Representantes de centrales sindicales, gremios empresariales y el Gobierno Nacional participaron en una sesión de la Subcomisión de Análisis y Seguimiento de Decretos y Leyes, realizada en el Ministerio del Trabajo, para abordar asuntos relacionados con la regulación y las políticas laborales en Colombia.

La reunión fue presidida por la viceministra de Relaciones Laborales, Juliana Morad Acero, y se desarrolló en el marco de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, instancia tripartita que reúne al Estado, las organizaciones de trabajadores y los representantes de los empleadores.

Entre las organizaciones sindicales participantes estuvieron la CUT, CGT, CTC, CPC, CDP y CGT Democrática e Independiente. Por el sector empresarial asistieron representantes de la ANDI, SAC, Fenalco, Acopi, Asobancaria y el Consejo Gremial Nacional.

Durante la jornada se abordó el papel del diálogo social en el análisis de las disposiciones que inciden en las relaciones laborales y en la búsqueda de acuerdos entre los diferentes sectores.

Concertación laboral y participación tripartita

La viceministra Juliana Morad Acero señaló que estos espacios permiten escuchar las posiciones de trabajadores y empleadores frente a las políticas laborales y buscar puntos de acuerdo entre los participantes.

El Ministerio del Trabajo indicó que las sesiones periódicas buscan mantener abiertos los canales de concertación para examinar las normas, reglamentaciones y decisiones relacionadas con el ámbito laboral.

La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales tiene fundamento en el artículo 56 de la Constitución Política de Colombia y está regulada por la Ley 278 de 1996. Su estructura responde al principio de participación tripartita entre el Gobierno, las organizaciones sindicales y los representantes de los empleadores.

Este mecanismo también se relaciona con el Convenio 144 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece disposiciones sobre la consulta tripartita para promover la aplicación de normas internacionales del trabajo.

La sesión se suma a los encuentros institucionales destinados a analizar asuntos laborales mediante la participación de los distintos sectores involucrados.

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La nueva funcionaria llega al Ministerio con experiencia en el sector público, formación jurídica y trayectoria en áreas relacionadas con la administración, la gestión social y el derecho.

Estos son los retos de la nueva ministra

Entre los principales desafíos que tendrá López Fuentes al frente de la cartera están la generación de empleo, la reducción de la informalidad, la protección de los derechos laborales y el fortalecimiento del diálogo social.

También deberá liderar las políticas relacionadas con las transformaciones del mercado laboral y las relaciones entre trabajadores, empleadores, organizaciones sindicales y Estado.

¿Quién es Natalia López Fuentes?

López Fuentes es abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho Administrativo y cuenta con dos maestrías: una en Derecho Público y otra en Administración de Empresas.

Su experiencia profesional incluye diferentes cargos en el sector público. Fue gerente para el Desarrollo Social y asesora jurídica de la Gobernación de Córdoba, además de defensora pública delegada en asuntos administrativos y docente universitaria.

También fue delegada presidencial ante el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS).

En 2023 fue candidata a la Alcaldía de Montería.

La prioridad que plantea para su gestión

Al asumir el cargo, la nueva ministra manifestó que trabajará por quienes producen, emprenden y generan empleo en Colombia.

“Junto al presidente Abelardo De La Espriella, hoy asumo, con gratitud, humildad y la guía de Dios, la responsabilidad de servir a Colombia como ministra del Trabajo”, afirmó López Fuentes.

La funcionaria agregó que uno de sus propósitos será trabajar por quienes generan empleo y contribuyen al desarrollo económico del país.

Un nuevo capítulo para el Ministerio del Trabajo

Con su llegada, López Fuentes asumirá la dirección de una de las carteras con mayor incidencia en las relaciones laborales del país.

Su gestión estará marcada por los retos de empleo, formalización laboral, protección de derechos y diálogo social, además de la atención a trabajadores, empleadores y organizaciones sindicales.

La nueva ministra tendrá ahora la tarea de definir las prioridades de la cartera y liderar su implementación en las diferentes regiones del país.

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El Ministerio del Trabajo anunció el fortalecimiento de la Escuela Nacional de Diálogo Social y Derechos Laborales, una estrategia que busca consolidar espacios de concertación entre trabajadores, empleadores y organizaciones sociales para prevenir conflictos laborales y promover relaciones de trabajo más equitativas y democráticas en Colombia.

La iniciativa, liderada por la Subdirección de Promoción de la Organización Social, hace parte de las políticas impulsadas por el Gobierno Nacional para fortalecer el diálogo social como herramienta para la resolución de diferencias, la protección de los derechos laborales y la construcción de paz en los territorios.

Desde su puesta en marcha en 2023, la Escuela ha formado a cerca de 5.200 trabajadores, empleadores, líderes sociales, representantes sindicales y actores institucionales en distintas regiones del país, fortaleciendo sus capacidades para transformar los conflictos en escenarios de concertación.

Alianza con Ecopetrol para impulsar la transformación territorial

Como parte del fortalecimiento de la estrategia, el Ministerio acompañó el inicio del Programa para la Transformación Territorial 2026, desarrollado en alianza con Ecopetrol, con el propósito de ampliar las capacidades institucionales para promover el diálogo social en regiones estratégicas del país.

Según la cartera laboral, esta articulación permitirá impulsar procesos de concertación que favorezcan el desarrollo territorial y contribuyan a mejorar las relaciones entre los diferentes actores del mundo del trabajo.

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que el diálogo social representa una herramienta clave para el desarrollo del país.

«El diálogo social no solo resuelve conflictos; construye confianza, fortalece la productividad y protege los derechos de las y los trabajadores. Con esta Escuela estamos formando líderes capaces de transformar las diferencias en acuerdos y de convertir la concertación en una herramienta para el desarrollo de los territorios y la paz laboral de Colombia», afirmó el funcionario.

La Brújula del Diálogo Social, una metodología para fortalecer la concertación

Uno de los principales avances de la Escuela ha sido la consolidación de la Brújula del Diálogo Social, una metodología pedagógica diseñada para orientar los procesos de negociación y resolución de conflictos laborales.

El modelo se basa en cinco principios fundamentales:

• Construcción de confianza entre las partes.
• Gestión de tensiones mediante la escucha activa.
• Comprensión de las causas de los conflictos.
• Construcción de acuerdos sostenibles.
• Fortalecimiento de habilidades como la empatía, la comunicación asertiva y la inteligencia emocional.

De acuerdo con el Ministerio del Trabajo, estas herramientas permiten anticipar controversias, mejorar los procesos de negociación y fortalecer relaciones laborales más estables y cooperativas.

Estrategia respaldada por estándares internacionales

La Escuela Nacional de Diálogo Social y Derechos Laborales fundamenta su trabajo en la Constitución Política de Colombia y en los convenios 87, 98, 144, 151 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relacionados con la libertad sindical, la negociación colectiva y el diálogo social.

Con este fortalecimiento, el Ministerio del Trabajo reiteró su propósito de consolidar una cultura basada en la concertación, la participación y el consenso como mecanismos para prevenir conflictos, proteger los derechos laborales, impulsar la productividad y contribuir al desarrollo económico y social del país.

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Los representantes de organizaciones como Justice for Colombia (JFC), el Trades Union Congress del Reino Unido, Comisiones Obreras de España y el partido irlandés Sinn Féin sostuvieron encuentros con funcionarios del Ministerio del Trabajo para conocer de primera mano los cambios implementados en el país en materia laboral durante los últimos años.

Durante la jornada se abordaron temas relacionados con la libertad sindical, la negociación colectiva, los mecanismos de concertación laboral y las transformaciones impulsadas en el marco de la reforma laboral.

Reconocimiento al diálogo social

Uno de los aspectos destacados por la delegación fue el fortalecimiento de espacios de diálogo entre trabajadores, empleadores y Gobierno para la resolución de conflictos laborales.

Las autoridades laborales señalaron que Colombia ha avanzado en la consolidación de mecanismos de concertación alineados con los estándares promovidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), especialmente en temas relacionados con la protección de los derechos sindicales y la negociación colectiva.

Asimismo, se resaltó el papel de la Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos ante la OIT (CETCOIT), instancia encargada de promover soluciones concertadas a controversias laborales.

Reparación al movimiento sindical

Durante el encuentro también se revisaron las medidas implementadas para el reconocimiento y la reparación del movimiento sindical colombiano, considerado sujeto colectivo de reparación por parte del Estado debido a las afectaciones sufridas durante décadas de violencia contra líderes y organizaciones sindicales.

Según cifras oficiales, más de 15.000 hechos victimizantes han sido documentados en relación con integrantes del movimiento sindical en Colombia.

Intercambio de experiencias internacionales

La visita contó con la participación de expertos internacionales en derecho laboral, mediación de conflictos y procesos de paz, entre ellos Conor Murphy, quien participó en las negociaciones del Acuerdo del Viernes Santo en Irlanda; Stiofán Ó Nualláin, mediador de conflictos laborales y sociales; y el jurista británico Lord John Hendy, reconocido por su trabajo en legislación laboral.

Los visitantes intercambiaron experiencias sobre protección de derechos laborales, fortalecimiento sindical y mecanismos de diálogo social, temas que continúan siendo objeto de debate y seguimiento en distintos países.

El encuentro se desarrolló en el marco de las relaciones de cooperación internacional en materia laboral y permitió analizar los retos que enfrenta Colombia para seguir fortaleciendo las garantías de los trabajadores, la formalización laboral y la resolución pacífica de conflictos en el ámbito del trabajo.

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De acuerdo con la cartera liderada por Armando Benedetti, cientos de situaciones de tensión social han sido atendidas mediante mesas de diálogo y presencia institucional en territorios que históricamente han enfrentado conflictos relacionados con protestas, bloqueos y reclamos ciudadanos.

Según el Gobierno, la estrategia se ha implementado en diferentes zonas del país, desde el archipiélago de San Andrés hasta comunidades de la Amazonía colombiana, con el objetivo de construir acuerdos antes de que las manifestaciones deriven en hechos violentos.

El antecedente del Estallido Social

La administración nacional sostiene que uno de los antecedentes que marcó la necesidad de fortalecer el diálogo fue lo ocurrido durante el denominado Estallido Social en Colombia de 2021, cuando múltiples jornadas de protesta terminaron en enfrentamientos y denuncias por uso excesivo de la fuerza.

Uno de los casos más recientes relacionados con esos hechos se conoció el pasado 6 de abril, cuando un juzgado condenó a 84 meses de prisión a un patrullero de la Policía Nacional señalado de causar la pérdida total del ojo derecho de la joven Leidy Cadena durante las manifestaciones del 28 de abril de 2021.

Según la decisión judicial, el uniformado habría accionado su arma incumpliendo protocolos sobre uso de la fuerza y estándares internacionales de derechos humanos, particularmente los principios de legalidad y proporcionalidad.

A esto se suma el informe “Tiros a la vista”, elaborado por el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) de la Universidad de los Andes, junto a Temblores ONG y Amnistía Internacional, en el que se documentaron casos de personas que sufrieron traumas oculares severos durante las protestas.

Cauca, uno de los principales ejemplos

Uno de los casos que el Gobierno destaca como ejemplo de esta estrategia es el departamento del Cauca, donde el Ministerio del Interior instaló una oficina enfocada en atender conflictos sociales y fortalecer la interlocución con las comunidades.

La iniciativa, según cifras oficiales, permitió anticipar y atender situaciones de protesta antes de que escalaran a bloqueos sobre la vía Panamericana, uno de los corredores viales más importantes del país.

De acuerdo con el Ministerio del Interior, los bloqueos en este corredor se habrían reducido significativamente hasta 2025, como resultado de los procesos de concertación y presencia institucional permanente en el territorio.

El Gobierno sostiene que este modelo busca evitar que las diferencias sociales desemboquen en escenarios de violencia o afectaciones a la integridad de los ciudadanos, apostándole a mecanismos de negociación y construcción de acuerdos.

“En este gobierno los resultados no se miden en muertos, se miden en vida”, ha reiterado el presidente Gustavo Petro al defender la política de diálogo impulsada por su administración.

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De acuerdo con cifras oficiales, estos resultados se han consolidado a través de 53 Diálogos Regionales Vinculantes, mecanismos que buscan integrar la participación ciudadana en la formulación de políticas públicas y en la toma de decisiones del Estado.

El proceso ha contado con la articulación de entidades como el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), la Consejería Presidencial para las Regiones y el Departamento Nacional de Planeación, en una estrategia que combina diálogo social, planeación e intervención en los territorios.

Las propuestas recogidas durante estos espacios se enfocan principalmente en el acceso a servicios básicos, la garantía de derechos fundamentales y el cierre de brechas entre regiones, así como entre zonas urbanas y rurales. También incluyen demandas de comunidades históricamente excluidas de los procesos de planeación nacional.

Según el Ministerio del Interior, la estrategia ha permitido transformar escenarios de conflicto en espacios de diálogo permanente, facilitando la resolución de tensiones mediante mecanismos institucionales y reduciendo los niveles de confrontación en algunos territorios.

En este contexto, se han instalado mesas permanentes de concertación que buscan anticipar conflictos y canalizar las diferencias a través de vías democráticas, fortaleciendo la relación entre las comunidades y las instituciones del Estado.

La política de diálogo social hace parte del Plan Nacional de Desarrollo y plantea un modelo de gobernanza basado en la participación ciudadana, con el objetivo de incorporar las demandas territoriales en la ejecución de políticas públicas.

Analistas han señalado que uno de los principales retos de esta estrategia será garantizar que las propuestas recogidas se traduzcan en acciones concretas y sostenibles en el tiempo, especialmente en regiones con alta conflictividad social y baja presencia institucional.

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Ministerio de Trabajo insta al diálogo social

A través de un comunicado, el Ministerio expresó su compromiso con la resolución pacífica de conflictos laborales:

«Desde el Ministerio del Trabajo, llamamos al diálogo social para la resolución de conflictos laborales. Instamos a la Alcaldía de Medellín a reconocer las demandas del sindicato Familia de la Calle y a participar en una mesa de diálogo el 28 de febrero de 2025 junto al Ministerio y representantes de los trabajadores de la economía popular».

Según el Ministerio, la semana pasada se recibió una querella contra la Alcaldía de Medellín por presunta negativa a negociar con el sindicato.

📢 Desde el #MinTrabajo, llamamos al Diálogo Social para la resolución de conflictos laborales.
🧵👇🏽 pic.twitter.com/ygaKjtuaAE

— MinTrabajo (@MintrabajoCol) February 25, 2025

Familia de la Calle denuncia abandono y falta de apoyo

El sindicato Familia de la Calle, que agrupa a vendedores informales de Medellín, ha denunciado que la administración local no ha brindado garantías para su reubicación tras las afectaciones generadas por la construcción del proyecto Art City en Ciudad del Río.

«Las políticas de la administración no están enfocadas en ayudar al vendedor ambulante, sino en hacer que desaparezca. Nosotros trabajábamos en una esquina, pero la construcción de Art City afectó gravemente nuestras ventas. Primero con el polvo y el lodo, luego con las aguas negras que caían cerca de nuestros puestos. Todo esto espantó a los clientes y nos dejó sin ingresos.»

El sindicato también denunció que, aunque en diciembre de 2024 un fallo de tutela ordenó la reubicación de los vendedores, la Alcaldía tardó meses en cumplir la orden y actualmente los trabajadores no tienen los recursos para retomar sus actividades:

«Nos entregaron la reubicación, pero no tenemos dinero para abrir. Algunos tienen sus carros de venta empeñados, otros los retiraron y no pueden pagar para traerlos de vuelta. Además, antes podíamos usar carpas para protegernos de la lluvia, pero esta administración no lo permite y nos exige comprar sombrillas, que tampoco podemos costear».

Llamado a la solidaridad

Debido a la difícil situación económica que atraviesan, el sindicato Familia de la Calle ha solicitado apoyo ciudadano para reactivar sus negocios y volver a trabajar. Quienes deseen colaborar pueden contactarlos al 310 895 6775 o ayudar difundiendo su mensaje en redes sociales.

Expectativa ante la mesa de diálogo

La reunión del 28 de febrero será clave para determinar si la Alcaldía de Medellín se compromete a atender las necesidades de los vendedores informales afectados. Mientras tanto, los trabajadores de la economía popular siguen a la espera de soluciones concretas que les permitan recuperar su sustento.

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