Por esta razón, la Subdirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) adelanta y acompaña procesos orientados al reconocimiento, protección y formalización de los territorios de comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

La dependencia, bajo la dirección de Lina María Garrido, trabaja con las comunidades y sus autoridades para avanzar en diferentes procedimientos relacionados con la propiedad y el uso de la tierra.

Procesos para comunidades indígenas

En el caso de los pueblos indígenas, la ANT desarrolla procesos para constituir, ampliar, sanear, clarificar y reestructurar resguardos, territorios reconocidos para garantizar el desarrollo de su vida colectiva y cultural.

Estos procedimientos parten del diálogo con las comunidades y del reconocimiento de sus autoridades y dinámicas territoriales.

Titulación colectiva para comunidades negras

Para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, la Agencia adelanta procesos de titulación colectiva, mediante los cuales se busca reconocer legalmente territorios que han sido ocupados y construidos históricamente por estas poblaciones.

La entidad también trabaja en la formalización de predios que adquiere con el propósito de contribuir a garantizar la permanencia y el desarrollo físico y cultural de estas comunidades.

El reconocimiento de la ocupación ancestral

Los procesos de la ANT también contemplan situaciones relacionadas con la ocupación tradicional de los territorios.

Cuando una comunidad étnica demuestra que ha ocupado ancestralmente un determinado espacio, la Agencia puede adelantar acciones encaminadas a proteger esa ocupación y avanzar en su reconocimiento.

Además, se realizan revisiones de antiguos títulos de propiedad, incluidos algunos provenientes de la época colonial o de los primeros años de la República, con el objetivo de establecer su situación jurídica y determinar las actuaciones necesarias para definir el territorio.

Estudios para definir la situación de los territorios

La Subdirección de Asuntos Étnicos también realiza estudios sobre las condiciones de las tierras, verifica el cumplimiento de su función social y adelanta procedimientos para establecer con mayor precisión los límites y la situación jurídica de los territorios étnicos.

El propósito de estos procesos va más allá de la entrega de un documento. La formalización busca brindar mayor claridad jurídica sobre territorios vinculados a la historia de las comunidades y contribuir a su permanencia y desarrollo cultural.

De esta manera, la Agencia Nacional de Tierras acompaña procesos que buscan garantizar que las comunidades étnicas puedan contar con mayor seguridad jurídica sobre territorios relacionados con sus formas de vida, tradiciones y prácticas culturales.

Detrás de cada trámite existe una historia y la expectativa de comunidades que buscan que el territorio habitado por sus generaciones anteriores también pueda ser reconocido y protegido para las futuras generaciones.

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El diplomado de consulta previa “Consulta Previa: Marco Jurídico, Gobernanza y Nuevos Escenarios de Aplicación” certificó a más de 4.500 participantes, en una iniciativa del Ministerio del Interior con el Instituto de Investigación e Intervención para la Paz de la Universidad del Valle. La formación fue gratuita y se ofreció a nivel nacional bajo modalidad virtual y autónoma.

Certificación nacional con apoyo académico de la Universidad del Valle

La certificación fue entregada por la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, como parte de sus estrategias de fortalecimiento territorial. El programa se desarrolló mediante un convenio con el Instituto de Investigación e Intervención para la Paz de la Universidad del Valle.

De acuerdo con la información oficial, el proceso formativo se extendió por tres meses y sumó 120 horas de aprendizaje. La modalidad fue virtual y autónoma, con alcance en todo el territorio nacional.

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A quién estuvo dirigido el diplomado de consulta previa y qué temas abordó

La convocatoria incluyó a líderes y lideresas de comunidades indígenas, negras, afrodescendientes, raizales, palenqueras y del pueblo Rrom. También participaron servidores públicos y ciudadanos interesados en fortalecer conocimientos sobre el derecho fundamental a la consulta previa.

El contenido apuntó a reforzar capacidades técnicas y jurídicas para usar la consulta previa como herramienta de protección territorial y de participación. Entre los temas, el diplomado trabajó el Convenio 169 de la OIT, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el diálogo intercultural y la participación ciudadana.

El programa incorporó, además, el reconocimiento de particularidades territoriales y sociales en regiones como La Guajira, Amazonas, Chocó, Cauca y San Andrés, entre otras, según el Ministerio.

Balance de formación y voces de los territorios en el cierre

Durante el acto de graduación, representantes de Meta, Cauca, Bogotá, Bolívar, La Guajira, San Andrés y Chocó compartieron reflexiones sobre el uso de estos aprendizajes en sus procesos organizativos y comunitarios. El cierre del diplomado fue presentado como un aporte al diálogo y a la defensa de derechos de las comunidades étnicas.

En su balance, el Ministerio del Interior señaló que, gracias al trabajo articulado con la Universidad del Valle, desde 2024 se han capacitado a más de 9.600 personas mediante diplomados y cursos de autoformación. En el Gobierno del presidente Petro, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa reportó haber formado a cerca de 27.000 personas, entre comunidades étnicas, ejecutores de proyectos y servidores públicos, en materia de consulta previa.

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Los juegos están dirigidos a la ciudadanía de los departamentos de Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño, con el propósito de fortalecer la convivencia y el encuentro entre comunidades étnicas y raizales a través del deporte.

Definición de la hoja de ruta del evento

Durante una reunión técnica se definió la hoja de ruta y el cronograma de trabajo para la organización del evento deportivo. Entre los acuerdos establecidos se encuentran las fechas para la fase departamental, etapa que permitirá seleccionar a los deportistas que participarán en la fase final de las competencias.

El director general de los juegos, Carlos Aníbal Peralta, destacó la importancia del evento para el desarrollo social de los territorios del Pacífico colombiano.

“Cuando el deporte llega a los territorios también se abren oportunidades de encuentro, diálogo y convivencia. Este evento representa una oportunidad para que nuestras comunidades se unan alrededor de la recreación, la actividad física y sus valores”, afirmó.

Disciplinas deportivas y prácticas tradicionales

Los Juegos Deportivos del Litoral Pacífico incluirán competencias en diversas disciplinas individuales, colectivas y prácticas deportivas tradicionales, entre ellas:

• Fútbol

• Baloncesto

• Fútbol sala

• Voleibol

• Voleibol playa

• Ajedrez

• Atletismo

• Dominó

• Canoaje

• Natación en aguas abiertas

• Pesca

Estas actividades buscan promover tanto el deporte competitivo como la preservación de prácticas culturales propias de las comunidades del litoral.

Participación institucional

En la instalación del comité organizador también participó el representante de los departamentos del Pacífico, Amancio Murillo, junto a funcionarios y delegados encargados de la organización del evento.

Con la conformación del comité organizador, se inicia formalmente el proceso de preparación de los X Juegos Deportivos del Litoral Pacífico, un encuentro que busca fortalecer la integración regional y promover el deporte como herramienta de desarrollo social.

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El Gobierno nacional avanza en la consolidación de la Reforma Agraria con resultados significativos en acceso a la tierra, formalización de predios y fortalecimiento del ordenamiento rural en diferentes regiones del país.

Durante su participación en La Agenda, el servicio informativo de la Presidencia de la República, el viceministro de Desarrollo Rural, José Luis Quiroga, presentó un balance del proceso, destacando que actualmente se han formalizado más de 1,5 millones de hectáreas, se han adquirido más de 448.000 hectáreas y, en total, la política ha impactado más de 2,5 millones de hectáreas en Colombia.

Áreas de Protección para la Producción de Alimentos

Uno de los avances destacados es la implementación de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), una herramienta de ordenamiento territorial que busca preservar los suelos destinados a la producción agrícola y ganadera.

Según explicó el viceministro, estas áreas ya suman 140.147 hectáreas declaradas en departamentos como La Guajira, Antioquia, Cundinamarca y Tolima.

“Las áreas de protección de producción de alimentos son una determinante del ordenamiento para proteger los suelos donde se produce la comida y donde se desarrolla la actividad agropecuaria”, señaló Quiroga.

Esta figura busca evitar la expansión urbana desordenada y otras actividades que puedan afectar los territorios productivos del sector rural.

“No se ha expropiado ni un centímetro”

El funcionario también respondió a cuestionamientos sobre posibles procesos de expropiación de tierras en el marco de la Reforma Agraria.

“En Colombia ya hemos declarado 140.147 hectáreas como áreas de protección de producción de alimentos y no se ha expropiado un centímetro de tierra”, afirmó.

De ese total, 94.174 hectáreas están ubicadas en Antioquia y 48.494 hectáreas en Tolima.

Quiroga destacó que algunas de estas áreas, como las ubicadas en el sur de La Guajira, están próximas a cumplir dos años desde su declaración y han permitido proteger territorios donde se producen alimentos como algodón, papaya, tomate, ñame y yuca, además de impulsar actividades ganaderas y ovino-caprinas.

Estrategia para mejorar la comercialización

En materia de comercialización, el viceministro explicó que el Gobierno busca reducir la intermediación entre productores y consumidores, con el fin de mejorar los ingresos del campesinado y reducir precios al consumidor.

En ese sentido, recordó que las entidades públicas tienen la obligación de comprar al menos el 30 % de sus alimentos a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.

Más zonas de reserva campesina

Otro de los avances señalados es el crecimiento en el número de Zonas de Reserva Campesina, figuras creadas para fortalecer la organización territorial y económica de las comunidades rurales.

“Actualmente tenemos 21 zonas de reserva campesina; en gobiernos anteriores o en la historia de la Ley 160 eran 7”, explicó Quiroga.

Estas zonas contribuyen al fortalecimiento de la gobernanza comunitaria, dinamizan las economías locales y facilitan la articulación de las comunidades con el Estado y otros actores del territorio.

Formalización de tierras para comunidades étnicas

El balance también incluye avances en la formalización de tierras para comunidades étnicas. Según el viceministro, se han constituido más de 100 resguardos indígenas, se han ampliado otros 80 y se han formalizado más de 1.085.000 hectáreas para estos territorios.

Estas acciones, indicó, están acompañadas de medidas para fortalecer actividades productivas como cacao, coco, pesca, café, arroz y cultivos hortofrutícolas.

Una política que debe trascender gobiernos

Finalmente, Quiroga señaló que la Reforma Agraria debe consolidarse como una política de largo plazo para el país.

“Cualquier apuesta de desarrollo rural y de reforma agraria que beneficie a nuestros campesinos, pueblos indígenas y comunidades negras debe ser una bandera que supere este gobierno”, concluyó.

Foto: César Carrión – Presidencia

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La historia de María hace parte de La Ruta del Título, una estrategia liderada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) que busca garantizar seguridad jurídica a familias campesinas y comunidades étnicas en todo el país.

La campaña contempla la entrega de 44.000 hectáreas a cerca de 5.000 familias, impactando a más de 100 municipios en 13 departamentos, como parte del proceso de formalización de la propiedad rural y ordenamiento territorial.

Según explicó la subdirectora de la ANT, Lina María Salcedo, contar con un título de propiedad no solo representa estabilidad legal, sino que también abre la puerta al acceso a créditos, inversión productiva y reducción de conflictos en la ruralidad.

“La formalización de la tierra permite mejorar la productividad, disminuir disputas y avanzar hacia un país más competitivo”, señaló la funcionaria.

Durante las jornadas más recientes, la ANT entregó cientos de títulos y predios rurales a campesinos dedicados a la agricultura, muchos de ellos ocupantes históricos de baldíos de la Nación, quienes ahora podrán trabajar con mayor tranquilidad y respaldo legal.

Uno de los beneficiarios destacó que, gracias a la titulación, ahora podrán cumplir los requisitos exigidos por entidades financieras para acceder a créditos y fortalecer sus proyectos productivos.

Estas acciones hacen parte de la política de Reforma Agraria impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Durante su administración, la ANT ha gestionado más de 700.000 hectáreas y formalizado cerca de 2 millones de hectáreas a favor de familias rurales en todo el país.

Además, el Gobierno ha avanzado en la constitución de nuevas Zonas de Reserva Campesina y en la titulación de predios destinados a escuelas, acueductos y espacios comunitarios, especialmente en territorios priorizados para la reparación de víctimas y rutas de retorno.

Con información de la Agencia Nacional de Tierras.

La entrada La Ruta del Título devuelve la esperanza a miles de familias campesinas en Colombia se publicó primero en Nación Paisa.

La operación, ejecutada entre 2023 y 2025, contó con la participación de más de 8.000 censistas, recuentistas, supervisores y equipos logísticos, quienes recorrieron más de 528.000 manzanas urbanas en todos los rincones del país, incluyendo territorios apartados como San Andrés y las 18 áreas no municipalizadas. Esta movilización permitió recoger información de millones de unidades económicas, desde pequeños negocios de barrio y vendedores informales, hasta grandes corporaciones.

En su columna titulada «Juntos es posible», Urdinola destacó la colaboración de empresas, trabajadores informales, gremios económicos, asociaciones empresariales y comunidades étnicas, que brindaron su información sobre producción, empleo, ingresos y gastos, aportando una base sin precedentes para el análisis económico. Resaltó también la participación activa de poblaciones históricamente invisibilizadas, como comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueras y Rrom.

Con la recolección de datos finalizada, el DANE inicia ahora la fase de análisis, validación y procesamiento, bajo los principios de independencia técnica, rigor estadístico y confidencialidad. Esta etapa incluirá herramientas como georreferenciación y seguimiento en tiempo real, y se desarrollará en línea con los estándares del Modelo Genérico del Proceso Estadístico de Naciones Unidas.

Se espera que los primeros resultados preliminares del Censo Económico Nacional Urbano sean publicados en el cuarto trimestre de 2025. La directora del DANE enfatizó que esta nueva base de información permitirá formular políticas públicas más efectivas y focalizadas para avanzar hacia una Colombia más equitativa y mejor informada.

«Hemos construido, entre muchos, una base inédita de información económica urbana. El mayor desafío será aprovecharla para la toma de decisiones», concluyó Urdinola en su columna publicada en La República.

Foto: Colprensa

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El acuerdo propone hacer del escenario académico un espacio de conservación, protección y reproducción de la cultura propia, con estrategias de etnoeducación y recuperación de los saberes ancestrales.

Para ello, se prevé la formulación de herramientas que favorezcan, entre otras cosas, incentivos de manutención para los estudiantes NARP e indígenas en el transcurso de sus estudios.

«Celebramos este convenio porque esperamos que todo el trabajo que vamos a desarrollar se vea reflejado en la ampliación de la oferta educativa para nuestra población NARP e indígena», señaló la gerente Étnica, Farlin Perea Rentería.

También en la implementación de estrategias de bienestar estudiantil que garanticen su permanencia, la culminación de sus programas y la mejora sustancial de sus condiciones de vida”

Se desarrollarán acciones que promuevan estrategias orientadas al bienestar e inclusión del estudiantado. Esto incluye catorce jornadas de capacitación en enfoque étnico diferencial, dirigidas a los equipos de bienestar, inclusión, al personal directivo, docente y a algunos estudiantes.

Finalmente, todas las capacitaciones concluirán con el diseño de una ruta de beneficios para la comunidad originaria y una para la población NARP matriculada.

Gracias a este acuerdo de voluntades, la Gerencia Étnica ofrecerá asesorías para incluir algunos hitos especiales de las comunidades étnicas en el calendario cultural de la institución y dará acompañamiento técnico en la creación de estrategias con enfoque diferencial que la entidad quiera formular.

«A través de este convenio estamos materializando lo que fue un sueño del Tecnológico de Antioquia desde 2016: hacer de nuestra universidad un pluriverso en el que se haga efectiva la atención y preservación de la diversidad»,  resaltó la vicerrectora del Tecnológico de Antioquia, Andrea Aguilar.

«Lo que pretendemos es que nuestros estudiantes cuenten, desde este escenario, con unas posibilidades de equidad frente a estas condiciones diferenciales, para que al fin lleguemos a tener una sociedad realmente igualitaria», agregó la funcionaria.

Para hacer seguimiento se proyectó una jornada de conclusiones y la elaboración de un documento que recoja las acciones viables por implementar a corto y largo plazo.

Esta es una apuesta por cerrar las brechas de desigualdad existentes para la comunidad étnica en el acceso y la permanencia a la educación superior. Según el Plan Municipal Afrodescendiente, solo el 6.5 % de la población étnica que vive en Medellín es universitaria.

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