El Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió una medida cautelar provisional mediante la cual ordena aplazar las manifestaciones convocadas para el 28 de abril por cuenta del paro nacional.

La medida también incluye aplazar las marchas programadas para el primero de mayo. Así se debe cumplir «hasta tanto se implemente un protocolo de bioseguridad o se alcance la inmunidad de rebaño con la vacunación contra la pandemia covid-19 y sus mutaciones», señalan en el documento.

El Tribunal indicó que no se pueden realizar las marchas convocadas por el estado en que se encuentra la pandemia del covid-19 en el país y que no se puede dar garantía de la no propagación del virus entre los manifestantes.

La magistrada invitó a que los ciudadanos hagan uso de derecho a la protesta mediante los canales virtuales. Y  hace un llamado a las autoridades: «De la misma manera, las autoridades públicas involucradas deberán programar las diferentes reuniones virtuales para que dichos manifestantes sean oídos, mientras se supera este estado de emergencia económica, social y ecológica».

El fallo también le ordena al presidente de la República, Iván Duque; al ministro de Salud, Fernando Ruiz; y a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, entre otros, que notifiquen la decisión a los ciudadanos, de manera inmediata, a través de los medios de comunicación.

Varios funcionarios del Gobierno informaron la medida por sus cuentas de Twitter, entre ellos, el ministro de Salud, Fernando Ruiz.

«En cumplimiento de la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca damos a conocer el auto que decreta medida cautelar suspendiendo autorizaciones para marchas de mañana», indicó en su cuenta personal de la red social.

Por el otro lado, el Comité de Paro aseguró que la decisión es una vulneración a los derechos de los colombianos.

“Mantenemos la convocatoria al paro del 28 de abril. Estamos ejerciendo el derecho fundamental a protestar, derecho que no está sometido a permiso o autorización previa y que no se puede suspender ni en estados de excepción, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia de la Corte Constitucional. (…) Los protocolos de bioseguridad para espacios abiertos existen y son conocidos por la ciudadanía. Se van a cumplir tal y como lo hemos comunicado”, indicó el Comité.