La defensa del exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres aseguró que su cliente continuará colaborando con la justicia, pero advirtió que no renunciará a las garantías constitucionales que lo protegen de la autoincriminación.
La investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) suma un nuevo episodio judicial. La defensa del exsubdirector de la entidad, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, presentó una constancia constitucional ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para solicitar que se respete el derecho de su cliente a guardar silencio frente a determinados interrogatorios.
El documento fue radicado por la firma Gustavo Moreno Abogados Penalistas ante el despacho de la magistrada Cristina Lombana Velásquez, en el marco de la investigación que adelanta el alto tribunal contra la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú.
La defensa aclara el alcance de la colaboración de Pinilla
Según el memorial, Pinilla ejercerá su derecho constitucional a no autoincriminarse cuando sea interrogado sobre asuntos relacionados con su gestión en la UNGRD o sobre presuntos vínculos con congresistas y otros aforados que no hagan parte de los acuerdos de colaboración previamente suscritos con la Fiscalía General de la Nación.
La defensa sostiene que esta decisión no constituye una negativa a colaborar con la justicia ni representa un cambio en la estrategia procesal del exfuncionario.
«La colaboración que mi representado ha prestado a la administración de justicia no puede interpretarse como una renuncia general, ilimitada o irrestricta a sus garantías constitucionales», señala el documento firmado por el abogado Juan Camilo Fuentes Rueda.
En ese sentido, argumenta que cualquier asunto que esté por fuera del principio de oportunidad o de los compromisos adquiridos con la Fiscalía continúa protegido por el artículo 33 de la Constitución Política, que consagra el derecho a no declarar contra sí mismo.
La controversia por el celular entregado a las autoridades
Uno de los puntos centrales de la constancia se refiere al teléfono celular que Pinilla entregó voluntariamente durante las investigaciones.
La defensa sostiene que la información contenida en ese dispositivo fue suministrada dentro de un contexto específico de cooperación y que no puede utilizarse de manera ilimitada para abrir nuevos procesos o generar autoincriminaciones sobre hechos distintos a los ya acordados.
Asimismo, el documento cuestiona que las filtraciones de chats, audios y otros elementos del expediente a medios de comunicación no eliminan las garantías procesales del exfuncionario.
«Una filtración, aun cuando haya producido exposición mediática, no convierte la información en un objeto libre de indagación ilimitada, ni obliga al compareciente a explicar, contextualizar o autenticar mensajes que puedan generar consecuencias jurídico-penales en su contra», señala la defensa.
Las solicitudes elevadas a la Corte Suprema
En la constancia presentada ante la magistrada instructora, el equipo jurídico de Sneyder Pinilla formuló varias solicitudes para las diligencias judiciales:
- Que se reconozca plenamente el derecho de su defendido a guardar silencio sobre hechos relacionados con la UNGRD que no estén comprendidos dentro de los acuerdos de cooperación.
- Que exista una protección especial frente a preguntas derivadas del contenido del teléfono celular entregado voluntariamente.
- Que el ejercicio del derecho al silencio no sea interpretado como un indicio de responsabilidad, obstrucción de la justicia o mala conducta procesal.
- Que quede registrado expresamente en las actas cada vez que la defensa invoque el artículo 8 de la Ley 906 de 2004 durante las diligencias.
Un nuevo capítulo en el caso UNGRD
Con esta actuación, la defensa de Sneyder Pinilla busca delimitar el alcance de las declaraciones que rendirá durante el proceso y dejar constancia de que la cooperación con las autoridades no implica la renuncia a los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución.
El caso UNGRD continúa siendo uno de los procesos por presunta corrupción con mayor impacto político y judicial en Colombia, mientras avanzan las investigaciones que involucran a exfuncionarios, contratistas y congresistas.
