Según la investigación, las funcionarias habrían usado su acceso al sistema de nómina para asignarse valores superiores a los que les correspondían.

La Procuraduría Regional de Instrucción del Quindío señaló que Zuluaga Rincón y Díaz Latorre, en calidad de profesionales universitarias de la Secretaría Administrativa, habrían ingresado montos adicionales en sus liquidaciones, bajo conceptos como bonificaciones y ajustes salariales sin justificación aparente.

En el caso de Zuluaga Rincón, se identificaron al menos 30 pagos irregulares entre junio de 2020 y septiembre de 2023, por un total superior a los $79 millones. Por su parte, Díaz Latorre habría recibido 52 pagos injustificados entre julio de 2021 y septiembre de 2023, con un monto superior a los $45 millones.

El órgano de control formuló un segundo cargo contra las investigadas por presuntamente manipular la plataforma oficial en la que se procesan los pagos de nómina. Según la entidad, esto les habría permitido ingresar valores adicionales sin contar con soportes administrativos.

La Procuraduría calificó provisionalmente las conductas como faltas disciplinarias gravísimas, cometidas a título de dolo, argumentando que las funcionarias habrían vulnerado el principio de moralidad en la función pública.

Foto y noticia: Colprensa

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En ese sentido, fueron capturadas y presentadas ante jueces de control de garantías dos personas que habrían sido beneficiadas irregularmente con contratos en los Departamentos de Quindío y Tolima. Se trata de Raúl Alfonso Cardozo Nuncira y Andrés José Ospina Rosales, a quienes… pic.twitter.com/a1W1N3RSCw

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) November 17, 2023

Según la investigación en curso, los procesos contractuales habrían sido manipulados por una presunta organización delictiva, de la cual formarían parte dos senadores, un exfuncionario del Departamento Administrativo de Prosperidad Social (DPS) y el ex Gerente de la Empresa para el Desarrollo Territorial Proyecta Quindío.

Los contratos bajo escrutinio están relacionados con un acuerdo entre el DPS y la Empresa Industrial y Comercial del Estado ‘Proyecta Quindío’, por un valor que supera los 49.000 millones de pesos. El objetivo del contrato era la gestión de la construcción o mejora de vías secundarias en varios departamentos.

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La evidencia recabada sugiere que, con la presunta intervención de los senadores, el exfuncionario del DPS, el exgerente de ‘Proyecta Quindío’ y otros individuos, se direccionó la adjudicación de contratos por un total de 25.436 millones de pesos a contratistas de obras priorizadas. Estos, al parecer, tuvieron conocimiento previo de los requisitos técnicos y financieros, lo que les permitió ajustar sus propuestas y asegurar la adjudicación de los contratos.

Contratos con los que se beneficiaron…

En el caso de Raúl Alfonso Cardozo Nuncira, se le adjudicaron varios proyectos, entre ellos el contrato de obra ‘Quindío Varios’ por 10.188 millones de pesos, destinado al mejoramiento de vías de bajo tránsito en Quindío. También se le direccionaron contratos de consultoría asociados a este proyecto, así como contratos en el departamento de Tolima.

Por otro lado, Andrés José Ospina Rosales resultó beneficiado con dos contratos, incluyendo el contrato de obra ‘Tolima Varios’ por 8.994 millones de pesos, cuyo objeto era el mejoramiento de vías rurales en placa huella.

Estas capturas y los cargos imputados son parte de los esfuerzos de la Fiscalía por desmantelar redes de corrupción conformadas por congresistas y funcionarios, que presuntamente han estado manipulando la contratación en entes regionales y territoriales. La audiencia para la imputación de cargos no fue aceptada por los acusados, quienes ahora enfrentarán el proceso judicial correspondiente.

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La primera entrega se realizó en Pereira, específicamente en el barrio El Cardal. La Ministra Velasco estuvo acompañada por Alberto Jiménez, Gerente de Fortal Construcción, en un recorrido por las viviendas de los beneficiarios del proyecto Fortal de Arborea.

Esto marcó un hito importante para estas familias, acercándolas a hacer realidad su sueño de ser propietarios de vivienda propia. Arbey Vera, beneficiario del proyecto, expresó su agradecimiento por la oportunidad que “Mi Casa Ya” le brindó. Mencionó que el bajo pago inicial y el hecho de que el apartamento todavía estaba en construcción le permitieron ser propietario de una vivienda.

Estas casas constan de tres habitaciones, cocina, patio, sala, estudio y también cuentan con cuatro espacios comerciales, gimnasio al aire libre, área de juegos, cuarto de desechos y áreas para BBQ.

Alberto Jiménez, Gerente de Fortal Construcción, destacó la colaboración proactiva con el Ministerio y el éxito del programa «Mi Casa Ya». Destacó el impacto positivo del nuevo esquema en el Sisbén (un índice de pobreza) y elogió el apoyo del gobierno local.

La Ministra Velasco partió hacia Quimbaya, Quindío, acompañada del Intendente en funciones, Diego Patiño, y representantes de la empresa Constructora Poporo. En Quimbaya, se entregaron viviendas del proyecto «Senderos de Poporo» a familias que habían solicitado subsidios a través de la nueva fase de «Mi Casa Ya».

Juan Diego Gómez, Presidente de la constructora Poporo, expresó su agradecimiento al Gobierno Nacional por el programa “Mi Casa Ya”, afirmando que cada subsidio contribuye a hacer realidad el sueño de tener una vivienda propia.

La Ministra Velasco también inauguró el Parque Deportivo Recreativo de Calarcá, Quindío, en colaboración con la alcaldesa en funciones, Laura Arenas.

El parque representa una inversión de $1,3 millones y beneficiará a más de 6 mil 500 personas. Velasco enfatizó el papel de dicha infraestructura en el desarrollo comunitario y el progreso social.

Además, durante su visita a Risaralda, la Ministra Velasco asistió a la edición 39 del Congreso de Fedelonjas y destacó la importancia histórica del programa «Mi Casa Ya». Así mismo, analizó los desafíos del sector vivienda y reiteró el compromiso del Gobierno de impulsar la economía, colaborar con los empresarios, fortalecer el sector de la construcción y seguir haciendo realidad los sueños de ser propietario de una vivienda a través de programas como «Mi Casa Ya.»

Con esta iniciativa el Gobierno proporcionará viviendas asequibles, fomentará el crecimiento económico y mejorará la calidad de vida de los ciudadanos, a través de programas y proyectos de infraestructura cuidadosamente diseñados.

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Asimismo, el Ministerio de Transporte exhorta, a la Agencia Nacional de Infraestructura (Concedente) y al Concesionario Autopistas del Café para que rápidamente gestionen todo lo necesario y suficiente, a efectos de atender debidamente con los Familiares de las Víctimas fatales y a las personas heridas, así como se de manera inmediata restablecimiento del tráfico vehicular por este sitio, con las debidas condiciones de seguridad y operatividad.

Por otra parte, la CGR le recuerda al Ministerio de Transporte, a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), al Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), y a los Concesionarios e Interventores, que son responsables directos de asegurar el debido cumplimiento de la Norma Colombiana de diseño de Puentes que se elaboró en el 2014 (CCP14) y de la apropiada operatividad del Sistema de Administración de Puentes de Colombia (SIPUCOL), máxime cuando este puente siniestrado hacía parte de una vía concesionada a AUTOPISTAS DEL CAFÉ desde el 2006, la cual fue objeto de una repotenciación y, recientemente, de un Estudio de Patología Estructural que, a juzgar por lo sucedido hoy, infortunadamente no arrojó ninguna alarma ni recomendación que hubiera podido ayudar a evitar esta lamentable tragedia.

Finalmente, la Contraloría anuncia que seguirá de muy cerca el desarrollo y pronta solución de este lamentable hecho, incluyendo la revisión de la pertinencia de abrir una indagación preliminar respecto de las acciones de repotenciación y patología estructural efectuadas al puente por el Concesionario AUTOPISTAS DEL CAFÉ, bajo la supervisión de la Interventoría y la ANI.

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En el túnel de La Línea se llevó a cabo la primera histórica Media Maratón, una fiesta deportiva que recibió más de 6.000 deportistas de Colombia, Venezuela, Portugal y Estados Unidos.

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Durante el espacio, en el que se daba a conocer la historia de Nelson Bonilla, un hombre al que condenaron de manera injusta a cuatro décadas de prisión por un delito que no cometió, y que posteriormente se descubrió como responsable a Garativo, se conoció la solicitud hecha, teniendo como precedente que Garavito ya cumplió las tres quintas partes de su condena.

Nelson Bonilla pasó 11 años de los 40 años de condena que le dieron por un crimen que no cometió. El verdadero culpable del delito es Luis Alfredo Garavito.

Reviva esta historia de #LosInformantes aquí 👇 https://t.co/XPGM5oA85P

— Los Informantes (@InformantesTV) November 1, 2021

Los documentos, que rápidamente se hicieron virales, dan cuenta de que el Inpec refirió en mayo pasado al juez primero de ejecución de penas de Valledupar (Cesar), Carlos Manrique, la solicitud de dejar en libertad al condenado, quien ya cumplió 22 años de la pena de 40 años que recibió por la comisión de los delitos por los cuales fue hallado culpable por parte de la justicia colombiana.

Cabe destacar que de acuerdo con registros de las autoridades, el pedófilo quindiano abusó de cerca de 200 menores de edad en diferentes regiones del territorio nacional, durante la década de los 90. Y aunque el Inpec dio curso a los trámites que le exige la ley en estos casos, el juez negó dicho recurso debido a que faltan requisitos por cumplir para conceder este beneficio.

INPEC pidió libertad condicional de Luis Alfredo Garavito, confeso asesino y violador de al menos 200 niños y niñas. Esto no puede pasar. Revelación de @InformantesTV pic.twitter.com/eAUv21cB6E

— Luis Carlos Vélez 🌎 (@lcvelez) November 1, 2021

Pase a haber pagado con parte de la pena impuesta, Garavito aún no ha cancelado los perjuicios ni reparado a sus víctimas, por falta de recursos económicos. Pero a esto se suma que el delincuente nunca ha solicitado salir del centro de reclusión, pues considera que lo más seguro para su integridad física es continuar tras las rejas, al ser uno de los personajes más odiados del país.

En el programa, el director del Inpec, el Mayor General Mariano Botero Coy, afirmó que el trámite se llevó a cabo únicamente porque la ley dice que la entidad debe efectuarlo cuando un preso cumple las tres quintas partes de su condena, sin importar el delito cometido. Como aconteció en el caso de Garavito, en el adjuntaron su cartilla biográfica y su certificado de conducta.

Y luego, en un video en los perfiles oficiales del Inpec, Botero Coy indicó que esta era apenas una de las 18 sentencias condenatorias que pesan sobre Garavito, quien además afronta 26 procesos judiciales más en calidad de sindicado, por lo que seguirá recluido en la cárcel de máxima seguridad de la capital del Cesar. A lo que se suma que por las demas condenas no tiene beneficios de carácter extramural.

El Mayor General Mariano Botero Coy, Director del INPEC se refiere a la situación del privado de la libertad Luis Alfredo Garavito. @DInpec pic.twitter.com/f6qt9kQn9z

— INPEC Colombia (@INPEC_Colombia) November 1, 2021

En su momento se llegó a hablar del pago de más 150 millones de pesos a un depósito judicial, a la par de establecer una indemnización con cada una de las familias de sus víctimas, para que el violador más feroz de Colombia dejara de estar encerrado. Versión que fue desmentida por el alto oficial, con lo que parece conjurar la polémica generada con esta revelación.

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