El convenio prevé el uso de la infraestructura existente de la Sociedad Portuaria Puerto Bahía, en Cartagena, de propiedad de Frontera Energy, considerada la alternativa de más rápida implementación disponible en el país para importar volúmenes adicionales de gas natural en condiciones técnicas y económicas competitivas.

Según lo acordado, el proyecto iniciará con una capacidad de 126 millones de pies cúbicos diarios (MPCD) en 2026 y se expandirá de manera progresiva hasta alcanzar 370 MPCD hacia 2028, volumen que contribuirá a reforzar la confiabilidad del sistema energético nacional y a atender la demanda tanto de la región Caribe como del interior del país.

Las compañías señalaron que esta solución busca mitigar los riesgos de desabastecimiento y aportar mayor estabilidad a los precios del gas, en un escenario marcado por la volatilidad del mercado internacional y el incremento de la dependencia de importaciones.

El acuerdo se integra al portafolio de abastecimiento del Grupo Ecopetrol y complementa otros proyectos estructurales en desarrollo, entre ellos la planta de regasificación en Coveñas, liderada por Cenit y Ecopetrol, que aportaría hasta 400 MPCD a partir de 2029, así como los proyectos costa afuera en el Caribe, que prevén sumar cerca de 470 MPCD hacia 2030.

Ecopetrol informó que el gas importado asociado a este proyecto será incorporado al proceso comercial actualmente en curso, cuyas bases y condiciones serán ajustadas de forma inmediata para garantizar una participación abierta y transparente de los agentes del mercado.

Las empresas reiteraron que la iniciativa se desarrollará en coordinación con el Gobierno y las autoridades del sector, como parte de una estrategia de largo plazo orientada a fortalecer la seguridad energética y la competitividad de la economía colombiana.

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Denuncia de la USO: Falta de Transparencia y Riesgo para la Soberanía Nacional

La USO advierte que este accionar de Ecopetrol al parecer sería una violación a los principios de buen gobierno y responsabilidad corporativa, poniendo en peligro la seguridad energética de Colombia. La venta de CENIT, decidida en secreto y sin debate público, compromete la soberanía nacional y expone al país a graves riesgos económicos y sociales.

Si esta decisión se concreta, Colombia podría llegar a enfrentar una crisis sin precedentes en el abastecimiento de combustibles, lo que obligaría al país a depender de la importación de crudo, refinados, combustible de aviación, nafta, ACPM y gasolinas. Esto no solo incrementará los costos para los ciudadanos, sino que significará la pérdida total de autonomía energética, dejando al país a merced de intereses extranjeros.

Impacto en los Trabajadores y Llamado a la Acción

La USO también alerta sobre los riesgos inminentes para los trabajadores, quienes podrían ver afectadas sus condiciones laborales y estabilidad en el empleo. La Subdirectiva de Oleoductos (SUO) reafirma su compromiso de no permitir que estas decisiones trascendentales se tomen a espaldas del país, vulnerando derechos adquiridos con años de lucha y esfuerzo.

Exigencias y Llamado a las Autoridades

Ante esta situación, la USO exige la inmediata intervención de las autoridades competentes para esclarecer los planes de Ecopetrol y garantizar transparencia absoluta en la gestión de los activos estratégicos del país. Además, hacen un llamado a la ciudadanía y a los trabajadores para que defiendan la soberanía energética y los derechos laborales.

Foto cortesía: Colprensa

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Riesgo por minería ilegal en predios de EPM

Según las autoridades, se han identificado actividades mineras no autorizadas llevadas a cabo por actores indeterminados en predios de EPM, dentro de los municipios de Anorí y Amalfi. Estas intervenciones ilegales han generado inestabilidad en los taludes y afectaciones en la infraestructura de la central hidroeléctrica Porce III, alterando el flujo del río Porce y aumentando el riesgo de movimientos en masa y avenidas torrenciales.

Comunidades en riesgo

Las siguientes poblaciones aguas abajo podrían verse afectadas por estas condiciones de riesgo:

Impacto en la seguridad energética

Los monitoreos realizados indican que estas actividades ilegales también comprometen la estabilidad de las instalaciones de Porce III, lo que pone en riesgo la seguridad energética del país.

EPM, el DAGRAN y las administraciones municipales han advertido sobre la gravedad de la situación y han recordado que estas acciones ilegales incumplen la Ley 1523 de 2012, que establece la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Medidas y acciones legales

Ante esta emergencia, EPM ha iniciado acciones legales contra los responsables de las actividades mineras no autorizadas y ha implementado medidas de contingencia para reducir los riesgos identificados. Entre las acciones inmediatas, se llevará a cabo el desmonte del jarillón construido de manera ilegal en el cauce del río Porce. Este proceso podría generar un aumento temporal en los caudales aguas abajo, debido a la recuperación de la sección hidráulica del río.

Las autoridades han activado los protocolos de comunicación para informar con antelación a las comunidades sobre la fecha, hora y detalles de las acciones de mitigación. Se recomienda a la población mantenerse atenta a los canales oficiales de información, como llamadas telefónicas, cadenas de WhatsApp y líderes comunitarios, para conocer las medidas de seguridad y protección.

La situación sigue en monitoreo constante por parte de las entidades competentes para evitar una emergencia mayor y salvaguardar la integridad de las comunidades en riesgo.

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El Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, convocará a los ministros de Minas y Energía, y de Hacienda, además de solicitar la presencia de la Procuraduría General de la Nación y gremios del sector energético, para buscar soluciones que eviten esta crisis.

Deudas que amenazan el sistema energético

Las principales alertas se centran en:

• Deudas por subsidios que alcanzan los $2,7 billones para energía eléctrica y $628 mil millones para gas natural.
• La opción tarifaria, con una deuda acumulada de $3,3 billones, sin mecanismos claros para su cobertura.
• Entidades públicas que adeudan grandes montos a las empresas prestadoras de energía y gas, poniendo en riesgo su sostenibilidad financiera.

Según la Contraloría, estas deudas afectan gravemente la liquidez de las empresas y podrían derivar en el desmonte de subsidios. Esto significaría un incremento en las tarifas, impactando especialmente a los hogares más vulnerables. Por ejemplo, una familia de estrato 1 que paga $30.000 por gas subsidiado podría ver su factura incrementada a $58.000 sin el subsidio.

Riesgo de racionamiento y afectación al desarrollo económico

El ente de control advirtió que los retrasos en los pagos podrían derivar en un fuerte racionamiento energético, afectando no solo a los usuarios residenciales, sino también a sectores productivos y al desarrollo económico del país. Además, resaltó que la inseguridad energética desincentiva la inversión de los sectores público y privado.

Acciones necesarias e inmediatas

La Contraloría solicitó al Gobierno Nacional priorizar el giro de los recursos necesarios para cubrir estas deudas y trabajar en medidas a mediano plazo para garantizar el abastecimiento energético. Entre las recomendaciones están:

1. Garantizar el pago de los subsidios de energía y gas.
2. Implementar mecanismos claros para cubrir la deuda de la opción tarifaria.
3. Diseñar políticas públicas que incentiven nuevos proyectos de generación energética.

Convocatoria a mesas de trabajo

El Contralor General también anunció la convocatoria a mesas de trabajo con los ministros, la Procuraduría General y gremios del sector minero-energético. El objetivo es encontrar soluciones concretas que beneficien a la ciudadanía y protejan los recursos públicos, evitando mayores perjuicios en todos los sectores.

«Es indispensable que el Gobierno actúe de manera articulada para garantizar la prestación de los servicios públicos y prevenir un apagón que afectaría principalmente a los estratos más bajos del país», enfatizó Rodríguez Becerra.

Impacto en los programas de subsidios

La Contraloría destacó las graves deficiencias en los esquemas de subsidios, que comprometen la calidad, el acceso equitativo y la sostenibilidad financiera de los programas. Además, señaló la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos destinados a tarifas de electricidad y gas.

Esta crisis representa un desafío urgente para el Gobierno Nacional, que debe tomar medidas inmediatas para evitar un descalabro en el sistema energético del país y proteger a las familias más vulnerables.

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Este anuncio se da tras un trabajo conjunto con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y el Ministerio de Minas y Energía.

La inversión es el resultado de un compromiso adquirido por la compañía durante la inauguración de un parque de energías limpias en Sabanalarga, Atlántico, donde participó el presidente Gustavo Petro.

ISAGEN confirmó que los recursos serán gestionados a través del mecanismo de Obras por Impuestos, con un enfoque en las comunidades más necesitadas, especialmente en la región Caribe.

«En la inauguración de nuestro proyecto solar en Sabanalarga, nos comprometimos a destinar $50 mil millones para apoyar la estrategia de comunidades energéticas impulsada por el Gobierno Nacional», destacó ISAGEN en un comunicado oficial.

Beneficios a comunidades

Los proyectos beneficiarán a más de 1.800 habitantes en varios municipios de Bolívar, Córdoba, Sucre y Meta. Entre las localidades incluidas están Carmen de Bolívar, San Juan Nepomuceno, Zambrano, Montelíbano, Tierralta, San Onofre, Puerto Rico y Puerto Gaitán.

«Desde ISAGEN, apoyamos la estrategia del Gobierno y reafirmamos nuestro compromiso con la transición energética. Creemos firmemente en nuestra capacidad para contribuir a superar los desafíos energéticos que enfrenta el país», concluyó la empresa.

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