La investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) suma un nuevo episodio judicial. La defensa del exsubdirector de la entidad, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, presentó una constancia constitucional ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para solicitar que se respete el derecho de su cliente a guardar silencio frente a determinados interrogatorios.

El documento fue radicado por la firma Gustavo Moreno Abogados Penalistas ante el despacho de la magistrada Cristina Lombana Velásquez, en el marco de la investigación que adelanta el alto tribunal contra la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú.

La defensa aclara el alcance de la colaboración de Pinilla

Según el memorial, Pinilla ejercerá su derecho constitucional a no autoincriminarse cuando sea interrogado sobre asuntos relacionados con su gestión en la UNGRD o sobre presuntos vínculos con congresistas y otros aforados que no hagan parte de los acuerdos de colaboración previamente suscritos con la Fiscalía General de la Nación.

La defensa sostiene que esta decisión no constituye una negativa a colaborar con la justicia ni representa un cambio en la estrategia procesal del exfuncionario.

«La colaboración que mi representado ha prestado a la administración de justicia no puede interpretarse como una renuncia general, ilimitada o irrestricta a sus garantías constitucionales», señala el documento firmado por el abogado Juan Camilo Fuentes Rueda.

En ese sentido, argumenta que cualquier asunto que esté por fuera del principio de oportunidad o de los compromisos adquiridos con la Fiscalía continúa protegido por el artículo 33 de la Constitución Política, que consagra el derecho a no declarar contra sí mismo.

La controversia por el celular entregado a las autoridades

Uno de los puntos centrales de la constancia se refiere al teléfono celular que Pinilla entregó voluntariamente durante las investigaciones.

La defensa sostiene que la información contenida en ese dispositivo fue suministrada dentro de un contexto específico de cooperación y que no puede utilizarse de manera ilimitada para abrir nuevos procesos o generar autoincriminaciones sobre hechos distintos a los ya acordados.

Asimismo, el documento cuestiona que las filtraciones de chats, audios y otros elementos del expediente a medios de comunicación no eliminan las garantías procesales del exfuncionario.

«Una filtración, aun cuando haya producido exposición mediática, no convierte la información en un objeto libre de indagación ilimitada, ni obliga al compareciente a explicar, contextualizar o autenticar mensajes que puedan generar consecuencias jurídico-penales en su contra», señala la defensa.

Las solicitudes elevadas a la Corte Suprema

En la constancia presentada ante la magistrada instructora, el equipo jurídico de Sneyder Pinilla formuló varias solicitudes para las diligencias judiciales:

• Que se reconozca plenamente el derecho de su defendido a guardar silencio sobre hechos relacionados con la UNGRD que no estén comprendidos dentro de los acuerdos de cooperación.
• Que exista una protección especial frente a preguntas derivadas del contenido del teléfono celular entregado voluntariamente.
• Que el ejercicio del derecho al silencio no sea interpretado como un indicio de responsabilidad, obstrucción de la justicia o mala conducta procesal.
• Que quede registrado expresamente en las actas cada vez que la defensa invoque el artículo 8 de la Ley 906 de 2004 durante las diligencias.

Un nuevo capítulo en el caso UNGRD

Con esta actuación, la defensa de Sneyder Pinilla busca delimitar el alcance de las declaraciones que rendirá durante el proceso y dejar constancia de que la cooperación con las autoridades no implica la renuncia a los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución.

El caso UNGRD continúa siendo uno de los procesos por presunta corrupción con mayor impacto político y judicial en Colombia, mientras avanzan las investigaciones que involucran a exfuncionarios, contratistas y congresistas.

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La magistrada deberá indagar sobre dos reuniones clave señaladas por el exdirector de la UNGRD, Olmedo López Martínez: una llevada a cabo el 4 de diciembre de 2023 en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y otra el 6 de diciembre en el Hotel Tequendama. Según López, en estas reuniones se discutió la asignación de contratos por un valor cercano a 30.000 millones de pesos.

Además, la investigación examinará la posible participación de otros miembros de la Comisión Intersectorial para la Coordinación y Planeación (CICP), como Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Manrique y Juan Diego Muñoz, en un nuevo capítulo del escándalo de corrupción que ha sacudido a la UNGRD.

Entre las pruebas presentadas destacan conversaciones de WhatsApp entre el senador Chagüi y Sneyder Pinilla, funcionario de la UNGRD, en las que se discuten detalles de un proyecto en Sahagún, valorado en 28.000 millones de pesos. Los mensajes también mencionan al entonces ministro Velasco y su participación en reuniones en el Dapre, donde presuntamente se discutieron recursos provenientes de Invías.

Aunque la Corte Suprema no encontró pruebas suficientes para vincular a Chagüi con el delito de cohecho impropio en el proceso principal que involucra a otros seis congresistas, esta nueva línea de investigación aporta evidencia que, por primera vez, conecta a un alto funcionario del gobierno con el escándalo de la UNGRD.

Los testimonios de López y Pinilla sugieren que varios funcionarios gubernamentales estaban al tanto de las reuniones en el Dapre, aunque estos lo han negado categóricamente.

#PrimiciaW | La Corte Suprema asigna a la magistrada Cristina Lombana como ponente en el proceso contra el senador por Córdoba, Julio Elías Chagüi por presunto direccionamiento de contratos en Sahagún, un caso que se desprende de la investigación por el escándalo de la UNGRD. pic.twitter.com/H1HHgS4bF6

— W Radio Colombia (@WRadioColombia) December 11, 2024

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