Desde el Pacto Histórico, se ha presentado un proyecto de ley que busca regular la concesión de amnistías e indultos en Colombia, específicamente relacionados con delitos políticos y aquellos vinculados directa o indirectamente con la protesta social y manifestaciones públicas. Los representantes Alirio Uribe, Eduard Sarmiento, Robert Daza y Leila Rincón son los impulsores de esta iniciativa.

El proyecto establece que se otorgará amnistía a personas que estén siendo investigadas o procesadas por delitos políticos, así como a aquellas que hayan sido procesadas por hechos vinculados a la protesta social en Colombia. Esto incluye situaciones que hayan ocurrido de manera directa o indirecta en relación con la protesta social y manifestación pública en el país.

El Ministerio de Justicia sería la entidad encargada de otorgar estos beneficios, y el proyecto estipula un plazo perentorio de máximo dos meses, contados desde la presentación de la solicitud, para que se expida un acto administrativo que acredite la concesión del indulto. Se destaca que una vez se acredite el indulto, cesarán las penas impuestas a las personas beneficiarias.

Cabe aclarar que el proyecto aborda una variedad de situaciones legales, incluyendo aquellas relacionadas con delitos de tortura y homicidio. Esta medida plantea un enfoque comprensivo hacia los casos pendientes, considerando la naturaleza de los delitos y permitiendo la posibilidad de amnistía e indulto incluso en situaciones tan delicadas.

Excepciones del proyecto…

Por su parte, la propuesta establece claramente que no serán objeto de amnistía ni indulto los delitos de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, toma de rehenes, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, sustracción de menores, y el desplazamiento forzado.

Este proyecto de ley, de ser aprobado, podría tener un impacto en la dinámica legal y social de Colombia. La posibilidad de otorgar amnistías e indultos se presenta como una vía para abordar casos específicos en el contexto de la protesta social, buscando equilibrar la justicia con un enfoque de reconciliación y consideración de circunstancias particulares.