Varón y Henao estarían presuntamente vendiendo esa tesis por todo lado, pero lo cierto es que la elección se hará el miércoles, sin falta.

Ojo, la ley 2003 de 2019 modificó el artículo 286 de la ley quinta que establece el nuevo régimen de conflicto de intereses de los congresistas.

Ese artículo dos 86 en su literal F dice que no habrá conflicto de intereses “cuando el congresista participa en la elección de otros servidores públicas mediante voto secreto”.

🔴 ¿Conflicto de intereses al votar por Gregorio Eljach? 🤔

No hay conflicto cuando los congresistas votan secretamente, salvo que exista parentesco con el candidato. El presidente del Colegio de Abogados, Francisco Bernate, afirmó que el proceso debe seguir a pesar de demandas. pic.twitter.com/9vj0fFDgwD

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Y mire lo que dicen algunos expertos:

Alfonso Gómez Méndez: “la sola interposición de la demanda no afecta el proceso de elección del Procurador, ese proceso está amparado por la presunción de legalidad y se debe hacer”.

Incluso, el presidente del Colegio de Abogados, Francisco Bernate, manifestó que independientemente de las demandas y de posibles recusaciones que no hay lugar, se debe realizar la elección.

“El Senado de la República está en la obligación de escoger el procurador General de la Nación a partir de la terna que hoy está confeccionada. El que existan demandas, cuestionamientos en absoluto detiene o vicia el trámite”, precisó.

Incluso, el abogado Pablo Bustos de la Red de Veedurías de Colombia, señaló que el actual procedimiento adelantado para la elección de Procurador General de la Nación se encuentra ajustado a derecho y no existe conflicto de intereses a la luz de lo establecido en el literal f del articulo 1 de la Ley 2003 de 2019 prohibe la declaratoria de conflicto de intereses, impedimentos y recusaciones en la elección de cualquier servidor público por el Congreso de la República, no solamente para el Senado ni para esta elección. Además, se agotó el trámite por parte de la Comisión de Ética, declarándose aún así el impedimento y siendo negado por la corporación en pleno. Este procedimiento es perfectamente válido”.

🚨 #URGENTE | Red de Veedurías de Colombia (@redveeduriascol) aclara que el procedimiento para la elección de Procurador General de la Nación se encuentra ajustado a derecho y no existe conflicto de intereses según el literal F del articulo 1 de la Ley 2003 de 2019. @PGN_COL pic.twitter.com/ohYaaCreKW

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Es es ese sentido, las decisiones judiciales y los conceptos de los sujetos procesales, como las posiciones que cada una de las partes asuma en el proceso son sometidas a controles periciales y a la normatividad vigente, motivo por el cual se debe respetar lo establecido en la ley y en la constitución.

Así lo considera el presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos, teniendo en cuenta que el procurador delegado José Enrique Sanjuán cuenta con varios años de experiencia y que hace parte de la carrera en esta entidad, por lo que no debe ser sometido a un matoneo moral por cumplir con las funciones que la ley le obliga ejercer, por cuenta del escenario político electoral que el país enfrenta.

Lo anterior, debido a la solicitud de preclusion que hizo el funcionario, al considerar que el testigo estrella en el caso, Juan Guillermo Monsalve, hoy preso, al parecer no habría pertenecido a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y su versión sobre presuntos nexos de Uribe con grupos armados ilegales serían sospechosas.

«Enviaremos escrito a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que garantice la vida y honra del procurador delegado para el caso Uribe, porque este funcionario público está cumpliendo con su deber», dijo Bustos.

«Quiero aclarar que no le conozco y en la Red de Veedurías de Colombia tampoco le conocemos, pero consideramos que el matoneo moral al que está siendo sometido este funcionario además de ser un error y en un equívoco de cara a la función que debe cumplir en un proceso penal donde existen garantías, se podría generar un temor en futuras audiencia y por consiguiente crear espacios de incertidumbres en las garantías procesales a las que cualquier ciudadano tiene derecho», agregó.

Frente al caso del expresidente y senador, la Red de Veedurías de Colombia se muestra respetuosa de las decisiones que la justicia tome. No obstante, pide a las partes no mediatizar para generar odios en pleno proceso electoral.

Toda vez que, según Bustos, los políticos no deben convertirse en  y los jueces tampoco pueden ser mediatizados para convertirse en actores políticos. Las garantías deben ser para todos los ciudadanos.

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