El registrador tiene en sus manos la decisión de si seguir adelante con la consulta, convocada por el presidente por decreto, o si considera inconstitucional el procedimiento, teniendo en cuenta que ya el Senado se pronunció en contra de la convocatoria.
Penagos había dicho ya que la entidad, junto con su equipo jurídico, estaba estudiando tanto el decreto como el pronunciamiento del Senado.
Desde diferentes sectores le han solicitado al registrador que declare una excepción de inconstitucionalidad del decreto al considerar que no tiene los requisitos exigidos por la ley y así frenar la convocatoria.
Hasta el momento, ya se han presentado aproximadamente 30 demandas de nulidad ante el Consejo de Estado y cerca de seis demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, mientras que la Registraduría ya recibió siete peticiones para aplicar la excepción de inconstitucionalidad, múltiples derechos de petición y 80 tutelas en otros despachos judiciales.
Partidos políticos, juristas y gremios insisten en que la consulta popular fue negada por votación hecha el pasado 14 de mayo e insisten en que el decreto del Gobierno es autoritario y peligroso al romper la separación de poderes.
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