Los comparecientes, que incluyen tres generales, 18 oficiales y cuatro suboficiales, aceptaron su responsabilidad por escrito y manifestaron su voluntad de contribuir a la reparación de las víctimas y los territorios afectados.

Estos crímenes fueron calificados por la JEP como crímenes de lesa humanidad y de guerra. La Sala de Reconocimiento de Verdad del tribunal estableció que de un total de 796 bajas reportadas por 19 unidades militares adscritas a tres brigadas del Ejército en esa zona, 604 correspondieron a asesinatos y desapariciones forzadas.

Entre los altos oficiales que admitieron su responsabilidad se encuentra el mayor general Hernán Giraldo Restrepo, quien fue oficial de operaciones, jefe de Estado Mayor y segundo comandante de la Segunda Brigada, además de comandante de la Décima Brigada Blindada.

También lo hizo el mayor general Jorge Enrique Navarrete Jadeth, por hechos ocurridos mientras comandaba el Grupo de Caballería Mecanizado ‘Coronel Juan José Rondón’. El tercer oficial de alto rango es el brigadier general Adolfo León Hernández Martínez, quien estuvo al mando del Batallón de Artillería ‘La Popa’.

A ellos se suman seis coroneles, tres tenientes coroneles y cinco mayores, junto a oficiales de menor rango. Por ejemplo, el mayor Julio César Parga Rivas reconoció que, bajo su comandancia en la Fured y el Gaula Córdoba, la totalidad de las bajas reportadas fueron ilegales, sumando 100 personas asesinadas y presentadas como muertas en combate.

La investigación de la JEP reveló la consolidación de una «macroorganización criminal» que operaba a través de un sistema de presión por bajas en combate, el cual incluía exigencias, sanciones, incentivos y recompensas para inflar artificialmente los resultados operacionales.

Pese a las evidencias recopiladas por el tribunal especial, tres militares de alto rango no aceptaron su responsabilidad: el brigadier general (r) Fabricio Cabrera Ortiz, el mayor general (r) Raúl Antonio Rodríguez Arévalo y el teniente coronel (r) William Hernán Peña Forero.

Sus casos serán enviados a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que actúa como la fiscalía de la JEP. Esta unidad definirá si los acusa formalmente ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, donde se enfrentan a un juicio adversarial que podría resultar en penas de hasta 20 años de cárcel si son declarados culpables.

Tras el reconocimiento de los 25 uniformados, la JEP organizará una Audiencia de Reconocimiento de Verdad en los próximos meses. En esta diligencia pública, los militares deberán asumir su responsabilidad ante las víctimas, la justicia y el país. Este reconocimiento debe ser fáctico, aceptando los hechos de forma detallada; jurídico, admitiendo que constituyeron graves violaciones a los derechos humanos; y restaurativo, demostrando conciencia del daño causado.

La labor de la JEP ya ha permitido que 15 víctimas de esta práctica criminal fueran halladas, identificadas y entregadas dignamente a sus familias. El tribunal continúa trabajando en la identificación de otros cuerpos en articulación con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y el Instituto de Medicina Legal.

Foto y noticia: Colprensa

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“Hoy estoy aquí, en nombre del Ministerio de Defensa y de la nación colombiana, para reconocer la responsabilidad que como institución nos cabe y para pedirles perdón por todo lo que han padecido», afirmó el ministro Velásquez.

En este acto de perdón y reconocimiento, estuvieron presentes las familias de treinta de las víctimas de casos de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales de Soacha, Bucaramanga, Convención, La Gabarra, El Zulia, Cúcuta, Teorama, San Calixto, El Tarra, Tibú, El Carmen, Ábrego, Río de Oro, Valledupar, Curumaní, Pailitas, San Calixto, La Playa y Aguachica.

Desde Ocaña, Norte de Santander, el ministro @Ivan_Velasquez_ en nombre del Estado colombiano, de las @FuerzasMilCol, pide perdón a las familias de las 30 víctimas de ejecuciones extrajudiciales de sus hijos, hermanos, padres, ocurridas en el Catatumbo. También por dos hechos en… pic.twitter.com/eGt4cAtBfN

— Mindefensa (@mindefensa) November 30, 2023

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“Esta región del Catatumbo ha sido víctima por muchos años de la guerra, en él se han afincado muchos grupos armados que han instrumentalizado y violentado a la población con su orden criminal, y producto de esto, se ha estigmatizado a su población que hoy merece ser reconocida por su laboriosidad, por su resiliencia y destacar que el Catatumbo es más que una región de guerra y narcotráfico», señaló el ministro Velásquez.

En este acto de perdón también estuvieron presentes el comandante del Ejército Nacional, general Mauricio Ospina, y el comandante encargado de la Segunda División, brigadier general Ricardo Roque Salcedo.

“Este acto de perdón lo hago en nombre de la nación, porque a ustedes también les falló la justicia, los organismos disciplinarios, y otras entidades que se demoraron en tomar medidas ante la evidencia de las irregularidades. Hoy me sumo al clamor de ustedes y de un país: Nunca Más», afirmó el jefe de la cartera.

Jóvenes víctimas de desaparición y ejecuciones extrajudiciales del Catatumbo

1. Familia Alarcón Colmenares

2. Villamir Rodríguez Figueroa

3. Luis Ernesto Ascanio Ascanio

4. José Guber López

5. Luis Evelio Angarita

6. Numar Antonio Gerardino Carreño

7. Álvaro Chogo Angarita

8. Gerardo Quintero Jaimes

9. Héctor Antonio Rubio Álvarez

10. Danilo Mandón Chogo

11. Wilfredo Quintero Chona

12. Alexander Sánchez Quintero

13. Raúl Amaya Amaya

14. Jaler Miranda, Blanca

15. Álvaro Guerrero Melo

16. José Eliécer Ortega Boneth

17. Carlos Daniel Martínez

18. Adaniel Arias Cárdenas

19. Wilmer Jacome Velásquez

20. Dioseli Ascanio Acosta

21. Daniel Suárez Martínez

22. Javier Barrientos Bautista

23. Fair Leonardo Porras

24. Alirio Alfonso Sánchez Salcedo

25. Albeiro Ballena Velásquez

26. Ismael Quintero Díaz

27. Jonathan Meza Badillo

28. Olivo Peña Ortega

29. Eider José Montejo Pérez

30. Luis Carlos Angarita Rincón

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