La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 123 meses y un día de prisión contra el exmagistrado José Leonidas Bustos Martínez por los delitos de cohecho propio y concierto para delinquir, relacionados con una red que habría intervenido en procesos judiciales a cambio de pagos ilegales.

En la decisión, la Sala de Casación Penal también pidió al Gobierno Nacional adelantar las gestiones diplomáticas y de cooperación internacional necesarias para que Bustos Martínez, quien se encuentra en Canadá, sea puesto a disposición de las autoridades colombianas y pueda hacerse efectiva la pena impuesta.

De acuerdo con la sentencia, el caso está relacionado con una estructura en la que participaron abogados litigantes que contactaban a integrantes del Congreso para obtener beneficios en actuaciones penales mediante el pago de dinero. La Sala consideró acreditada la responsabilidad del exmagistrado en los hechos por los que fue condenado.

Bustos Martínez llegó a ocupar la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. En su pronunciamiento, la corporación cuestionó la gravedad de las conductas examinadas y el impacto que los hechos tuvieron sobre la confianza pública en la administración de justicia.

Corte advierte sobre el impacto de la corrupción judicial

En la providencia, la Sala sostuvo que las conductas de corrupción judicial comprometen la credibilidad de las instituciones y afectan la confianza de la ciudadanía en los funcionarios encargados de administrar justicia.

La Corte también destacó la importancia de preservar principios como la imparcialidad, la transparencia, la autonomía y la ética judicial. Según el pronunciamiento, estos valores deben orientar el ejercicio de la función judicial y servir como garantía para evitar que situaciones similares se repitan.

El alto tribunal manifestó, además, que los actos de corrupción de algunos servidores pueden proyectar consecuencias negativas sobre la percepción pública de toda la Rama Judicial, incluso frente a quienes desempeñan sus funciones con rectitud.

Solicitud de cooperación judicial con Canadá

La Sala exhortó al Gobierno Nacional para que, por medio de la Cancillería y de la Embajada de Colombia en Canadá, adelante las gestiones correspondientes para lograr que Bustos Martínez comparezca ante las autoridades colombianas.

La petición se fundamenta en los mecanismos de cooperación judicial internacional y en el principio de reciprocidad, teniendo en cuenta que Colombia también tramita solicitudes de extradición provenientes de Canadá.

La Corte advirtió que la permanencia del exmagistrado fuera del alcance de la justicia colombiana dificulta la ejecución efectiva de la condena y la materialización de la respuesta del Estado frente a los hechos de corrupción judicial examinados.

Con la confirmación de la pena, la decisión judicial queda ratificada en los términos establecidos por la Sala. Las gestiones diplomáticas solicitadas buscan avanzar en la comparecencia del condenado ante las autoridades nacionales para que se haga efectiva la sanción.

La entrada Corte Suprema confirma condena contra José Leonidas Bustos y solicita gestiones para su retorno desde Canadá se publicó primero en Nación Paisa.

En un comunicado oficial, el alto tribunal advirtió que este tipo de declaraciones no solo socavan la confianza pública en la justicia, sino que también pueden poner en riesgo la vida e integridad de quienes administran justicia.

“La Constitución de 1991 consagró mecanismos que garantizan la independencia judicial como uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho. Estos principios deben seguir siendo protegidos, pues fortalecen la legitimidad de la Rama Judicial y la democracia”, señaló la Corte.

La Corte recordó que el Estado colombiano ha mantenido una tradición de respeto a la autonomía judicial, y que cualquier desacuerdo frente a los fallos debe canalizarse a través de las vías legales que ofrece el ordenamiento jurídico, no mediante declaraciones que desinforman o polarizan la opinión pública.

En ese contexto, la corporación hizo un llamado a los líderes políticos, actores sociales y ciudadanía en general a actuar con responsabilidad en sus pronunciamientos, especialmente en momentos en que decisiones judiciales captan el interés público.

“Los desacuerdos deben manifestarse respetando el debido proceso y la institucionalidad. Las expresiones que desacreditan la función judicial solo debilitan el Estado de Derecho”, concluye el comunicado.

Foto: Colprensa

La entrada Corte Suprema rechaza ataques que ponen en riesgo la independencia judicial se publicó primero en Nación Paisa.

Una de las principales exigencias que tienen que cumplir es aplicar procedimientos de debida diligencia y conocimiento de clientes para evitar relacionarse con presuntos delincuentes o integrantes de redes criminales, y para ello es clave la consulta de procesos judiciales.

Sin embargo, la fuente de esta información –Rama Judicial y Consejo Superior de la Judicatura– impuso una restricción que está impactando negativamente el trabajo de miles de oficiales de cumplimiento del país, quienes son los responsables directos de implementar los controles antilavado.

Por medio de sus políticas de privacidad y términos de uso, la Rama Judicial determinó que “no se puede[n] ejecutar consultas automatizadas o la utilización de robots informáticos hacia dicho aplicativo” de revisión de procesos judiciales.

Esto ha llevado a que cientos de empresas obligadas a prevenir lavado de activos y que cuentan con miles de clientes o proveedores, tengan que ingresar al aplicativo y realizar manualmente y una por una las respectivas consultas, generando demoras en el procedimiento y una alta exposición a errores operativos.

En vista de esta situación Infolaft Academy, el principal centro de capacitación antilavado y anticorrupción de Colombia, decidió lanzar una petición pública en el portal change.org y que va dirigida hacia la Rama Judicial.

La campaña, cuyo propósito es pedir a la autoridad judicial que elimine la restricción de las consultas automatizadas, ha recibido más de 1000 firmas de profesionales antilavado de activos y empresarios de todo el país.

Según Sergio Reyes Díaz, director de Infolaft Academy, “la consulta automatizada de procesos judiciales no solo sería más eficiente en términos de recurso humano, sino que protegería a las empresas del riesgo de involucrarse con personas vinculadas en casos de lavado de activos o cualquiera de sus 65 delitos fuente”.

“Ya logramos nuestro primer objetivo de alcanzar 1000 apoyos. Lo que sigue es buscar un espacio de conversación con la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura para exponerle nuestros argumentos y darle a conocer la difícil situación que está generando la restricción. La Rama Judicial es promotora de la legalidad, está al servicio de los ciudadanos y esperamos tener avances muy pronto”, asegura el experto.

La entrada Ejecutivos piden a Rama Judicial habilitar consultas automatizadas se publicó primero en Nación Paisa.