«Ministro de Justicia le he pedido que haga un proyecto de ley, ley de jubileo, muy católica, usted que es católico debe saber muy bien qué significa, para liberar a todo el campesinado preso en Colombia, por cultivos de hoja de coca, los campesinos no tiene la culpa», manifestó el mandatario en el desarrollo del Consejo de Ministros celebrado esta noche y transmitido.

Durante ese Consejo, el Jefe de Estado volvió a referirse al caso de una funcionaria de la Agencia Nacional Minera (ANM) que prorrogó la licencia de exploración hasta diciembre a la multinacional AngloGold Ashanti, que adelanta un proyecto de extracción de cobre en el suroeste de Antioquia.

«Quiero que esto de Jericó se restituya porque aquí hay una culpabilidad de este Gobierno que nunca debió tenerla», afirmó el mandatario, que le pidió al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, intervenir en este caso y «obedecer al campesinado de Jericó, su mandato», que se opone a la minería en esa región, que tiene vocación agrícola.

«El Gobierno debe proteger la agricultura del suroeste de Antioquia», reclamó el mandatario.

Esta semana volvió a la agenda mediática el caso de los 11 campesinos de Jericó inculpados de los delitos de secuestro simple, hurto calificado y lesiones personales.

Los labriegos, entre ellos un líder comunal de 85 años, fueron detenidos cuando realizaban una protesta contra el proyecto minero Quebradona de AngloGold Ashanti en ese municipio, luego de señalarlos de supuestos daños.

La situación incluso convocó a la oficina de la ONU en Colombia que llamó «a las autoridades a que se observen las garantías procesales y de derechos humanos en el caso de 11 líderes campesinos defensores del medio ambiente, detenidos en el marco de protestas ambientales en su municipio».

En ese sentido, Petro le pidió además al ministro Palma que se encargue de sacar adelante un proyecto que había pedido ya en el pasado para que las empresas de oro que maneja la Sociedad de Activos Especiales (SAE) compren el oro que se explora en el país.

Petro le pidió a Palma que no es necesario recorrer los caminos de una ley para crear esa «empresa pública de oro», porque ya se tiene y que lo hay que hacer es que se instalé una oficina en un municipio minero como Barbacoas (Nariño) y empiece a comprar oro a precios atractivos y competitivos para crear un círculo virtuoso que ayude a la paz regional.

El Presidente denunció incluso que parte del oro que se produce en el país se está yendo hacia Venezuela en aviones que parten desde Antioquia, al asegurar que los compradores lo pagan a tasas más rentables que las ofrecidas en el mercado.

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“Sería muy importante mirar si dentro de la información que tiene podría ayudar a reconstruir elementos para las víctimas de todos esos hechos que fueron objeto incluso de investigación y juzgamiento de otras personas de ese grupo”, precisó la Ministra.

Lehder fue detenido el pasado viernes en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, procedente de Fráncfort (Alemania). En ese momento, se dijo que había una condena que estaba pendiente en su contra por fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas.

Ante ello, su captura fue legalizada. Pero el lunes, al revisar la condena el juzgado 18 de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá concluyó que estaba prescrita por lo que ordenó su libertad.

«Nosotros como Ministro de Justicia estábamos pendientes de las definiciones de los jueces ese es el primer camino y obviamente que la Fiscalía ya certificó que no hay ninguna investigación, desde ahí empezamos a ver cómo en ese contexto podríamos empezar a mirar cuál es la decisión de él», agregó Buitrago.

La condena en contra de Lehder se emitió el 24 de noviembre de 1995. En ese entonces el Juzgado Regional de Santafé de Bogotá, lo encontró responsable de esos delitos y lo sentenció a 24 años de prisión y multa, para ese entonces, de más de un millón de pesos. Años después esa sentencia quedó en firme.

Sin embargo, Ledher estaba preso en Estados Unidos desde 1987, por lo que el juzgado tuvo dos consideraciones para declarar prescrita la condena. En primer lugar, explicó que ya han transcurrido 25 años, 7 meses y 1 día. Es decir, más del tiempo al que fue sentenciado.

Pero además, lanzó una fuerte crítica al Gobierno de turno por no requerir al excapo cuando fue dejado en libertad por Estados Unidos el 16 de junio de 2020, porque supuestamente no tenía requerimientos en Colombia.

“También es cierto que por descuido no se realizó de manera oportuna el trámite correspondiente de solicitud ante el Estado que lo tenía preso, para que, lo dejará a disposición de estas diligencias para el cumplimiento de la pena, si no que se permitió salir en libertad y se obró en el entendido que el penado no estaba retenido, tan así que, se reiteró una orden de captura”, explicó el juzgado.

El excapo de cartel de Medellín fue extraditado a Estados Unidos el 4 de febrero de 1987, menos de 24 horas después de ser detenido en el municipio de Guarne (Antioquia), al oriente de Medellín.

En ese país estuvo preso 33 años, cuando fue trasladado en un viaje humanitario a Alemania, donde quedó en libertad sin tener cuentas pendientes con la justicia.

Hasta su extradición en 1987, Lehder fue uno de los hombres fuertes del Cartel de Medellín, muy cercano a Pablo Escobar, con quien compartía un enemigo común: el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla.

Tras el asesinato de Lara, en 1984, Lehder, que había construido una especie de emporio turístico en Quindío (a semejanza del que Escobar había construido en Puerto Triunfo), debió irse a la clandestinidad, ante una solicitud de extradición en su contra, por parte de Estados Unidos.

Lehder fue atrapado finalmente en la mansión Berrocal, en la vereda Las Toldas, del municipio de Guarne, junto con 14 hombres más.

Foto y noticia: Colprensa

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Al respecto afirmó: “Aquí se ofendió en lo más hondo el valor de la vida. ¿Cómo fue posible que decenas, tal vez cientos de jóvenes humildes fueran asesinados por agentes del Estado, presentados como bajas en combate, inhumados en el cementerio y posteriormente desplegados a una estrategia de ocultamiento e impunidad? ¿Cómo fue posible que en un lugar sagrado para muchas espiritualidades se desaparecieran jóvenes campesinos provenientes de diversos lugares y se registraran como criminales abatidos? ¿Cómo fue posible que esto se normalizara, que fuera una política pública?”.

Al intervenir en la audiencia convocada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en Dabeiba (Antioquia), para el reconocimiento de verdad sobre 49 asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como ‘falsos positivos’, el Ministro destacó el valor que han mantenido por años las familias de estos jóvenes para saber la verdad.

“Por décadas las instituciones no las escucharon, las estigmatizaron, las persiguieron, archivaron los procesos. Hoy les decimos a las víctimas que siempre tuvieron la razón en su búsqueda de justicia, de verdad y en la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos”, dijo.

“Hoy debemos decirles que eran las instituciones que les negaron sus derechos, las que estaban equivocadas, y que eso no puede volver a ocurrir en nuestra historia. Por esa acción de las instituciones que vulneró sus derechos fijamos nuestro compromiso profundo y decidido por la verdad, por la justicia, por la reparación y la garantía de no repetición”, agregó.

El Ministro sostuvo que el “Gobierno del Cambio tiene la voluntad y la disposición política de articular con la Jurisdicción Especial de Paz la implementación de sus decisiones en torno a sanciones que contribuyan a la restauración y a la reparación”.

Asimismo, anunció la conformación de una instancia de articulación entre la JEP y el Gobierno, definida en el Plan Nacional de Desarrollo, para articular líneas estratégicas que permitan que las medidas restaurativas que imponga la Jurisdicción Especial de Paz tengan un terreno fértil.

“Desde este municipio, tan cerca del cementerio de Las Mercedes, un lugar tan triste donde se cometieron tantos crímenes por agentes del Estado, enviamos este mensaje, de la mano de todos ustedes, rodeando los esfuerzos de la JEP en la construcción de justicia y paz para lograr, ojalá pronto, que a cambio de la muerte impere aquí la vida reconciliada, que realmente seamos una potencia de vida en la que logremos que pronto la dignidad se vuelva costumbre”, puntualizó.

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El jefe de la cartera de Justicia destacó que el marco normativo contempla la posibilidad de hacer publicidad y promoción de los distintos productos y de la materia prima, aunque cumpliendo las disposiciones en la materia.

«Con la nueva resolución se aclaran los requisitos que deben presentarse tanto para importar como para exportar cada parte de la planta, sus derivados y demás productos. Esto para que los trámites sean claros para todos los interesados y las entidades participantes», manifestó Ruiz.

«Además, se incluyen los trámites para exportar a zona franca, con el fin de que allí se realicen las actividades de fabricación de derivados o que se adecúe el material para su salida al resto del mundo», agregó.

Según datos de ProColombia, se exportaron 10 millones de dólares en productos relacionados con la planta, cerca de igualar a Brasil en temas de exportación de este producto.

Así, Colombia demuestra un gran potencial en la exportación a más de 26 países. Entre los principales países se encuentran Estados Unidos, Australia e Inglaterra.

«Desde 2017, la experiencia nos ha dejado importantes aprendizajes en cuanto a organización y descongestión. Hoy, la plataforma digital Mecanismo de Información para el Control del Cannabis (MICC) es una herramienta en continua mejora y desarrollo, y resulta de gran utilidad», añadió Ruiz.

A través de esta, los licenciatarios pueden tener acceso a los trámites que se llevan a cabo ante las cinco entidades competentes: los ministerios de Salud y de Justicia, el ICA, el INVIMA y el Fondo Nacional de Estupefacientes” Añadió el Ministro de Justicia.

Finalmente, el Ministerio de Justicia manifestó que existen las condiciones especiales de la planta y todo su marco jurídico sobre su regulación, acordado y controlado, bajo la Resolución 539 de 2022.

También acogiéndose a los tratados internacionales en materia de estupefacientes, esto se deriva tras las quejas de la industria por la lentitud del trámite relacionado con la producción del cannabis medicinal.

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Desde la Casa de Nariño, y acompañado por Wilson Ruiz, titular de Justicia, y Fernando Ruiz Gómez, de Salud, el presidente Iván Duque Márquez destacó cómo el país «se sitúa hoy a la vanguardia de la reglamentación del uso del cannabis medicinal».

El mandatario aseguró que esta nueva reglamentación es un paso muy importante para el desarrollo de esos usos industriales del cannabis medicinal, aunque sin sus componentes psicoactivos, en sectores como alimentos, bebidas y textiles.

«Esto permitirá que, en el sector de alimentos, textiles y bebidas, que sean alcohólicas y no alcohólicas, se pueda hacer uso de los componentes no psicoactivos y por lo tanto también ofrecer para el mercado nacional y extranjero», agregó.

Duque recordó que esta nueva reglamentación complementa la adoptada por el Gobierno con el Decreto 811 del 2021, que definió los protocolos y los mecanismos para la exportación de flor seca de cannabis.

Este desarrollo se logró -según Duque- gracias a la articulación entre los ministerios, que permite, entre otras tareas, avanzar en los créditos para pequeños y medianos productores de cannabis medicinal, a través del Banco Agrario, y facilitar el manejo de divisas y comercialización.

El jefe de Estado también precisó que la nueva reglamentación establece los cupos y tarifas para la exportación de productos no psicoactivos derivados de la flor de cannabis, y que deben quedar definidos antes de un mes.

Suplementos alimenticios con base de cannabis medicinal

Entre tanto, el Ministro de Salud, Fernando Ruiz, explicó que se abre la puerta también para la producción de suplementos alimenticios, con base en los componentes de la flor de cannabis que no generan problemas psicoactivos, y complementar los dietarios existentes en Colombia.

«Para poder avanzar en todo el proceso de apoyo a la nutrición y al soporte para personas que requieren suplementos dietarios», dijo el ministro.

Y es que los ministerios se habían comprometido con el presidente Duque hace un mes a expedir la resolución, que también reglamenta las actuaciones del  uevo Fondo Nacional de Estupefacientes para el licenciamiento de cannabis.

«También reglamenta las diferentes disposiciones sanitarias que deben tener lugar por parte del Invima, con buenas prácticas de manufactura, y todos los requerimientos de etiquetado y demás, que son fundamentales para todo el avance de la industria», concluyó Ruiz.

*Con la información de la Presidencia de la República.

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El togado ordenó al Presidente de la República, Iván Duque Márquez, y a los representantes legales de las entidades nacionales y territoriales, como alcaldes, gobernadores «abstenerse de dar aplicación a la modificación realizada al parágrafo 38 de la Ley 996 de 2005».

De acuerdo con el fallo, la Ley de Garantías no se puede suspender a través un proyecto de ley, pues este trámite se debe llevar a cabo a través de una ley estatutaria, como lo establece la Constitución Política.

Para el representante de la rama judicial, «La restricción enunciada tiene como efectos garantizar los derechos al debido proceso, igualdad e imparcialidad en el proceso electoral», mencionó el fallo de tutela.

La restricción solo estará vigente «hasta que la Corte Constitucional conozca de la demanda de acción pública de inconstitucionalidad que adelantará el señor Bravo Gutiérrez o que, en ejercicio de ese derecho, radique cualquier ciudadano», según el artículo 241 del C.N.

Es decir, la Ley del PGN podrá expedirse, pero el aparte que modifica la Ley de Garantías, que es el artículo 125 de la Ley 096 de 2021 (Senado) y 158 de 2021 (Cámara) quedará suspendido durante 30 días hábiles después de su publicación.

Si pasado este periodo de tiempo el alto tribunal no ha recibido o aceptado alguna demanda contra esta modificación, esta suspensión que ordeenó el juez no será válida y el cambio que hizo el Congreso entraría a tener efectos.

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«En Colombia, el nuevo deporte nacional parece ser el irrespeto y desacato de las decisiones judiciales por parte de algunos altos servidores públicos integrantes del Ejecutivo, a cuyo extravagante torneo concurre ahora el propio señor Ministro de Justicia, Wilson Ruiz», indicó Bustos.

De acuerdo con el veedor, Ruiz «quien en lugar de dar ejemplo, denosta y e intimida al juez de ejecución de penas que dispuso el traslado a prisión domiciliaria del exalcalde Jorge Luis Alfonso López».

El mencionado político registra, según Bustos, un grave estado de salud, «medicamente conceptuado, dado que el según el juez evidencio que el centro penitenciario donde se hallaba recluido no le podría brindar el cubrimiento medico que demanda sus múltiples patologías».

Autoridades públicas como @MinjusticiaCo – ministro de Justicia Wilson Ruiz están llamadas a dar ejemplo de respeto por decisiones judiciales, en lugar de socavar su autonomía e independencia como caso de detención domiciliaria concedida a exalcalde Jorge Luis Alfonso López pic.twitter.com/RxczImHCYr

— RED DE VEEDURIAS DE COL -Pablo Bustos Sánchez (@redveeduriascol) October 20, 2021

En su concepto, Ruiz debió acudir a los recursos de ley que son el mecanismo expedito para controvertir válidamente las decisiones judiciales, y no las intimidaciones extraprocesales como consideran se han dado en este proceso, que involucra al hijo de la excongresista Emilse López, alias ‘La Gata’, condenada por parapolítica.

«El rechazo del ministro de Justicia a tal medida, por fuera del trámite procesal y de los recursos que le son propios desdice de su condición como jurista y parece como si en el país existieran los delitos de sangre, y que le incomodara la aplicación y respeto de los derechos humanos fundamentales consagrados para los internos», dijo Bustos.

«Una cosa es discrepar de las ordenes judiciales, y otra señalarlos de corruptos o bandidos a los jueces, como parece traslucirse en la formulación de quejas disciplinarias en su contra, cuando en Estado cuenta con las oportunidades y recursos legales para controvertir o discrepar judicialmente tal decisión», puntualizó.

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