La Fiscalía General de la Nación logró en menos de 48 horas la captura y judicialización de Sergio Andrés Quintana Escobar, conocido como «Chemas», presunto responsable del homicidio del alcalde de Guachené (Cauca), Élmer Abonia Rodríguez. Este lamentable suceso ocurrió el pasado viernes 22 de diciembre, marcando un hito en la rápida respuesta de las autoridades.
El operativo de captura se llevó a cabo en la vía que comunica a Puerto Tejada con Villarica (Cauca), siendo ejecutado por la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, con el respaldo de la Seccional Cauca, CTI y Cuerpo Élite de Investigación, SIJIN, así como la colaboración de la Inteligencia Militar. La diligencia se materializó gracias a la ardua labor investigativa que permitió recopilar pruebas contundentes contra Quintana Escobar.
El operativo fue adelantado por la Unidad Especial de Investigación de la #Fiscalía. En la diligencia judicial también se contó con el apoyo de la Seccional Cauca, CTI, Cuerpo Élite de Investigación y SIJIN, estas dos últimas de la Policía Nacional, e Inteligencia Militar. pic.twitter.com/QaO3NbCCaM
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) December 26, 2023
Según la información recolectada por la Fiscalía, el día de los trágicos acontecimientos, un conductor de transporte fue despojado de su vehículo, el cual habría sido utilizado para movilizar a cinco personas armadas, incluyendo a Quintana Escobar. Estos individuos llegaron a una finca en la vereda El Cabito, en Guachené, donde se encontraba el alcalde Abonia Rodríguez. Aprovechando que uno de los escoltas del mandatario se encontraba afuera de la finca, los criminales intentaron hurtarle sus pertenencias. Sin embargo, el escolta se resistió, desencadenando un intercambio de disparos que resultó en la trágica muerte del alcalde y en heridas para uno de los escoltas.
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La Fiscalía imputó a Quintana Escobar los delitos de homicidio agravado, lesiones personales agravadas, hurto calificado y agravado, así como porte ilegal de armas de fuego. A pesar de las acusaciones, el acusado no aceptó los cargos durante la audiencia, donde la juez, basándose en elementos materiales probatorios, determinó que existía fundamento para inferir su responsabilidad y que representaba un peligro para la comunidad. Atendiendo a la solicitud de la Fiscalía, se le impuso medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario.