La nueva funcionaria llega al Ministerio con experiencia en el sector público, formación jurídica y trayectoria en áreas relacionadas con la administración, la gestión social y el derecho.

Estos son los retos de la nueva ministra

Entre los principales desafíos que tendrá López Fuentes al frente de la cartera están la generación de empleo, la reducción de la informalidad, la protección de los derechos laborales y el fortalecimiento del diálogo social.

También deberá liderar las políticas relacionadas con las transformaciones del mercado laboral y las relaciones entre trabajadores, empleadores, organizaciones sindicales y Estado.

¿Quién es Natalia López Fuentes?

López Fuentes es abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho Administrativo y cuenta con dos maestrías: una en Derecho Público y otra en Administración de Empresas.

Su experiencia profesional incluye diferentes cargos en el sector público. Fue gerente para el Desarrollo Social y asesora jurídica de la Gobernación de Córdoba, además de defensora pública delegada en asuntos administrativos y docente universitaria.

También fue delegada presidencial ante el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS).

En 2023 fue candidata a la Alcaldía de Montería.

La prioridad que plantea para su gestión

Al asumir el cargo, la nueva ministra manifestó que trabajará por quienes producen, emprenden y generan empleo en Colombia.

“Junto al presidente Abelardo De La Espriella, hoy asumo, con gratitud, humildad y la guía de Dios, la responsabilidad de servir a Colombia como ministra del Trabajo”, afirmó López Fuentes.

La funcionaria agregó que uno de sus propósitos será trabajar por quienes generan empleo y contribuyen al desarrollo económico del país.

Un nuevo capítulo para el Ministerio del Trabajo

Con su llegada, López Fuentes asumirá la dirección de una de las carteras con mayor incidencia en las relaciones laborales del país.

Su gestión estará marcada por los retos de empleo, formalización laboral, protección de derechos y diálogo social, además de la atención a trabajadores, empleadores y organizaciones sindicales.

La nueva ministra tendrá ahora la tarea de definir las prioridades de la cartera y liderar su implementación en las diferentes regiones del país.

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Durante la misión técnica y política realizada con representantes del organismo internacional, el Gobierno nacional expuso cifras relacionadas con generación de empleo, formalización laboral, desempleo y avances asociados a las reformas sociales impulsadas en los últimos años.

Según el Ministerio del Trabajo, entre 2022 y 2026 Colombia generó aproximadamente 2,38 millones de empleos, de los cuales el 68 % corresponderían a puestos formales.

La cartera laboral aseguró que estos resultados representan uno de los mejores desempeños del mercado laboral colombiano en las últimas décadas y contrastan con periodos anteriores marcados por pérdida de empleos y mayores niveles de desocupación.

El Gobierno también destacó que la tasa de desempleo en Colombia se ubicó en 8,8 % en marzo de 2026, cifra que calificó como una de las más bajas registradas en lo corrido del siglo XXI.

En materia de informalidad, el Ministerio aseguró que el indicador logró reducirse de 57,7 % a 55,6 % durante el último año, una disminución de 2,1 puntos porcentuales frente a uno de los problemas estructurales más persistentes del mercado laboral colombiano.

Durante el encuentro con la OCDE, la cartera laboral defendió además los alcances de la reforma laboral impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro y aseguró que las proyecciones oficiales estiman la creación de cerca de 90.000 empleos adicionales con su implementación.

El Ministerio explicó que estos cálculos fueron realizados mediante modelos técnicos de análisis económico y contrastan con otros estudios que han advertido posibles impactos negativos sobre el empleo.

La entidad también resaltó programas como “Empleos para la Vida” y “CREA empleo”, iniciativas orientadas a incentivar la contratación formal y ampliar la protección social para poblaciones priorizadas.

Entre los sectores que el Gobierno considera beneficiarios de las reformas laborales se encuentran trabajadoras del servicio doméstico, repartidores de plataformas digitales, aprendices del SENA, personas con discapacidad y estudiantes de medicina en etapa final de formación.

Durante el diálogo técnico también se abordaron temas relacionados con el envejecimiento poblacional y la sostenibilidad del sistema de protección social en Colombia.

El Ministerio del Trabajo señaló que el país enfrenta el reto de prepararse para una reducción progresiva del bono demográfico y una mayor presión sobre los sistemas de empleo, pensiones y protección social en las próximas décadas.

Asimismo, el Gobierno aseguró que la OCDE reconoció avances relacionados con la reforma pensional, especialmente en aspectos asociados al fortalecimiento de mecanismos solidarios y la reducción de subsidios regresivos.

La misión internacional contó con la participación de delegados de la OCDE, representantes del Departamento Nacional de Planeación y funcionarios del Ministerio del Trabajo encargados de empleo, relaciones laborales y análisis económico.

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Informalidad y brechas en el empleo en Colombia

La proporción de ocupación informal en el país se ubicó en 55,3%, con una reducción de 1,8 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año anterior. En las principales ciudades y áreas metropolitanas fue de 41,0%, mientras que en zonas rurales dispersas alcanzó el 83,2%.

En el mercado laboral juvenil, la Tasa de Desocupación se situó en 17,0%, reflejando los retos de acceso al empleo para la población entre 15 y 28 años.

Para la población con discapacidad, la tasa de ocupación fue de 20,2%, muy por debajo de la población sin discapacidad (60,4%), evidenciando una brecha significativa en el acceso al empleo.

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En cuanto a brechas de género, el informe señala diferencias de más de 24 puntos porcentuales en la tasa de ocupación entre hombres y mujeres, mientras que el 46,9% de las mujeres en edad de trabajar se encuentra fuera de la fuerza laboral.

El DANE también reportó que, en el periodo analizado, el 35,6% de la población en edad de trabajar se encontraba fuera del mercado laboral.

Finalmente, el informe destaca diferencias por autorreconocimiento étnico y poblacional, así como dinámicas particulares en la población LGBT, donde si bien se registran mayores tasas de participación, también persisten niveles de desempleo relevantes.

El organismo concluye que, aunque se evidencian mejoras puntuales, el mercado laboral colombiano continúa enfrentando retos estructurales relacionados con informalidad, desigualdad y acceso equitativo al empleo.

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De acuerdo con un análisis del gremio bancario, el salario mínimo cumple la función de piso legal para los trabajadores formales, pero cualquier ajuste —advirtió— debería responder a criterios técnicos asociados a la inflación, la productividad y la dinámica del mercado laboral, para evitar efectos adversos sobre el empleo y el bienestar de los hogares.

Las cifras oficiales refuerzan el diagnóstico. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 11,4 millones de personas, equivalentes al 49% de los ocupados, reciben ingresos inferiores al salario mínimo, en su mayoría en condiciones de informalidad. En contraste, solo 2,4 millones de trabajadores, es decir, el 10% de los ocupados, devengan exactamente un salario mínimo.

El informe señala además un deterioro reciente en la calidad del empleo. En el último año, 1,2 millones de personas adicionales pasaron a ganar menos de un salario mínimo, mientras que el grupo de trabajadores que recibe exactamente ese ingreso se redujo en 1,3 millones, lo que evidenciaría un retroceso en los niveles de formalización laboral.

En el frente macroeconómico, el gremio advirtió que incrementos del salario mínimo por encima de la inflación y la productividad tienen un impacto directo sobre los precios. Según sus estimaciones, por cada punto porcentual adicional que supere los criterios técnicos, la inflación podría aumentar entre 10 y 16 puntos básicos.

Con un ajuste del 22,7% en la base del salario mínimo para 2026, el impacto inflacionario estimado oscilaría entre 165 y 263 puntos básicos, lo que reduciría el margen de maniobra del Banco de la República y abriría la posibilidad de incrementos en la tasa de política monetaria durante el primer semestre del próximo año.

Un eventual endurecimiento de la política monetaria implicaría condiciones de financiamiento más restrictivas para hogares y empresas, con efectos sobre decisiones como la inversión, el emprendimiento, el acceso al crédito y la compra de vivienda. En este escenario, el aumento del salario mínimo también tendría impactos indirectos sobre el dinamismo económico.

Finalmente, el sector financiero advirtió que incrementos considerados excesivos elevan los costos laborales, reducen la capacidad de contratación de las empresas y terminan fomentando la informalidad, afectando especialmente a los trabajadores más vulnerables que quedan por fuera del empleo formal.

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Los empresarios aseguraron que la propuesta presentada tiene en cuenta la cifra de inflación actual con la tendencia que se ha evidenciado en el 2025, el aumento del número de personas que se encuentran en la informalidad, y un aumento salarial que garantice un incremento del poder adquisitivo de los trabajadores que sea estable.

Las asociaciones gremiales indicaron que aunque en los últimos años Colombia había logrado una línea de reducción de la inflación, en el 2025 se ha presentado una cifra acumulada del 5.3%, indicando un estancamiento en la tendencia.

En ese mismo sentido, el número de personas que se encuentran en la informalidad aumentó. Para octubre de 2025 las cifras de personas con empleos informales registró un incremento de 732.000.

“Basados en estos elementos, y con absoluto convencimiento de que todo esfuerzo que hagan los actores del mundo del trabajo debe producir beneficios sostenibles en el tiempo, presentamos a los miembros de la Comisión una propuesta de aumento del salario mínimo del 7,21%, la cual fue el resultado de considerar el aumento acumulado del IPC de los últimos 12 meses (5,3%), la productividad total de los factores presentados por el DANE (0,91%) y 100 puntos básicos de aumento adicional”, indicaron los gremios empresariales a través de un comunicado.

Además, los firmantes del documento aseguraron que una propuesta que busque incrementar el salario mínimo en un 100% o 200% del IPC de 2025 jugaría en contra de los factores que contribuyen al equilibrio macroeconómico del país.

“En ese sentido, y al igual que en años anteriores, llamamos la atención sobre el riesgo de una cifra de inflación alta, pues además de golpear principalmente a los grupos más vulnerables de la población, tiene un efecto directo en el costo del crédito. Un aumento irresponsable en el salario mínimo haría muy difícil el camino para aliviar este tipo de factores”, concluyeron los gremios empresariales.

La carta fue firmada por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), la Asociación Bancaria de Colombia (Asobancaria), la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y la Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi).

(Colprensa)

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La queja fue presentada por el abogado y líder social Óscar David Benavides Angulo, quien sostiene que estas compañías utilizan esquemas de venta informal que, en la práctica, someten a los trabajadores a jornadas sin garantías laborales, sin acceso a seguridad social, prestaciones ni remuneración justa. De acuerdo con su análisis, estas condiciones configuran una vulneración a la dignidad humana y a los derechos fundamentales de miles de vendedores informales del país.

Argumentos legales y alcance de la denuncia

La acción se fundamenta en varias normas del ordenamiento jurídico colombiano, como los artículos 22, 23, 128, 132 y 230 del Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 50 de 1990, la Ley 789 de 2002 y los artículos 25 y 53 de la Constitución. A ellas se suman convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre ellos la Convención 29 sobre Trabajo Forzoso y la Convención 111 sobre Discriminación en el Empleo, además de principios consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Según la denuncia, la comercialización de productos a través de vendedores informales sin ningún tipo de protección laboral podría constituir una violación directa a estas normas y derivar en responsabilidades legales para las empresas involucradas.

Experiencia del denunciante y objetivo de la acción

Benavides indicó que su motivación personal proviene de su propia experiencia como vendedor ambulante desde los 17 años, cuando comercializó productos como Crem Helado, Bon Ice y Vive 100 en zonas como Portal de la 80, Engativá, Corabastos y Patio Bonito, en Bogotá. Asegura que durante ese periodo enfrentó condiciones laborales precarias y ausencia total de derechos, situación que —según él— persiste actualmente en todo el país.

La denuncia quedó registrada bajo el código 11EE2025741100000053484 y solicita que el Ministerio del Trabajo reconozca derechos y prestaciones para los trabajadores involucrados, además de establecer un precedente legal que permita enfrentar lo que considera una modalidad creciente de explotación laboral.

De acuerdo con la argumentación presentada, esta acción busca no solo una respuesta institucional, sino también llamar la atención sobre prácticas empresariales que, según el denunciante, han pasado desapercibidas o sin correctivos durante años.

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La operación, ejecutada entre 2023 y 2025, contó con la participación de más de 8.000 censistas, recuentistas, supervisores y equipos logísticos, quienes recorrieron más de 528.000 manzanas urbanas en todos los rincones del país, incluyendo territorios apartados como San Andrés y las 18 áreas no municipalizadas. Esta movilización permitió recoger información de millones de unidades económicas, desde pequeños negocios de barrio y vendedores informales, hasta grandes corporaciones.

En su columna titulada «Juntos es posible», Urdinola destacó la colaboración de empresas, trabajadores informales, gremios económicos, asociaciones empresariales y comunidades étnicas, que brindaron su información sobre producción, empleo, ingresos y gastos, aportando una base sin precedentes para el análisis económico. Resaltó también la participación activa de poblaciones históricamente invisibilizadas, como comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueras y Rrom.

Con la recolección de datos finalizada, el DANE inicia ahora la fase de análisis, validación y procesamiento, bajo los principios de independencia técnica, rigor estadístico y confidencialidad. Esta etapa incluirá herramientas como georreferenciación y seguimiento en tiempo real, y se desarrollará en línea con los estándares del Modelo Genérico del Proceso Estadístico de Naciones Unidas.

Se espera que los primeros resultados preliminares del Censo Económico Nacional Urbano sean publicados en el cuarto trimestre de 2025. La directora del DANE enfatizó que esta nueva base de información permitirá formular políticas públicas más efectivas y focalizadas para avanzar hacia una Colombia más equitativa y mejor informada.

«Hemos construido, entre muchos, una base inédita de información económica urbana. El mayor desafío será aprovecharla para la toma de decisiones», concluyó Urdinola en su columna publicada en La República.

Foto: Colprensa

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