La decisión se produjo luego de una investigación administrativa adelantada por la autoridad de vigilancia del sector transporte, que concluyó que el CDA habría alterado resultados de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, permitiendo la circulación del vehículo pese a no cumplir con las condiciones de seguridad exigidas por la ley.

Según el informe preliminar, el centro habría reportado información presuntamente inconsistente al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), lo que, de acuerdo con la Superintendencia, representó un riesgo directo para la vida de los ocupantes del automotor y otros usuarios de la vía.

Entre los hallazgos identificados durante la revisión de material fílmico del sistema SICOV y las inspecciones técnicas posteriores, se destacan falencias en la inspección sensorial, ausencia de revisión exterior e interior del vehículo —incluidas llantas, luces, carrocería, sillas, cinturones de seguridad y salidas de emergencia—, así como deficiencias en elementos de señalización y seguridad reflectiva.

Como medida preventiva, la Superintendencia ordenó la desconexión inmediata del CDA del RUNT, la imposibilidad de expedir certificados de revisión técnico-mecánica y la suspensión total del servicio durante el periodo establecido, mientras avanza el proceso administrativo sancionatorio.

Las autoridades señalaron que la investigación continuará y no se descartan nuevas decisiones o sanciones adicionales conforme se evalúe el alcance de las presuntas irregularidades y las responsabilidades derivadas del caso, uno de los siniestros viales más graves registrados recientemente en el país.

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Asimismo, se impuso medida administrativa a la aerolínea Fast Colombia (Viva), ordenando el desarrollo de un Plan de Atención a Usuarios frente a la situación presentada y remitir periódicamente a la Entidad un informe sobre las PQRD radicadas. Así mismo, la emisión de un comunicado oficial en donde consten los canales de atención y que se implementen las medidas compensatorias y en materia de reembolso que haya lugar.

Por otra parte, esto se dio mediante la Resolución nro. 637 del 1 de marzo de 2023, la Superintendencia de Transporte encontró mérito para abrir investigación administrativa y formular cargos en contra de la aerolínea Fast Colombia-Viva, por el presunto incumplimiento del literal a. del numeral 1 del artículo 3 de la Ley 105 de 1993, debido a la suspensión súbita de sus operaciones a partir de las 11:00 pm del 27 de febrero de 2023, afectando a los usuarios que ya contaban con reservas emitidas y confirmadas.

Por último, la Entidad impuso medida administrativa ordenando a dicha aerolínea que desarrolle un Plan de Atención a Usuarios con el propósito de enfrentar la situación presentada con esta decisión. Además, se ordena la remisión periódica de las PQRD que se radiquen por parte de los usuarios, la emisión de un comunicado oficial en donde consten los canales de atención y, que se implementen las medidas compensatorias y en materia de reembolsos a que haya lugar. Según la Superintendente de Transporte, Ayda Lucy Ospina Arias, “la Entidad ejerce sus funciones de inspección, vigilancia y control de manera rigurosa en materia de transporte aéreo, por eso, el cumplimiento de lo dispuesto en las normas es primordial y en este caso en particular, fueron alrededor de 466.604 usuarios que tenían reservas confirmadas al 27 de febrero, fecha de la suspensión de las operaciones de Viva”. 

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El proceso se adoptó, ya que, a partir de las evidencias recolectadas como los tiquetes de pesaje y demás documentación, se encontraron inconsistencias en el control del Peso Bruto Vehicular (PBV) de los vehículos de carga.

Al parecer, los investigados no estarían teniendo en cuenta estas tablas autorizadas por el Ministerio de Transporte y también registradas en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

«En las inspecciones a las estaciones de pesaje, la Delegatura de Concesiones e Infraestructura supervisa que los pesos brutos vehiculares autorizados por el Gobierno se cumplan», dijo el Superintendente de Transporte, Wilmer Salazar Arias.

«Ya que, si se establecen valores diferentes al peso máximo permitido no solo se quebranta la normatividad, sino que se puede comprometer el estado de la infraestructura, la seguridad vial o los legítimos derechos de los usuarios», agregó.

Estas conductas podrían generar irregularidades como el detrimento de la infraestructura vial. «Uno de los principales objetivos del sistema de movilidad integrado que conforma la infraestructura del transporte terrestre es preservar el patrimonio vial del país, con calidad y seguridad», indicó la Superintendencia.

A tener en cuenta

Las estaciones de pesaje son instalaciones operativas que hacen parte de esta infraestructura, por lo tanto, el incumplimiento de la norma podría comprometer la rigurosidad en la actividad del control del sobrepeso, el cual resulta necesario para la conservación de la infraestructura y la seguridad vial.

Por su parte, un adecuado control al denominado Peso Bruto Vehicular hace que la probabilidad de ocurrencia de siniestros viales por cuenta de esta variable resulte técnicamente previsible.

Es claro que un vehículo que transita con sobrepeso acelera la destrucción de la infraestructura del transporte, al reducir la vida útil del pavimento y, de mantenerse esta condición sin control alguno, posiblemente, se presenten siniestros de manera recurrente.

Al no existir correspondencia entre las tablas del Peso Bruto Vehicular máximo permitido para los vehículos de transporte de carga rígidos de dos ejes, con el peso tenido como máximo permitido en las diferentes estaciones de pesaje, se podría generar informes únicos de infracciones al transporte y comparendos injustificados.

Además, el hecho de transportar carga por debajo del peso permitido genera pérdidas económicas a los transportadores y conductores.

Concesiones y operadores investigados

• Autovía Neiva Girardot S.A.S.
• Consorcio Vial Helios.
• Concesión San Rafael S.A.
• Alto Magdalena S.A.S.
• Concesión Pacífico 3.
• Consorcio RQS-Tierra Oriental.
• Consorcio RQS-Ginebra Sur.
• Vía 40 Express S.A.S.
• BTS Concesionario S.A.S. 1
• Sabana de Occidente S.A.S.
• Concesión Ruta al Mar S.A.S.

De ser encontrados responsables, tanto concesionarios como operadores podrían ser sancionados con multas de hasta 700 salarios mínimos legales vigentes.

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La entidad encontró méritos suficientes para formular cargos por presuntamente no utilizar eficientemente sus recursos para mitigar esta problemática en cada una de sus jurisdicciones.

«Esta entidad cuenta con la facultad para verificar que los organismos de tránsito cumplan con su deber legal de combatir la actividad informal e ilegal que altera y atenta contra la debida prestación del servicio público de transporte en su respectiva jurisdicción, a partir del ejercicio de un control efectivo y eficiente», dijo el Superintendente de Transporte, Wilmer Arley Salazar.

Se estableció que presuntamente los mencionados organismos incurrieron en la alteración del servicio público de transporte en sus respectivas jurisdicciones, conducta que se enmarca en lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 336 de 1996.

Organismos de Tránsito investigados:

• Secretaría de Movilidad y Tránsito de Sabaneta (Antioquia)
• Secretaría de Tránsito y Transporte de Palmira (Valle del Cauca)
• Secretaría de Movilidad de Itagüí (Antioquia)
• Secretaría de Movilidad de Copacabana (Antioquia)
• Secretaría de Movilidad de Sincelejo (Sucre)
• Secretaría de Tránsito y Transporte de Yumbo (Valle del Cauca)
• Secretaría de Movilidad de Villavicencio (Meta)
• Secretaría de Tránsito Distrital de Tumaco (Nariño)
• Secretaría de Tránsito y Transporte de La Tebaida (Quindío)
• Secretaría de Transporte y Tránsito de Caldas

La Superintendecia recibió múltiples quejas de ciudadanos, en las que manifiestan que en los municipios o ciudades mencionadas se presenta el fenómeno de ilegalidad e informalidad en el transporte público.

Y que, posiblemente, los organismos de tránsito respectivos no están adelantando las labores necesarias y efectivas para combatir tal problemática.

Por lo anterior, la Dirección de Investigaciones de Tránsito y Transporte Terrestre requirió a los organismos mencionados, a efectos de verificar qué labores han realizado y realizan en pro de la prestación del servicio formal y legal de transporte en sus respectivos territorios.

Una vez analizadas las respuestas otorgadas, sumado a las quejas presentadas por la ciudadanía se evidencia que, presuntamente, no han utilizado eficientemente los recursos con los que cuentan.

Y como si fuera poco no han llevado a cabo las gestiones necesarias para mejorar o ampliar instrumentos para combatir la ilegalidad y la informalidad presentes en el transporte público en su jurisdicción.

Posibles sanciones

De encontrarse responsables, los organismos de tránsito podrán ser amonestados sanción que, entre otras cosas, conlleva la orden de adoptar medidas que superen la alteración en la prestación del servicio que podría haber generado su conducta omisiva.

La amonestación será escrita y consistirá en la exigencia obligatoria al sujeto para que adopte las medidas tendientes a superar la alteración en la prestación del servicio que ha generado su conducta.

Es decir, el organismo de tránsito deberá adoptar medidas para dar cumplimiento a las normas en cuanto al control a la legalidad en el transporte en su jurisdicción.

En caso de incumplimiento a estas órdenes, los organismos podrán ser sancionados con multa de hasta 700 salarios mínimos legales vigentes, de conformidad con el literal a del artículo 46 de la ley 336/96.

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