Según informó Torres, durante su periodo como representante destinó el 100 % de su salario a la adecuación y dotación del espacio educativo, que ahora beneficiará a 712 estudiantes de primaria y bachillerato.

El Centro de Innovación Tecnológica Orika cuenta con computadores, mesas y sillas para el trabajo académico, además de recursos audiovisuales. El proyecto también incluyó intervenciones en la infraestructura del lugar, entre ellas la renovación del techo y del sistema eléctrico y de cableado necesario para el funcionamiento de los equipos.

“Hemos entregado el Centro de Innovación Tecnológica Orika, en San Basilio de Palenque, dotado, acondicionado y listo para que los niños y niñas del primer pueblo libre de América tengan libertad tecnológica”, señaló Torres durante la entrega.

La rectora de la institución, Meyra González Torres, destacó que el nuevo espacio permitirá ampliar el acceso de los estudiantes a herramientas tecnológicas.

“Esta es una donación para mejorar su parte académica; que nuestros alumnos puedan conectarse con el mundo entero. Somos hoy pioneros en tener esta sala de informática”, afirmó.

El centro fue denominado Orika, en referencia a una figura relacionada con la historia y la identidad de San Basilio de Palenque. De acuerdo con la iniciativa, el nombre busca relacionar el acceso a nuevas tecnologías con el legado histórico y cultural de la comunidad palenquera.

Para los estudiantes, la adecuación representa también un cambio en las condiciones para desarrollar sus actividades académicas. Glena María Ríos Muñoz, estudiante y personera de la institución, señaló que ahora contarán con una mayor disponibilidad de equipos.

“Para nosotros es gratificante, es emocionante, porque vamos a poder tener más disposición de equipos tecnológicos. Vamos a trabajar más cómodos y ya no bajo presión”, manifestó.

Torres también resaltó el vínculo personal con la institución educativa y con San Basilio de Palenque. “Esta institución y mi pueblo querido San Basilio de Palenque están en mi corazón”, expresó.

El exrepresentante es además fundador, presidente y representante legal del Partido Demócrata Colombiano, organización política de origen palenquero. Su trayectoria política estuvo ligada a la representación de las comunidades afrodescendientes en el Congreso de la República.

La jornada de entrega concluyó con una muestra cultural en la que participaron estudiantes, docentes, directivos y miembros de la comunidad, con actividades relacionadas con las tradiciones y el patrimonio cultural de San Basilio de Palenque.

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La Fiscalía General de la Nación avanza en una investigación por una serie de hurtos a pasajeros de taxi registrados en Cartagena, Bolívar, entre abril de 2024 y enero de 2026.

De acuerdo con la investigación, seis personas habrían sido víctimas de un mismo modus operandi. Los pasajeros abordaban los vehículos y, durante el recorrido, presuntamente eran expuestos a sustancias tóxicas que les provocaban náuseas, mareos y pérdida de voluntad.

Posteriormente, según el ente investigador, algunos de los afectados eran trasladados hacia zonas solitarias, donde habrían sido intimidados con armas cortopunzantes para despojarlos de dinero y otros objetos de valor.

Dos capturados por los hechos

Las autoridades identificaron como presuntos responsables a Luis Alberto Vargas Torregrosa y Kauli Enrique Romero Ruíz, conocido con el alias de ‘Moncho’, quienes serían los conductores de los taxis involucrados en los casos investigados.

La Fiscalía indicó que cuenta con testimonios, reconocimientos fotográficos, análisis de cámaras de seguridad y otros elementos de investigación que permitirían establecer la posible participación de los procesados en los hechos.

Las capturas fueron realizadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y unidades de la Policía Nacional en diferentes sectores de Cartagena, en cumplimiento de órdenes judiciales.

Dos víctimas fueron agredidas físicamente

Según la investigación, además del hurto, dos de las seis víctimas habrían sido agredidas físicamente durante los hechos. Una de ellas sufrió fracturas en uno de sus brazos.

Una fiscal de la Seccional Bolívar imputó a los capturados los delitos de hurto calificado agravado y lesiones personales.

Los procesados no aceptaron los cargos y un juez les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras continúa el proceso penal.

La Fiscalía recordó que los investigados mantienen su condición de presuntos responsables y que será la justicia la encargada de determinar su responsabilidad penal en los hechos.

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La obra hace parte del Proyecto de Protección Costera de Cartagena (PPCC), una iniciativa que contempla diferentes intervenciones a lo largo del litoral de la ciudad.

Con las obras ejecutadas, Playa 2 pasó a contar con 360 metros de longitud y más de 50 metros de ancho, luego de incorporar aproximadamente 30 metros adicionales a su franja de playa.

De acuerdo con la UNGRD, la ampliación permite disponer de un espacio costero más amplio y contribuye a mejorar las condiciones de protección frente a los procesos de erosión que afectan al litoral cartagenero.

La intervención también tiene un impacto sobre las actividades económicas que se desarrollan en este sector turístico.

Según la entidad, más de 340 actores de playa desarrollan sus actividades en la zona, entre ellos carperos, quiosqueros, masajistas, guías y vendedores.

La ampliación del espacio busca generar mejores condiciones para el desarrollo de estas actividades, al tiempo que fortalece las condiciones para visitantes y turistas que frecuentan Bocagrande.

Este sector es uno de los puntos con mayor actividad turística y comercial asociada a las playas de Cartagena.

El Proyecto de Protección Costera de Cartagena contempla diferentes obras destinadas a reducir las condiciones de riesgo asociadas a la erosión y fortalecer la protección del frente costero de la ciudad.

La iniciativa cuenta con una inversión total de $245.443 millones. De ese monto, la UNGRD aporta $151.238 millones, equivalentes al 62 % de los recursos destinados al proyecto.

De acuerdo con el balance entregado por la entidad, la Fase I registra un avance físico del 93 % y concentra intervenciones en diferentes sectores estratégicos del litoral cartagenero.

Cuatro playas han sido intervenidas en Cartagena

Con la entrega de Playa 2, ya son cuatro las playas intervenidas por la UNGRD en Cartagena como parte del proyecto.

Las obras corresponden a:

• Playas 4 y 5.
• Playa 3.
• Playa 2.

Según la UNGRD, las intervenciones contempladas dentro del proyecto benefician a cerca de un millón de personas, entre habitantes de Cartagena, trabajadores vinculados a las actividades de playa y turistas.

La entrega de Playa 2 representa así un nuevo avance dentro de las obras previstas para fortalecer la protección del litoral y mejorar las condiciones de uso de uno de los principales espacios turísticos de Cartagena.

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De acuerdo con la entidad, durante estas jornadas se tramitaron 28.257 solicitudes ciudadanas y se brindó orientación personalizada a 12.350 personas. Además, 19 municipios recibieron asistencia técnica para fortalecer la implementación de la política pública de víctimas, lo que permitió que 21 entidades territoriales fueran certificadas por el cumplimiento de sus responsabilidades en esta materia.

En materia de atención humanitaria, la Unidad informó que 1.430 personas fueron beneficiadas con cuatro proyectos de prevención urgente desarrollados en igual número de municipios del Magdalena Medio, con una inversión superior a 618 millones de pesos.

Asimismo, 5.459 hogares de ocho municipios recibieron ayuda humanitaria inmediata en especie por un valor cercano a 4.393 millones de pesos, mientras que 9.919 hogares accedieron a medidas de emergencia y transición mediante 14.488 giros, que representaron una inversión superior a 8.517 millones de pesos.

En cuanto a la reparación individual, la entidad destacó la entrega de indemnizaciones administrativas a 2.639 víctimas del conflicto armado, con recursos que superan los 124.872 millones de pesos. De manera complementaria, 1.536 personas recibieron acompañamiento psicosocial especializado y otras 662 participaron en actos simbólicos, conmemoraciones y procesos de memoria.

La directora general (e) de la Unidad para las Víctimas, Alix Aguilar, señaló que el balance busca mostrar los avances alcanzados en la región y fortalecer el trabajo conjunto con las Mesas de Participación Efectiva de Víctimas.

«Nuestro mensaje para las víctimas siempre será de esperanza, solidaridad y dignidad frente a los hechos que han tenido que vivir, pero también de valentía para seguir adelante y continuar construyendo proyectos de vida», afirmó la funcionaria.

La entidad también informó que, desde 2023, 1.598 víctimas acreditadas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) han sido incorporadas a la ruta especial de inclusión. De ese total, 938 corresponden a 2025, de las cuales 276 pertenecen al Magdalena Medio.

En materia de justicia restaurativa, la Unidad acompañó 4.896 audiencias de Justicia y Paz, apoyó la inclusión de 276 personas en el Registro Único de Víctimas y gestionó el ingreso de otras 165 en el marco del Macrocaso 008 de la JEP. Además, 41 víctimas recibieron atención psicosocial y más de 500 ciudadanos participaron en espacios de acompañamiento durante audiencias realizadas en Barrancabermeja.

La entidad también reportó avances en los Planes Integrales de Reparación Colectiva de comunidades como Simití, Norosí, Ciénaga del Opón y Cerro de Burgos, además de organizaciones defensoras de derechos humanos, y continúa acompañando procesos de retorno y reubicación en municipios priorizados como San Pablo, González y Puerto Wilches.

El alcalde de San Pablo, Jair Acevedo Cadavía, destacó el impacto de las indemnizaciones en la economía regional y aseguró que estos resultados reflejan el fortalecimiento de la atención a las víctimas del conflicto armado.

Para el segundo semestre de 2026, la Unidad para las Víctimas anunció que priorizará la implementación de nuevos planes de reparación colectiva, el fortalecimiento de las mesas de participación efectiva y el seguimiento a los compromisos adquiridos con las comunidades de la región.

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La campaña estará disponible para compras realizadas hasta el próximo 13 de junio de 2026 y busca incentivar el turismo hacia uno de los destinos históricos más representativos del país, reconocido por su arquitectura colonial y por haber sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Ubicado a orillas del río Magdalena, Mompox se ha consolidado como uno de los principales atractivos turísticos de Colombia gracias a su riqueza cultural, tradiciones centenarias y su importancia en la historia nacional.

De acuerdo con SATENA, la promoción aplica para vuelos específicos entre Medellín y Mompox. En la ruta Mompox–Medellín, las tarifas promocionales estarán disponibles para los vuelos programados los días 9 y 10 de junio, mientras que en el trayecto Medellín–Mompox aplicarán para los vuelos del 13 de junio, sujetos a disponibilidad de cupos.

La aerolínea destacó que esta iniciativa busca fortalecer la conectividad regional y facilitar el acceso de más colombianos a destinos que hacen parte del patrimonio cultural del país.

«Mompox es un destino que reúne historia, cultura, tradición y belleza arquitectónica. Con esta promoción buscamos seguir acercando a más colombianos a los territorios que hacen parte de nuestra identidad y fortalecer la conectividad regional a través de tarifas accesibles», señaló el presidente de SATENA, Mayor General Óscar Zuluaga Castaño.

La ruta es operada en aeronaves ATR 42 con capacidad para 48 pasajeros, permitiendo una conexión directa entre Medellín y este municipio del departamento de Bolívar, considerado uno de los tesoros coloniales mejor conservados de América Latina.

Los interesados en acceder a la promoción pueden consultar horarios, disponibilidad y condiciones de viaje a través de los canales oficiales de SATENA y sus puntos de venta autorizados.

Con este tipo de iniciativas, la aerolínea busca impulsar el turismo nacional, fortalecer la conectividad entre regiones y promover el desarrollo económico de destinos con alto valor histórico y cultural.

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La información fue dada a conocer durante una jornada de verificación técnica liderada por la directora del DNP, Natalia Irene Molina Posso, en la que se revisó el estado de diferentes proyectos ejecutados con recursos de regalías en el departamento.

Según explicó la entidad, desde 2024 se fortalecieron las estrategias de control y seguimiento a las inversiones financiadas con regalías, priorizando proyectos de alto impacto que han sido objeto de alertas ciudadanas, denuncias o presentan riesgos en su ejecución.

Como parte de estas acciones, el DNP ha realizado 195 visitas técnicas a 166 proyectos en Bolívar, cuya inversión total supera los $1,5 billones.

Hallan proyectos abandonados y obras sin funcionamiento

Durante las inspecciones, los equipos de seguimiento identificaron seis proyectos abandonados, uno con suspensión prolongada y otro que, aunque figura como terminado en los sistemas de reporte oficial, no cuenta con las condiciones necesarias para entrar en funcionamiento.

Los hallazgos encendieron las alertas sobre la ejecución de recursos públicos destinados a obras de infraestructura, desarrollo regional y mitigación de problemáticas ambientales en distintas zonas del departamento.

Investigación sobre obra de protección costera en Cartagena

Uno de los proyectos revisados corresponde a las obras de prevención y mitigación de la erosión costera en el sector de El Cabrero, sobre la avenida Santander de Cartagena.

La iniciativa fue aprobada en 2019 con recursos superiores a $21.500 millones provenientes del Sistema General de Regalías y tenía como objetivo reducir el deterioro del litoral y enfrentar los efectos del cambio climático en una de las zonas más vulnerables de la capital bolivarense.

De acuerdo con el DNP, las labores de seguimiento permitieron identificar hallazgos que derivaron en la apertura de investigaciones por parte de los organismos de control, procesos que continúan en etapas fiscales y disciplinarias.

Seguimiento conjunto con organismos de control

Las verificaciones hacen parte de una mesa de trabajo articulada entre el DNP, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de vigilancia sobre la inversión de los recursos de regalías y prevenir posibles irregularidades.

La estrategia busca garantizar que los recursos provenientes de las regalías lleguen efectivamente a los territorios y se traduzcan en obras y proyectos que beneficien a las comunidades.

Desde Planeación Nacional señalaron que continuarán las labores de seguimiento, evaluación y control para asegurar la correcta ejecución de los recursos públicos y evitar afectaciones al desarrollo regional.

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Durante las visitas, equipos técnicos verificaron tiempos de entrega, condiciones de atención y reportes relacionados con fórmulas incompletas y demoras en la dispensación de medicamentos, especialmente en el punto de Audifarma Santa Lucía, operador que atiende a miles de afiliados de la EPS Mutual Ser en la capital bolivarense.

De acuerdo con la entidad, una de las principales quejas de los usuarios está relacionada con la necesidad de regresar varias veces para reclamar medicamentos pendientes, además de enfrentar extensos tiempos de espera y dificultades en la atención.

La situación impacta especialmente a adultos mayores, pacientes con enfermedades crónicas y personas que requieren tratamientos permanentes.

“El problema no puede seguir normalizándose. Hay pacientes esperando medicamentos esenciales y familias desgastadas por trámites y demoras constantes”, advirtió el superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero Calle, durante los recorridos realizados en Cartagena.

Operativos continuarán en distintas regiones del país

La Superintendencia indicó que estos operativos hacen parte del denominado #Plan100, una estrategia con la que se busca verificar el cumplimiento en la entrega de medicamentos y detectar posibles irregularidades en operadores farmacéuticos y EPS.

Según la entidad, las inspecciones continuarán desarrollándose en diferentes ciudades del país y podrían derivar en acciones administrativas si persisten incumplimientos en la atención a los usuarios.

Las autoridades reiteraron el llamado a las entidades responsables para garantizar una entrega oportuna de medicamentos y mejorar las condiciones de atención en los puntos de dispensación.

Persisten quejas por acceso a tratamientos

El acceso a medicamentos continúa siendo una de las principales quejas de usuarios del sistema de salud en distintas regiones del país, especialmente por retrasos en autorizaciones, fórmulas incompletas y barreras administrativas.

En Cartagena, usuarios consultados durante las jornadas de inspección manifestaron preocupación por las largas esperas y las dificultades para acceder a tratamientos esenciales.

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El plan, estructurado de manera anticipada, busca garantizar una respuesta organizada, eficiente y oportuna una vez estén disponibles los recursos, previstos para abril. Las mesas técnicas integraron a los sectores de transporte, vivienda, educación, agricultura, ambiente, minas y energía, además del Programa de Alimentación Escolar.

Inversión y ejecución de recursos

El Gobierno nacional destinó 8,7 billones de pesos para la recuperación temprana. De este total, 6,3 billones serán canalizados a través de la UNGRD, en su rol como coordinadora del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD). La entidad no ejecutará directamente los recursos, sino que los transferirá a cada sector para su implementación en los territorios.

Acciones por sectores

En materia de transporte, se priorizará la rehabilitación de vías, puentes e infraestructura fluvial, especialmente en zonas aisladas. El sector de minas y energía adelantará la recuperación de redes eléctricas afectadas.

En vivienda, el plan contempla la construcción de nuevas soluciones habitacionales, subsidios de arriendo y mejoramientos de infraestructura. Por su parte, el sector ambiente ejecutará la restauración de ecosistemas estratégicos y pondrá en marcha el Centro Regional de Monitoreo, Pronóstico y Alertas del Valle del Sinú.

En el sector rural, agricultura implementará alivios financieros y medidas para la reactivación productiva. En educación, se priorizará la recuperación de infraestructura escolar y la entrega de dotaciones, mientras que el Programa de Alimentación Escolar restablecerá los comedores afectados para garantizar servicios esenciales.

Intervenciones en marcha

Sin esperar la llegada de los recursos, la UNGRD ya ejecuta acciones en territorio. En Córdoba, la entidad ha dispuesto 15.000 horas de maquinaria amarilla y 1.000 horas de volquetas para rehabilitar vías y limpiar canales.

Además, mantiene activas 10 motobombas con capacidad de bombeo de hasta 62.000 metros cúbicos por hora, con el fin de reducir los niveles de inundación.

En cuanto a atención humanitaria, se han distribuido más de un millón de litros de agua potable mediante nueve carrotanques y se han intervenido 10 kilómetros de vías en barrios afectados de Montería.

En el municipio de Tierralta, la entidad brinda asistencia técnica para la adecuación de alojamientos temporales en sectores como Cerro de las Tetas, Cerro El Toro, Nuevo Tay, Santana y Villa Providencia, además de evaluar nuevas construcciones con apoyo de organizaciones humanitarias.

Conectividad y levantamiento de información

Tres puentes ya fueron asignados para restablecer la conectividad: uno reconectará Magdalena con La Guajira, mientras que dos serán instalados en Antioquia, uno de ellos clave para restablecer la conexión vial con Córdoba.

De manera paralela, comisiones técnicas trabajan en campo junto a alcaldes y comunidades para levantar información que será incorporada directamente en la ejecución del plan.

La coordinación entre la UNGRD y los distintos sectores define las prioridades de intervención y permitirá que los recursos lleguen a las zonas más afectadas de manera organizada. El siguiente paso será la asignación efectiva de los recursos y el inicio de las obras en los ocho departamentos impactados.

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De acuerdo con información oficial, el canino fue entregado por el propio hombre que aparece en el video y trasladado a la Clínica Veterinaria de la Universidad Remington, donde se encuentra bajo observación médica. El examen forense realizado por especialistas confirmó que el animal entregado corresponde al mismo que fue golpeado en el video.

El perro presenta una incapacidad veterinaria de 15 días por las lesiones sufridas y permanece en custodia de la universidad hasta que la Fiscalía General de la Nación determine su destino. Según las autoridades, una vez recupere su salud, el canino será dado en adopción.

El caso es el primero en el país en el que se aplica una prueba pericial veterinaria bajo la nueva Ley Ángel (Ley 2455 de 2025), que endurece las sanciones por maltrato animal. La Fiscalía continúa recopilando pruebas para definir los delitos que se imputarán al presunto agresor.

Por ahora, el hombre permanece en libertad mientras se adelanta el proceso judicial.

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De acuerdo con la investigación, nombres y registros de mineros artesanales fueron utilizados fraudulentamente para soportar transacciones y justificar la comercialización del mineral en diferentes establecimientos de Antioquia, Caldas, Chocó y Bolívar.

Cooperativas fachada para lavar activos

El entramado operaba a través de dos cooperativas que fueron constituidas con patrimonios base de apenas 17 y 100 millones de pesos, respectivamente. Sin embargo, los análisis financieros establecieron que estas organizaciones llegaron a reportar ingresos superiores a 5.834 millones y 3.274 millones de pesos, cifras que no tenían respaldo contable ni justificación económica.

Las entidades compartían sedes, revisores fiscales y directivos, lo que confirmó la existencia de una estructura coordinada para blanquear recursos obtenidos del oro ilegal.

Bienes afectados

La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 35 bienes, entre los que se encuentran establecimientos de comercio, vehículos y material aurífero incautado.

El valor total de los bienes supera los 12.000 millones de pesos. Las diligencias fueron adelantadas con apoyo de la Policía Nacional en Medellín, Cañasgordas, Remedios, Vegachí y Santa Fe de Antioquia (Antioquia); Marmato (Caldas); Tadó (Chocó); y Barranco de Loba (Bolívar).

Con esta operación, la Fiscalía busca golpear las estructuras financieras que se benefician de la minería ilegal y que afectan tanto al medio ambiente como a las comunidades de estas regiones.

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