Con la intención de promover una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Nariño, concluyó la audiencia pública “Crisis en Nariño”, programada por la Comisión de Paz del Senado en el municipio de Chachagüí.
“La idea de este ejercicio es la de escuchar a los ciudadanos, las protestas no son producto de manos oscuras, sencillamente es un estallido social, habida cuenta de las circunstancias sociales y económicas del país que se agravaron en medio de la pandemia, por ello queremos tomar atenta nota sobre sus opiniones”, explicó al inicio de la audiencia el senador Antonio Sanguino (Alianza Verde)
Tras escuchar alrededor de 60 intervenciones, entre otras múltiples conclusiones más, los participantes solicitaron “acompañamiento y fortalecimiento de la comisión de seguimiento a las acciones judiciales por las violaciones de Derechos Humanos (DDHH) en el último mes, y continuar con la implementación del Acuerdo de Paz”, señaló el senador Guillermo García Realpe (Partido Liberal).
La Gobernación de Nariño respaldó la iniciativa de llevar a la CIDH a su región. “Apoyo total a la visita de la CIDH al Departamento de Nariño”, manifestó José Amílcar Pantoja, subsecretario de Paz y Derechos Humanos de Nariño, al tiempo que resaltó que “nosotros hemos sido cumplidores de la ley. Tenemos gestores de paz en distintas movilizaciones. El mismo gobernador y su equipo de trabajo hemos salido con chalecos de gestores de paz a las calles, a acompañar los diferentes puntos del Paro”.
El senador Roy Barreras presidente de la Comisión de Paz, explicó este tipo de audiencias busca “atender las voces de las víctimas, donde quiera que vayan. En esas circunstancias, la Comisión recoge todos los testimonios que luego presentará en sesiones y plenarias y organismos internacionales como la CIDH. Nosotros vamos a transmitirles todas las sus voces, especialmente las que son más impactantes. Sus testimonios también tendrán eco internacional”.
Y precisamente es lo que espera Yuliana Fajinoy, madre de una de las niñas víctimas de los disturbios. “Un impacto de gas lacrimógeno impactó a mi hija Carol. Está en proceso de recuperación, pero perdió su dentadura (7 dientes). A la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas hicimos llegar la denuncia y por eso le solicitamos que haga respetar el mandato al Estado colombiano de cumplir con los DDHH. El Estado colombiano debe acatar el Derecho Internacional Humanitario y con los DDHH”.
En ese mismo sentido, la senadora Griselda Lobo (Partido Comunes) indicó que “vinimos a escuchar lo que ha ocurrido en esta Colombia olvidada y profunda para recoger las denuncias de la población. Y también estamos esperando a la CIDH para presentarles nuestro informe. Esos reclamos están contemplados en el Acuerdo Final de Paz, el cual es una obra reparadora para todos y todas”.
Implementación del Acuerdo de Paz, otro de los temas recurrentes
Con respecto al Acuerdo de Paz, el senador Luis Fernando Velasco (Partido Liberal), señaló que se trata de “un problema estructural, porque se hizo un Acuerdo de Paz que no se ha desarrollado lo suficiente. No se ha hecho posconflicto y seguimos con la fijación del enemigo interno y eso le ha hecho mucho daño a nuestras Fuerzas Militares”.
Con el mismo propósito, el senador Iván Cepeda (Polo Democrático) invitó “a que reclamemos al Gobierno esa mesa que hay con el Comité Nacional del Paro, pero también con los puntos de resistencia, con los jóvenes de primera línea, con la Minga, con las organizaciones sociales, para resolver los problemas que hemos escuchado, como la renta básica, la implementación del Acuerdo de Paz y la educación pública realmente gratuita”.
Seguimiento a las denuncias, petición de los participantes
Fue una de las propuestas más reiteradas de la comunidad. Por ejemplo, Andrés Gámez, líder juvenil de la Fuerza Alternativa Ciudadana, exigió “el monitoreo completo por parte de las Naciones Unidas y organismos internacionales, de lo que está ocurriendo en Nariño”.
Harold Mauricio Rosero, concejal de Pasto, coincidió en esta idea al manifestarle a la Comisión que “ojalá le hagamos seguimiento a todas estas denuncias. Creemos que todos estas injusticas deben investigarse”.
En su intervención, Camila Rojas, representante de la Universidad de Nariño, recalcó que “nosotros hemos estado realizando informes de las afectaciones a los DDHH. Ha sido notorio como el ESMAD hace el uso indebido de la fuerza y que desconocen los protocolos para evitar la violación de los DDHH”
Desde la institucionalidad, Sandra Rodríguez, delegada de la Defensora del Pueblo, enfatizó que “nuestra entidad ha sido garante de los derechos fundamentales de las personas. Hoy escuchamos atentamente todas las inquietudes y todas las vulneraciones de derechos que se han cometido con muchas personas que han sido afectadas de las movilizaciones pacíficas”.
Al respecto, la coordinadora de Derechos Humanos de la ONU en Nariño, Alicia Matorrás, reconoció “los esfuerzos realizados por el diálogo propiciado por las autoridades locales, regionales y nacionales, que han llegado a algunos acuerdos como los corredores humanitarios. A lo largo del país vemos el avance de las mesas de negociaciones, como también hemos recibido quejas por el uso excesivo de la fuerza por parte de la Fuerza Pública”.
Con estos compromisos por parte de la Comisión de Paz, termina una audiencia pública más donde el Senado de la República se convierte en ese interlocutor efectivo, gracias al diálogo social que sostiene en las regiones, esta vez desde el suroccidente del país.
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