La Veeduría por la Verdad y la Justicia solicitó a la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República revisar el proceso mediante el cual fue designado Juan Carlos Hurtado como presidente encargado de Ecopetrol, con el fin de establecer si existen posibles conflictos de interés o circunstancias que puedan comprometer la transparencia en la administración de la principal empresa estatal del país.
La organización pidió a los organismos de control adelantar las verificaciones correspondientes para determinar si el proceso de designación se ajustó a los principios de transparencia, independencia y protección del patrimonio público.
Veeduría pide verificar posibles conflictos de interés
Según explicó la Veeduría, la solicitud surge tras recibir información y denuncias provenientes de diferentes fuentes que plantean interrogantes sobre posibles relaciones, intereses o circunstancias alrededor del nombramiento de Hurtado.
En el documento remitido a las autoridades, la organización sostiene que, de comprobarse dichas versiones, podrían existir elementos que ameriten una revisión por parte de los entes de control respecto a la independencia administrativa y la toma de decisiones dentro de Ecopetrol.
Además, señaló que durante el periodo de encargo estaría prevista una ejecución presupuestal cercana a 80 billones de pesos, por lo que considera indispensable garantizar que la administración de esos recursos se desarrolle bajo criterios de transparencia y legalidad.
Solicitan esclarecer versiones sobre el respaldo al nombramiento
La Veeduría también puso en conocimiento de los organismos de control información según la cual la hoja de vida del actual presidente encargado habría sido impulsada o respaldada, presuntamente, por personas que han sido relacionadas en escenarios públicos y mediáticos con el denominado «cartel de los catalanes» en Colombia.
Asimismo, indicó que algunas de las personas mencionadas en las denuncias recibidas habrían sido objeto de investigaciones o señalamientos por parte de autoridades de distintos países de América Latina.
No obstante, la organización precisó que corresponde exclusivamente a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría establecer la veracidad de esa información, determinar la existencia de eventuales vínculos y definir si estos tienen relevancia jurídica, disciplinaria o fiscal.
Llamado a fortalecer la transparencia en Ecopetrol
La Veeduría solicitó que se adelanten las actuaciones necesarias para esclarecer los hechos y despejar cualquier duda que pueda afectar la confianza ciudadana en la administración de Ecopetrol.
Igualmente, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que las decisiones relacionadas con la dirección de la compañía se adopten con base en criterios de mérito, transparencia e independencia, teniendo en cuenta la importancia estratégica de la empresa para el país.
Finalmente, la organización reiteró que su solicitud se formula en el marco del debido proceso y la presunción de inocencia, por lo que serán las autoridades competentes las encargadas de establecer la veracidad, el alcance y las eventuales consecuencias de los hechos puestos en su conocimiento.
