La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, declaró improcedente la recusación interpuesta por María Eugenia Ramos, exfuncionaria de la administración del exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, contra su entidad y la Contraloría General de la República, en el marco del caso de responsabilidad fiscal del proyecto Hidroituango.

La exfuncionaria, quien es una de las 26 imputadas en este proceso, sobre el cual ya hay un fallo de primera instancia que conmina a los presuntos responsables al pago dev 4,3 billones de pesos, había radicado en octubre pasado esta solicitud. Con ello buscaba que se eligiera un contralor ‘ad hoc’ para llevar a cabo esta diligencia.

El recurso fue interpuesto porque al parecer se habían negado las garantías en el proceso de responsabilidad fiscal. Según Ramos, la imparcialidad de la contraloría delegada para el caso estaba en entredicho, y basó su argumento en que  la Contraloría no tendría una mirada objetiva en este caso. Pese a ello, la recusación fue rechazada.

Según Cabello, basada en el artículo 142 del Código General del Proceso, «no serán recusables ni podrán declararse impedidos los magistrados o jueces a quienes corresponde conocer de la recusación, ni los que deben dirimir los conflictos de la competencia, ni los funcionarios comisionados».

Ramos Villa fue exsecretaria de Planeación de Antioquia durante el periodo 2012 – 2015,  cuando Fajardo dirigió los destinos de los antioqueños. La decisión  Procuradora, se reactivan los términos del proceso por responsabilidad fiscal, en el que está pendiente el fallo en segunda instancia por parte de la Contraloría.

No obstante, tras esta negativa, se conoció una nueva solicitud de recusación, en esta ocasión presentada por el propio Fajardo, contra el contralor general Carlos Felipe Córdoba. Según expertos juristas, lo que estaría buscando el candidato presidencial es llevar a cabo una nueva maniobra dilatoria para el fallo definitivo en este tortuoso proceso.