Las iniciativas incluyen la entrega de 100 novillas, insumos agropecuarios, herramientas y acompañamiento técnico para fortalecer la producción campesina y mejorar la seguridad alimentaria en territorios históricamente golpeados por la violencia.

Los proyectos se desarrollan en el corregimiento de Ochalí, en Yarumal, y en la vereda El Tigre, en Caucasia, dos comunidades que durante décadas enfrentaron desplazamientos, homicidios, desapariciones y presencia de grupos armados ilegales.

En el caso de Ochalí, las familias beneficiadas también avanzan en proyectos cafeteros y procesos comunitarios orientados a recuperar la economía rural y reconstruir el tejido social afectado por más de 30 años de conflicto.

Según las comunidades, estas iniciativas representan una oportunidad para fortalecer la permanencia campesina en el territorio y generar nuevas fuentes de ingreso para las familias.

“Vivimos muy aislados, pero aquí seguimos trabajando el campo, el café y ahora el ganado. Hay que aprovechar este apoyo para salir adelante y recuperar nuestras tierras”, expresó Guillermo López, uno de los campesinos beneficiados.

Más apoyo para las comunidades rurales

Las autoridades informaron que en las próximas semanas llegarán otras 120 reses destinadas a 60 familias adicionales en Ochalí, como parte de la ampliación del proyecto productivo.

En la vereda El Tigre, en Caucasia, el programa beneficia a 49 familias reconocidas como víctimas del conflicto armado.

Además del componente ganadero, las comunidades recibieron semillas, herramientas de trabajo y maquinaria menor para impulsar los llamados “convites veredales”, jornadas colectivas de trabajo comunitario tradicionales en las zonas rurales antioqueñas.

La recuperación de estas prácticas busca facilitar mejoras en viviendas, caminos, fuentes de agua y labores agrícolas, además de fortalecer la integración comunitaria.

Los proyectos también contemplan procesos de formación agroempresarial y asistencia técnica con acompañamiento institucional para garantizar la sostenibilidad económica de las iniciativas en el mediano y largo plazo.

Estas acciones hacen parte de las medidas contempladas dentro de los procesos de reparación colectiva para comunidades afectadas por el conflicto armado en Antioquia.

Actualmente, el departamento cuenta con 118 sujetos de reparación colectiva entre comunidades campesinas, organizaciones de víctimas, municipios y grupos étnicos que avanzan en procesos de restitución, rehabilitación y reconstrucción social.

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En términos de sentencias, los jueces y magistrados de restitución de tierras han emitido 1.521 sentencias en los últimos 20 meses, para la restitución de 92.662 hectáreas. Además, el gobierno facilitó la entrega material y por compensaciones de 35.674 hectáreas.

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Por primera vez se implementó el componente de seguridad alimentaria atendiendo a 13 comunidades étnicas con 11.083 familias. Esto significó una inversión de 33.961 millones de pesos.

Adicionalmente, la URT apoyó 1.156 proyectos productivos, que tuvieron una inversión de 49.960 millones de pesos.

La Unidad mejoró la tasa de aprobación de solicitudes de restitución, que pasaron de una negación del 65%, en administraciones anteriores, al 72% de aprobación bajo la actual gestión.

En las evaluaciones que se realizaron, la Unidad encontró que había posibles favorecimientos a las prioridades e intereses empresariales sobre los derechos de las víctimas. Por esto, se eliminó el Equipo de Asuntos Ambientales, Minero Energético y de Infraestructura (AMEI) y se introdujo un enfoque socioambiental en los procesos de restitución.

Al lado del Ministerio de Justicia y la Unidad para las Víctimas se radicó el proyecto de ley en el Congreso de la República, que busca agilizar los procesos de tierras que no tienen oposición para adelantarlos por vía administrativa.

Este enfoque es parte de una reforma más amplia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que también incluye medidas para reconocer y compensar a víctimas ubicadas en reservas forestales o parques nacionales.

Para descongestionar el cúmulo de casos, se implementaron ocho nuevos juzgados de restitución de tierras, cinco de los cuales están dedicados exclusivamente a casos étnicos.

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Según se indicó, estos juzgados están diseñados para atender eficazmente las demandas de restitución de tierras de comunidades afrodescendientes y campesinas, asegurando procesos más justos y equitativos.

Para reforzar la colaboración y mejorar la eficacia de la restitución de tierras, la URT ha firmado convenios con entidades como la Justicia Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y se establecieron mesas permanentes con enfoques diferencial y de género.

​Giovani Yule, director de la URT, aseguró que “las familias y el territorio colectivo han sufrido todo tipo de violencias en medio de la guerra, son víctimas de abandono por los desplazamientos masivos forzados, se afectó su derecho a la posesión, uso y goce del territorio. Y su relación espiritual con la tierra también se deterioró”.

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