La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, explicó que parte de los recursos requeridos para atender estas obligaciones fueron contemplados en el Presupuesto General de la Nación aprobado durante la administración anterior, pero quedaron sin situación de fondos. Según la funcionaria, el Gobierno adelanta actualmente las gestiones necesarias para disponer de esos recursos.

Por instrucción del presidente Abelardo De La Espriella, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Colpensiones instalaron mesas técnicas para definir las acciones presupuestales que permitan atender las obligaciones pensionales de los dos últimos meses del año.

“Hace unos días alertamos al país sobre un problema que encontramos. Hoy podemos decirles que tenemos una ruta para solucionarlo. A nuestros pensionados y sus familias quiero decirles que pueden estar tranquilos. Estamos haciendo lo necesario para garantizar los recursos y cumplir con el pago de sus mesadas”, afirmó la ministra.

López Fuentes señaló que el objetivo de las gestiones es evitar que las dificultades presupuestales identificadas afecten el pago de las pensiones. La funcionaria destacó que estos recursos son fundamentales para los beneficiarios y sus hogares.

“Cuando hablamos de una pensión no hablamos simplemente de números. Hablamos del mercado de una familia, de los servicios públicos, de los medicamentos y de la tranquilidad de una persona que trabajó durante décadas”, manifestó.

La ministra agregó que el Gobierno mantiene como prioridad garantizar el cumplimiento de las obligaciones pensionales y aseguró que los derechos de los pensionados serán respetados.

La situación se encuentra actualmente en proceso de definición entre las entidades responsables de la gestión presupuestal y del pago de las mesadas. El Gobierno deberá concretar las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad de los recursos correspondientes a noviembre y diciembre de 2026.

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“Los recursos del Presupuesto General de la Nación para 2024 no van etiquetados para proyectos específicos de infraestructura, sino que los convirtieron en una bolsa de $13 billones para que el presidente de la República disponga de ellos, como él lo quiera hacer, y eso es delicadísimo porque no respetaron las vigencias futuras. ¿Dónde quedan los recursos para el Metro de la 80 y las obras para el Túnel de Toyo o para las vías 4G?”, expresó el alcalde.

Añadió que en el decreto los recursos salen como partidas globales y no se respetan vigencias futuras, lo que afecta la infraestructura estratégica de todo el país y deja en el limbo los recursos para proyectos que en anteriores gobiernos nacionales ya se habían comprometido.

En el período 2016-2019, la Alcaldía de Medellín comprometió $400.000 millones en vigencias futuras para el Túnel Guillermo Gaviria. Esas obras, al igual que el Metro de la 80, están en riesgo por la financiación de la Nación. Acerca de los cinco metrocables que fueron anunciados en la anterior administración y respaldados por el Gobierno, no hay a la fecha recursos garantizados.

El agravante de esta situación radica en que algunas de estas obras están adjudicadas o contratadas, o incluso avanzan en sus cronogramas de ejecución.

“¿Qué es lo que pretende el Gobierno Nacional con esto? Nunca había existido tal centralismo como el que estamos viendo, cuando la promesa era completamente diferente y era la descentralización de los recursos. ¿Dónde quedamos las regiones? Es que no es una limosna. Es que las regiones aportamos recursos al orden nacional. Es que desde las regiones va la plata”, afirmó el mandatario.

Federico Gutiérrez aseguró que esos recursos con los que se habían comprometido, como mínimo tienen que ser respetados. Esta es una petición no solo para Medellín sino para todas las regiones del país.

Por escrito, el alcalde le expresó al presidente Gustavo Petro, al ministro de Hacienda y al ministro de Transporte, su preocupación por el futuro de los proyectos estratégicos que tienen recursos del Gobierno Nacional.

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Este proyecto de resolución propone que el incremento en las tarifas de peaje para estabilizarlas comience a partir del 1 de diciembre y esté en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año 2022, el cual cerró en un 13,12%.

Por otro lado, es importante aclarar que durante el 2023, no se realizará el aumento contractual por término de unidades funcionales o por el cumplimiento de condiciones contractuales en las estaciones de peaje relacionadas con los contratos de concesión y Asociaciones Público Privadas a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

¿Cuándo se hará el aumento a peajes?

En ese sentido a partir del 16 de enero de 2024, las tarifas tendrán un aumento de acuerdo al IPC del año 2023, en lo que respecta a las concesiones y Asociaciones Público Privadas que fueron afectadas por el congelamiento.

En cuanto a la ANI tendrá la responsabilidad de finalizar la normalización del esquema tarifario estimado para ese momento, a más tardar el 1 de julio de 2024.

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La resolución, que está a la espera de la firma del Ministro de Transporte, William Camargo, busca abordar un tema crucial, pues autoridades como la Cámara Colombiana de la Infraestructura han advertido que si no se implementa el aumento, el Gobierno podría verse en la necesidad de utilizar recursos del Presupuesto General de la Nación.

En caso de tener que usar el Presupuesto General para compensar a las concesiones esto podría tener un impacto en los recursos destinados a áreas la salud y la educación.

Es por ello que la normalización de estas tarifas de peajes en Colombia está diseñada con el fin de responder a la situación económica del país y garantizar el adecuado financiamiento de las concesiones de infraestructura, teniendo en cuenta el IPC y los contratos existentes.

Por: Sara Pardo Del Río

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