Una operación conjunta entre la Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de la Nación permitió la incautación de más de cinco toneladas de material explosivo en Medellín, en lo que las autoridades consideran uno de los golpes recientes más contundentes contra estructuras dedicadas al multicrimen y las economías ilegales.
El operativo se desarrolló en el barrio Tejelo, donde investigadores realizaron un allanamiento a un inmueble que, según las autoridades, funcionaba como centro clandestino de almacenamiento de explosivos y elementos de activación.
Material explosivo estaría ligado a minería ilegal y acciones criminales
Durante la diligencia fueron encontrados nitrato de amonio, ANFO, detonadores y cordón detonante, materiales que tendrían un valor superior a los 400 millones de pesos dentro del mercado ilegal.
De acuerdo con la investigación, los explosivos serían utilizados por organizaciones criminales para fortalecer actividades asociadas a minería ilegal aurífera, además de posibles acciones violentas contra la Fuerza Pública, infraestructura y población civil.
Las autoridades señalaron que la incautación representa una afectación directa a las capacidades logísticas y financieras de estas estructuras ilegales.
Autoridades investigan origen de los explosivos
Tras el operativo, organismos judiciales iniciaron procesos para determinar la trazabilidad del material decomisado y establecer su posible procedencia, así como las redes responsables de su distribución ilegal.
La investigación busca además identificar vínculos con organizaciones criminales que operan en diferentes regiones del país y que utilizan explosivos para actividades ilícitas relacionadas con extorsión, minería ilegal y control territorial.
Operativo evitó riesgos para la seguridad pública
Según la Policía Nacional, la operación permitió neutralizar un importante riesgo para la seguridad en Medellín y otras zonas del país, evitando que el material fuera utilizado en atentados o actividades terroristas.
Las autoridades reiteraron que continuarán fortaleciendo las operaciones contra estructuras multicrimen y economías ilegales que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana.
El caso quedó ahora en manos de la Fiscalía General de la Nación, que avanza en las investigaciones judiciales correspondientes.
