En el documento, firmado por 16 representantes a la Cámara, los congresistas expresan su “respaldo respetuoso y convencido” a la postulación de Córdoba como candidato presidencial del Partido Conservador Colombiano, a quien consideran portador de los valores doctrinarios del partido y de una visión afín a su discurso de Estado Social de Derecho, lucha contra la desigualdad, combate a la corrupción y eficiencia en la gestión pública.

La carta solicita expresamente que el Directorio Nacional otorgue el aval institucional a Córdoba como candidato oficial del Partido Conservador a la Presidencia de la República, argumentando que su perfil técnico, su experiencia en el servicio público y su estilo “dialogante, moderno y conciliador” lo ubican como un liderazgo capaz de unificar las diferentes corrientes internas del conservatismo.

El documento insiste en que la colectividad atraviesa un “momento crucial” y que su permanencia en la vida pública exige un candidato “serio, coherente y responsable” con los principios históricos del partido.

Fuentes de la colectividad confirmaron que Carlos Felipe Córdoba se inscribirá como aspirante presidencial este 10 de diciembre, paso que formalizará su entrada a la contienda y pondrá presión al Directorio Nacional para decidir si lo avala como candidato único.

La misiva revela que el respaldo a Córdoba no surgió de forma improvisada, sino que fue oficializado desde noviembre, antes de que se hiciera público el movimiento interno. Es decir: la bancada ya había tomado una decisión política antes de que la disputa por la candidatura escalara a la opinión pública.

La inscripción del excontralor obligará al Directorio Nacional a pronunciarse y acelerará las definiciones internas, en un momento clave para la reconfiguración del espectro político de cara a 2026.

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«Rechazamos de manera contundente, la estigmatización a las mujeres que integran la lista para aspirar a la Contraloría General de la República, donde se desconocen las capacidades y méritos propios y se maltrata a la mujer con ataques personales», se leyó en la misiva.

«Tal es el caso de lo que viene sucediendo con la candidata Rangel, a quien se le han desconocido sus capacidades y ejecutorias profesionales luego de que los partidos antes mencionados acordáramos apoyarla, desconociendo que al interior de los equipos a los cuales ha pertenecido», agregó el comunicado.

Rangel, quien cuenta con el apoyo de partidos como el Liberal, la U, Cambio Radical y Conservador, además de los 16 miembros de la bancada de la paz, es la principal opcionada para ser elegida este jueves por el Congreso, en reemplazo de Carlos Felipe Córdoba.

Sin embargo, ha sido objeto de fuertes cuestionamientos por algunos medios de comunicación y en las redes sociales, lo que generó este duro pronunciamiento contra estás prácticas que buscan -según las firmantes – demeritar su experiencia e idoneidad en el cargo.

«Las mujeres congresistas no estamos dispuestas a permitir ni aceptar que se continúe mancillando y difamando el nombre de una mujer que garantiza nuestros derechos y que, en nombre suyo, se ponga en tela de juicio nuestro nombre y el de todas las que tomamos la decisión de servir desde la vida pública», se precisó en el escrito.

Rangel hace parte de la lista de 10 aspirantes que fue confeccionada por la comisión accidental del Senado y la Cámara, con miras a la elección del nuevo contralor para el periodo 2022 – 2026.

«Es reconocida como una mujer trabajadora, eficiente, ejecutora, leal y quien en su desempeño en la Contraloría ha logrado gestionar la estructuración de proyectos tales como la modernización de la infraestructura tecnológica de la Entidad, logrando poner a funcionar e implementar la conectividad de las bases de datos de control fiscal de Bogotá con el resto del país», señalaron las firmantes.

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La exfuncionaria, quien es una de las 26 imputadas en este proceso, sobre el cual ya hay un fallo de primera instancia que conmina a los presuntos responsables al pago dev 4,3 billones de pesos, había radicado en octubre pasado esta solicitud. Con ello buscaba que se eligiera un contralor ‘ad hoc’ para llevar a cabo esta diligencia.

El recurso fue interpuesto porque al parecer se habían negado las garantías en el proceso de responsabilidad fiscal. Según Ramos, la imparcialidad de la contraloría delegada para el caso estaba en entredicho, y basó su argumento en que  la Contraloría no tendría una mirada objetiva en este caso. Pese a ello, la recusación fue rechazada.

Rechazada recusación con la que trataron de impedir que empresarios y políticos culpables de @hidroituango respondieran. ¿Qué significa esto? Los de siempre, los culpables: ¡A pagar de su bolsillo y a no seguir haciendo política y negocios torcidos! pic.twitter.com/E4gkTqocBH

— Carlos Andrés Pérez (@carlosaperez) November 24, 2021

Según Cabello, basada en el artículo 142 del Código General del Proceso, «no serán recusables ni podrán declararse impedidos los magistrados o jueces a quienes corresponde conocer de la recusación, ni los que deben dirimir los conflictos de la competencia, ni los funcionarios comisionados».

Ramos Villa fue exsecretaria de Planeación de Antioquia durante el periodo 2012 – 2015,  cuando Fajardo dirigió los destinos de los antioqueños. La decisión  Procuradora, se reactivan los términos del proceso por responsabilidad fiscal, en el que está pendiente el fallo en segunda instancia por parte de la Contraloría.

No obstante, tras esta negativa, se conoció una nueva solicitud de recusación, en esta ocasión presentada por el propio Fajardo, contra el contralor general Carlos Felipe Córdoba. Según expertos juristas, lo que estaría buscando el candidato presidencial es llevar a cabo una nueva maniobra dilatoria para el fallo definitivo en este tortuoso proceso.

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