En un proceso penal, cada uno de los intervinientes cumple con un rol determinante que, al final, le da garantías al procesado, a la sociedad y por supuesto a la nación. Este es un postulado que tomó fuerza este martes, durante la audiencia de preclusion del caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien es señalado de haber cometido presunto fraude procesal y manipulación de testigos.

Es es ese sentido, las decisiones judiciales y los conceptos de los sujetos procesales, como las posiciones que cada una de las partes asuma en el proceso son sometidas a controles periciales y a la normatividad vigente, motivo por el cual se debe respetar lo establecido en la ley y en la constitución.

Así lo considera el presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos, teniendo en cuenta que el procurador delegado José Enrique Sanjuán cuenta con varios años de experiencia y que hace parte de la carrera en esta entidad, por lo que no debe ser sometido a un matoneo moral por cumplir con las funciones que la ley le obliga ejercer, por cuenta del escenario político electoral que el país enfrenta.

Lo anterior, debido a la solicitud de preclusion que hizo el funcionario, al considerar que el testigo estrella en el caso, Juan Guillermo Monsalve, hoy preso, al parecer no habría pertenecido a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y su versión sobre presuntos nexos de Uribe con grupos armados ilegales serían sospechosas.

«Enviaremos escrito a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que garantice la vida y honra del procurador delegado para el caso Uribe, porque este funcionario público está cumpliendo con su deber», dijo Bustos.

«Quiero aclarar que no le conozco y en la Red de Veedurías de Colombia tampoco le conocemos, pero consideramos que el matoneo moral al que está siendo sometido este funcionario además de ser un error y en un equívoco de cara a la función que debe cumplir en un proceso penal donde existen garantías, se podría generar un temor en futuras audiencia y por consiguiente crear espacios de incertidumbres en las garantías procesales a las que cualquier ciudadano tiene derecho», agregó.

Frente al caso del expresidente y senador, la Red de Veedurías de Colombia se muestra respetuosa de las decisiones que la justicia tome. No obstante, pide a las partes no mediatizar para generar odios en pleno proceso electoral.

Toda vez que, según Bustos, los políticos no deben convertirse en  y los jueces tampoco pueden ser mediatizados para convertirse en actores políticos. Las garantías deben ser para todos los ciudadanos.