolitana de Bogotá, contra aquellas estructuras dedicadas al tráfico y comercialización de estupefacientes en Bogotá.

Este martes, Enderson Jesús Torres Nova fue enviado a la cárcel como el presunto responsable de lanzar una granada el pasado 23 de febrero, en ese sector. El hecho dejó dos personas heridas y un perro muerto.

Así fue nuestra intervención en #San Bernardo. Con 150 policías de diferentes especialidades, realizamos 8 allanamientos.

✅ 4 capturas en flagrancia por tráfico de estupefacientes.
✅ 2 granadas incautadas.
✅ 300 dosis de marihuana, 75 de cocaína y 170 de bazuco. pic.twitter.com/FgRe1HFC19

— Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) February 28, 2025

El hombre, de nacionalidad venezolana, fue presentado ante un juez de control de garantías e imputado por los delitos de terrorismo, tentativa de homicidio, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, y maltrato animal agravado. Los cargos no fueron aceptados.

Las pruebas con las que cuenta la Fiscalía dan cuenta que Torres Nova haría parte de una red delictiva que sostiene una disputa violenta por el control de las actividades de narcomenudeo en ese sector.

En ese sentido, habría sido el encargado de activar y lanzar la granada contra un grupo de personas. Unidades de la Policía Nacional lograron su captura a pocas cuadras del lugar del ataque.

Foto y noticia: Colprensa

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«Estos son tiempos oscuros para nuestra nación, ya que mi hermosa casa, Mar-A-Lago en Palm Beach, Florida, se encuentra actualmente sitiada, allanada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI», dijo Trump en el comunicado.

«Es un grave error de Fiscalía, un mal uso del sistema judicial y un ataque de los demócratas radicales de izquierda que desesperadamente no quieren que me postule para presidente en 2024», agregó el polémico exmandatario.

El exmandatario de los norteamericanos, quien fue investigado por los sucesos ocurridos en el Congreso de la República, también dijo que la redada del FBI no fue anunciada y que era innecesaria o inapropiada.

Además, el exjefe de Estado de la potencia mundial pidió además detener lo que calificó como una «cacería de brujas», haciendo referencia a quienes lo acusan de intentar anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en EEUU.

Por su parte, el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de EE.UU. anunció que legalmente está dispuesto a recibir información de las declaraciones de impuestos del expresidente Trump como parte de la investigación del panel del Congreso sobre sus finanzas.

Así lo dijo el Tribunal de Distrito para el Distrito de Columbia, en un fallo. «La solicitud de 2021 busca información que pueda informar al Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de EEUU sobre la eficacia del Programa de Auditoría Presidencial», dijo la Corte.

«La solicitud no violó los derechos de la Primera Enmienda de la Constitución para las partes del caso de Trump. Confirmamos», agregó el alto tribunal.

Con la información de Sputnik

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