El Ministerio Público calificó como inadmisibles este tipo de comportamientos y advirtió que cualquier acto de hostigamiento o intimidación contra servidores públicos representa una amenaza para la democracia, la convivencia y los derechos fundamentales.

Personería pide investigar las amenazas

En un comunicado oficial, la entidad señaló que, de acuerdo con los hechos conocidos públicamente, el ciudadano profirió expresiones que el concejal denunció como amenazantes, haciendo referencia a la presunta conformación de estructuras armadas al margen de la ley.

Ante la gravedad de la situación, la Personería solicitó a la Fiscalía General de la Nación abrir las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables.

Asimismo, hizo un llamado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que evalúe el nivel de riesgo del concejal y adopte, si es necesario, las medidas de protección que garanticen su integridad y seguridad.

Llamado a respetar la democracia

La Personería recordó que las sesiones del Concejo Distrital de Medellín deben desarrollarse en un ambiente de respeto y con plenas garantías para todos los corporados, independientemente de sus posiciones políticas.

«La intimidación, el hostigamiento o las amenazas contra quienes ejercen funciones públicas no pueden ser toleradas ni afectar el normal funcionamiento de las instituciones democráticas», señaló la entidad.

Seguimiento al caso

Finalmente, la Personería Distrital reiteró su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la protección de la institucionalidad y el fortalecimiento de la democracia, indicando que hará seguimiento al caso para verificar que las autoridades competentes adopten las acciones necesarias.

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De acuerdo con la investigación, el procesado habría protagonizado varios episodios de intimidación contra servidores públicos entre 2022 y 2025. Los hechos llevaron a las autoridades a adelantar labores investigativas que permitieron recopilar elementos materiales probatorios y solicitar una orden de captura en su contra.

Según el ente acusador, Romero Calderón habría ingresado en dos oportunidades a las instalaciones de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, en agosto de 2022 y octubre de 2025, portando un arma de fuego con la que presuntamente intimidó a varios funcionarios de la entidad.

La Fiscalía también indicó que el pasado 8 de abril el entonces registrador de Instrumentos Públicos de Soacha recibió una corona fúnebre en su despacho. Las investigaciones señalan que dicho elemento habría sido enviado por el hoy procesado como parte de las presuntas amenazas dirigidas contra funcionarios de la entidad.

Presunta retaliación por decisiones sobre predios

De acuerdo con las autoridades, las intimidaciones estarían relacionadas con decisiones administrativas adoptadas por la Oficina de Registro respecto al cierre de folios de matrículas inmobiliarias correspondientes a terrenos ubicados en la zona férrea y la Autopista Sur de Soacha.

La hipótesis investigativa señala que el procesado pretendía desarrollar actividades de explotación económica sobre esos predios y que las medidas adoptadas por la entidad habrían motivado las presuntas acciones de retaliación.

Como parte del proceso judicial, unidades de la Policía Nacional hicieron efectiva la orden de captura en una diligencia realizada en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá.

Posteriormente, un fiscal de la Seccional Cundinamarca le imputó el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos.

Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario, petición que fue avalada por el juez de control de garantías encargado del caso.

Las autoridades continúan avanzando en el proceso judicial para esclarecer plenamente los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes en este caso que involucra presuntas amenazas contra funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones.

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Según el club, las versiones divulgadas en un programa periodístico y replicadas en redes sociales señalan supuestas negociaciones previas relacionadas con la final disputada en 2025, afirmaciones que calificaron como “graves, irresponsables y sin sustento”.

En el comunicado también fueron mencionados Luis Sandoval, Homer Martínez y Jaime Alvarado, exjugadores del equipo que, de acuerdo con el DIM, se han visto afectados por las acusaciones.

Denuncian amenazas y filtración de datos personales

La institución aseguró que, tras la difusión de estas versiones, varios de los futbolistas han recibido amenazas a través de sus números telefónicos personales, los cuales habrían sido filtrados de manera irregular.

“El Equipo del Pueblo S.A. rechaza enérgicamente cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad de nuestros jugadores y sus familias”, indicó el club en el pronunciamiento.

Ante los hechos, Baldomero Perlaza y Francisco Chaverra interpusieron denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de que se adelanten investigaciones tanto por las acusaciones como por las intimidaciones recibidas.

El DIM informó además que brindará acompañamiento jurídico, institucional y humano a los jugadores durante el proceso.

DIM pide acudir a canales oficiales

En el comunicado, la institución invitó a cualquier persona que tenga información o pruebas relacionadas con integrantes del club a utilizar los canales oficiales y acudir a las autoridades competentes, evitando la difusión de versiones no verificadas.

Asimismo, reiteró su respaldo a los futbolistas señalados y destacó su “profesionalismo, compromiso y entrega” con la camiseta del equipo antioqueño.

El equipo se enfoca en competencia internacional

Finalmente, el club aseguró que actualmente mantiene su atención en el compromiso internacional programado para este jueves 7 de mayo, reiterando su intención de representar “con orgullo” a la hinchada del Medellín.

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De acuerdo con la denuncia presentada por la víctima, los hechos se habrían iniciado el 20 de diciembre de 2025, luego de que la mujer se negara a guardar el vehículo de su hijo en el parqueadero de la empresa donde trabaja. A partir de ese momento, el hombre presuntamente comenzó a intimidarla y a exigirle una suma millonaria de dinero a cambio de no asesinarla.

Las amenazas, según el relato, se intensificaron con el paso de los días y se extendieron a otros miembros de la familia y compañeros de trabajo de la mujer. Ante el temor por su vida, la víctima habría accedido a pactar la entrega del dinero exigido.

El 7 de enero de 2026, Zapata Guerra se presentó en una estación de servicio de Bello para recibir un paquete que simulaba contener el dinero producto de la extorsión. Al advertir la presencia de las autoridades, huyó del lugar en un taxi, pero fue capturado minutos después en el barrio Pedregal, en Medellín, durante un operativo adelantado por investigadores del CTI, con apoyo del Ejército y la Policía.

Durante las audiencias preliminares, un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata le imputó el delito de tentativa de extorsión agravada, cargo que el procesado no aceptó. Mientras avanza el proceso judicial, permanecerá privado de la libertad por orden judicial.

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Más que informar, Dávila tomó partido. En su mensaje afirmó: “Es cierto que Petro ha permitido el avance del narcotráfico en Colombia. Y les ha dado beneficios permanentes de libertad e impunidad. Es obvio que ya Trump y el mundo lo saben.”
No fue una reflexión periodística ni un análisis sobre las implicaciones diplomáticas de las palabras de Trump: fue una aprobación abierta a un ataque externo contra el presidente y, de paso, contra la imagen internacional de Colombia.

El episodio deja al descubierto una deriva peligrosa del discurso político colombiano, donde figuras mediáticas transforman su influencia periodística en un instrumento de odio y propaganda. Que una precandidata presidencial aplauda una descalificación proveniente del extranjero revela no solo su postura ideológica, sino también una preocupante falta de sentido nacional.

El papel del periodismo es contrastar, contextualizar y explicar. Pero cuando se usa la opinión como lanza y se repite un mensaje hostil sin verificar ni medir consecuencias, el oficio se pervierte y se convierte en arma política. En el mensaje de Dávila no hay defensa de la verdad ni crítica constructiva: hay resentimiento y cálculo.

Mientras el presidente Trump agita su base interna con frases incendiarias, la periodista convertida en aspirante política reproduce ese fuego desde Colombia, no para advertir de un riesgo diplomático, sino para festejarlo.
Y eso dice mucho. Dice que en algunos sectores del poder mediático y político ya no importa si el país es humillado, siempre que el adversario sea herido.

No se trata de defender a un gobierno, sino de recordar que ningún proyecto político que aspire a gobernar Colombia puede fundarse en el aplauso a su desprestigio.
La crítica responsable fortalece la democracia; el odio la destruye.
Y cuando una voz que se presenta como líder repite con júbilo las acusaciones de un presidente extranjero contra su propio país, lo que se desnuda no es valentía, sino una profunda deslealtad con Colombia.

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El Caribe vuelve a ponerse en tensión tras las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien en un mensaje publicado en su red social calificó al mandatario colombiano Gustavo Petro como “líder del narcotráfico” y anunció que “a partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subsidios, ya no se harán a Colombia”. La frase, recogida por medios como Reuters y Bloomberg, marca un quiebre histórico en las relaciones entre Bogotá y Washington y ha sido interpretada como una amenaza directa hacia el gobierno colombiano.

De forma paralela, se han registrado movimientos de fragatas estadounidenses en el mar Caribe y vuelos de bombarderos de largo alcance sobre zonas internacionales próximas a Colombia y Venezuela. Aunque el Pentágono ha insistido en que se trata de “ejercicios rutinarios”, la coincidencia temporal con las advertencias de Trump ha encendido alarmas en los círculos diplomáticos y de defensa. Analistas advierten que Colombia podría verse arrastrada a una crisis regional, utilizada como plataforma o “puerta de entrada” hacia Venezuela, en medio de un discurso que recuerda los años más duros de la Guerra Fría.

Un investigador de política internacional consultado por Nación Colombia afirmó que “Trump está buscando fabricar un enemigo externo justo cuando su popularidad se desploma y las protestas en su propio país lo señalan como un líder autoritario”. En efecto, en las últimas semanas se han multiplicado las manifestaciones en Estados Unidos, donde millones de personas acusan al mandatario de gobernar con rasgos autoritarios y de instrumentalizar la política exterior como cortina de humo frente a su crisis interna.

La suspensión de los subsidios y de la cooperación antidrogas con Colombia supone una ruptura estructural en la relación bilateral. Durante décadas, esos fondos han sostenido los programas conjuntos de erradicación de cultivos, interdicción aérea y apoyo a la Fuerza Pública. Al congelarlos, Washington debilita de manera directa las capacidades del Estado colombiano y abre la puerta a un nuevo escenario de dependencia y presión política.

El tono del mensaje de Trump, cuando advierte que Petro “debería cerrar estos campos de exterminio de inmediato, o Estados Unidos se los cerrará, y no lo hará de manera agradable”, ha sido interpretado como una amenaza explícita a la soberanía nacional. La frase sugiere el uso potencial de la fuerza o la imposición de medidas coercitivas sin consulta internacional, lo que contraviene los principios del derecho internacional y los acuerdos bilaterales vigentes.

Fuentes diplomáticas consultadas por Nación Colombia confirmaron que la Cancillería colombiana analiza elevar el caso ante el Consejo Permanente de la OEA y, si es necesario, ante el Consejo de Seguridad de la ONU. En la región, varios gobiernos han expresado preocupación por el tono de las declaraciones, mientras expertos en derecho internacional advierten que una retórica de ese tipo puede interpretarse como una amenaza de agresión.

El discurso de Trump se produce en un contexto de alta tensión hemisférica. En enero de 2025, Colombia ya había protagonizado un choque diplomático con Washington al negarse a recibir vuelos militares con deportados, lo que generó amenazas de sanciones y presiones comerciales. Ahora, la escalada verbal y militar sugiere que el presidente estadounidense busca reposicionar su liderazgo a través del conflicto y del miedo.

Aunque hasta el momento no existe evidencia de movimientos militares directos contra Colombia o Venezuela, los despliegues en el Caribe, la ruptura de cooperación y el tono hostil de las declaraciones reavivan el fantasma de la intervención. Para varios analistas, el mensaje de Trump constituye una forma de chantaje diplomático, orientado a forzar a Colombia a alinearse con sus intereses estratégicos frente al gobierno de Caracas.

El gobierno colombiano, por ahora, mantiene silencio. Pero los hechos y las palabras del presidente de Estados Unidos parecen diseñar un escenario en el que la diplomacia podría no bastar para contener lo que muchos ya describen como la más grave amenaza a la soberanía y estabilidad de Colombia en lo que va del siglo.

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Según el mensaje, enviado desde el número +57 314 754 3643 el 17 de septiembre de 2025, el remitente advierte: “serán dados de baja, plomo van a llevar como la Unión Patriótica”, e identifica a varias personas —entre ellas a Miguel Gutiérrez y al alcalde Aniceto Giraldo— por “reunirse con políticos del gobierno y atacar a la oposición”. La amenaza también dice: “Cero izquierda en Antioquia, cero izquierda en el país… si toca volver al pasado para exterminar como a los de la UP lo haremos”.

Miguel Gutiérrez, militante del partido Dignidad y Compromiso y activista de oposición ciudadana en la región, publicó la denuncia en su cuenta de X y pidió protección urgente al Gobernador de Antioquia, a la Presidencia y a las autoridades competentes. Gutiérrez aclaró que no tiene aspiraciones electorales y responsabilizó a la polarización política por el agravamiento de riesgos contra la vida de defensores y líderes sociales.

El concejal de Medellín por el Pacto Histórico, José Luis Marín, se sumó al llamado y subrayó la necesidad de proteger la vida de Gutiérrez y de “las demás personas amenazadas”, cuestionando que en pleno 2025 se anuncie el “exterminio de una forma de pensamiento” en Antioquia. Marín hizo el reclamo públicamente en X y exigió medidas de protección.

Organizaciones de prensa y medios locales reportaron el hecho y recordaron la sensibilidad del contexto regional: el oriente antioqueño ha vivido con frecuencia amenazas y presiones a mandatarios locales y líderes sociales, y en varios casos las autoridades han reforzado esquemas de protección. Fuentes periodísticas locales también han hecho referencia a episodios anteriores en los que el alcalde de San Rafael había recibido intimidaciones.

Reacciones institucionales y peticiones de protección

Hasta el momento de publicar esta nota no se ha registrado un pronunciamiento público formal por parte de la Gobernación de Antioquia ni de la Presidencia que confirme medidas concretas adoptadas tras la denuncia; sin embargo, la difusión pública del mensaje y las solicitudes de líderes locales elevan la presión para que las autoridades activen protocolos de seguridad y protección a líderes y funcionarios señalados. Los denunciantes han pedido intervención de la Fiscalía y de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Por qué importa

La mención directa a la Unión Patriótica —partido que padeció un exterminio político durante las décadas de 1980 y 1990— vuelve particularmente grave esta intimidación: alude a un pasado de violencia política que dejó miles de víctimas en Colombia y añade un componente simbólico y de alto impacto emocional a la amenaza. Expertos en derechos humanos advierten que amenazas públicas de este tipo requieren investigación pronta y medidas de protección efectivas para evitar escaladas.

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En el documento, dirigido al magistrado Misael Fernando Rodríguez Castellanos, López asegura que fue objeto de un intento de soborno por 10 mil millones de pesos para modificar su testimonio. Según indicó, ya hay personas judicializadas y capturadas que aceptaron su responsabilidad y negocian con la Fiscalía.

El exfuncionario también denunció amenazas contra él y su entorno. Entre los hechos relatados mencionó que diez hombres armados intentaron ingresar a la residencia de su abogado y que fue sustraída una caja de seguridad con documentos relevantes.

Uno de los apartes más delicados de la carta se refiere a una alocución presidencial, en la que López asegura que el mandatario lo calificó como “traidor de la izquierda”, expresión que, según él, lo expone a un grave riesgo por su pasado en el movimiento M-19, donde esa calificación equivalía a una condena de muerte. López considera que esa declaración, sumada a los comentarios de otros altos funcionarios en redes sociales, agrava la amenaza contra su vida y afecta la independencia judicial.

En su misiva, el exdirector de la UNGRD aclara que se encuentra en buen estado de salud, rechaza cualquier insinuación de que pudiera atentar contra su vida y afirma que ha fortalecido su fe y su deseo de seguir vivo para aportar a la justicia.

Sobre su situación jurídica, recordó que firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía, avalado por un juez, pero aún pendiente de aprobación definitiva por el Tribunal de Bogotá. Por esa razón, anunció que se abstendrá de rendir declaración en el radicado 01131 hasta que el trámite sea resuelto.

López reiteró su compromiso de colaborar plenamente con las autoridades, asegurando que su intención es contribuir al esclarecimiento del escándalo de corrupción en la UNGRD, uno de los casos más graves de los últimos años, que involucra contratos direccionados y desvío de recursos públicos.

Foto: Colprensa

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Según informó RTVC, la acción legal incluirá seis delitos que, de acuerdo con Morris, comprometen la integridad de los trabajadores de la entidad. Los señalamientos se originan en una publicación realizada por el concejal el pasado 8 de junio, durante la transmisión del Concierto de la Esperanza en Medellín.

En su cuenta de X (antes Twitter), Rodríguez escribió:

“Los asesinos patrocinados por Señal Colombia celebran el atentado hecho en contra de Miguel Uribe Turbay. Estamos en guerra y cada uno de estos es un asesino en potencia. Malditos.”

RTVC precisó que el video citado por el concejal mostraba, en realidad, un mensaje del gerente Holman Morris en el que expresaba su solidaridad con el senador Miguel Uribe y su familia, y rechazaba de manera enfática la violencia.

“Jóvenes, desde aquí en este día vamos a enviar fuerza, fuerza a Miguel Uribe. Vamos a enviar toda la mejor energía a Miguel Uribe y a su familia. La violencia no pasará en Colombia”, dijo Morris en la grabación.

Antecedentes y advertencia

El gerente de RTVC afirmó que las declaraciones del concejal se suman a “una cadena de hostigamientos” contra su persona y la entidad, y responsabilizó a Rodríguez de cualquier situación que pueda afectar la seguridad de funcionarios y periodistas del sistema de medios públicos.

La entidad también hizo un llamado a la sociedad para rechazar las intimidaciones y amenazas que, según señalaron, se han vuelto recurrentes y que ponen en riesgo la labor de sus colaboradores.

“Vamos a defender el sistema de medios públicos”, concluyó Morris.

Fuente: RTVC

Foto cortesía: Concejo de Medellín

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“Pasan los días y no hay respuestas del Alcalde de Medellín Federico Gutiérrez Zuluaga frente a estas gravísimas acusaciones. El silencio del Concejo de la ciudad, los entes de control locales, los grandes medios y las agremiaciones empresariales es escalofriante”, escribió Corredor desde su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Pasan los días y no hay respuestas del Alcalde de Medellín @FicoGutierrez frente a estas gravísimas acusaciones. El silencio del Concejo de la ciudad, los entes de control locales, los grandes medios y las agremiaciones empresariales es escalofriante. pic.twitter.com/nKbzNNgaV5

— Albert Corredor (@AlbertCorredor) July 7, 2025

El mensaje fue publicado en acompañamiento de la denuncia hecha por la Mesa de Paz Urbana, la cual negó rotundamente haber amenazado al alcalde y lo acusó de usar el proceso de paz urbana con fines políticos. La polémica se desató tras la afirmación de Gutiérrez, quien denunció que el evento liderado por el presidente Gustavo Petro en Medellín:

“Petro nos puso la lápida. Sacó de la cárcel a los peores criminales para subirlos en una tarima. Él está del lado de los victimarios, no de las víctimas. Esto es una amenaza directa, así lo recibo”, declaró el alcalde.

No obstante, varios de los voceros de los grupos criminales presentes en el proceso de paz urbana, como alias Pesebre y alias Douglas, desmintieron cualquier amenaza contra Gutiérrez. Además, alias Douglas, cabecilla de La Terraza y La Oficina, aseguró que en el pasado trabajó en coordinación con el entonces alcalde para mantener control del crimen en la ciudad y favorecer su administración:

“Nos reunimos con él para ayudarle a conseguir votos y mantener la seguridad. En ese entonces no se sentía amenazado, pero ahora dice que sí lo está”, dijo Douglas, quien además señaló que la ruptura se dio tras la captura de Gustavo Villegas, exsecretario de Seguridad del primer gobierno de Gutiérrez.

En ese contexto, Albert Corredor —quien renunció al Centro Democrático— insistió en la necesidad de que el alcalde aclare públicamente los señalamientos sobre presuntos vínculos con estructuras criminales.

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