La denuncia proviene de trabajadores del sector minero en La Guajira y se da en el marco del decreto que prohíbe exportaciones hacia ese país.

Nación Colombia | Julio 25 de 2025

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Trabajo, investiga una denuncia sobre el presunto envío ilegal de carbón colombiano a Israel, en contravía del decreto presidencial que prohíbe este tipo de exportaciones por razones de política exterior y derechos humanos.

La denuncia fue presentada por trabajadores del sector del carbón en Riohacha, quienes aseguran que un buque zarpó recientemente desde el puerto de Ciénaga, Magdalena, con destino a territorio israelí, lo que representaría una grave violación a la directiva presidencial.

Reacción oficial y coordinación interinstitucional

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó la recepción de la queja y anunció la activación de un plan de reacción inmediata para verificar los hechos. Según informó, ya se notificó al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, así como a la Presidencia de la República, para evaluar posibles sanciones administrativas o penales en caso de confirmarse el incumplimiento.

«Con esta información hay que proceder a corroborar los hechos y tomar decisiones. El decreto prohíbe expresamente exportar o vender carbón a Israel, dada su responsabilidad en el genocidio en curso», afirmó Sanguino.

Contexto de la medida y advertencias previas

Cabe recordar que el presidente Gustavo Petro ha sido enfático en su postura frente al conflicto en Gaza, y ordenó detener cualquier intento de exportación de carbón hacia Israel, como parte de las sanciones adoptadas por Colombia ante las violaciones de derechos humanos perpetradas por ese país.

Incluso, el mandatario solicitó a la Armada Nacional actuar de inmediato en caso de detectarse movimientos marítimos contrarios al decreto vigente.

Riesgo de sanciones y tensión sindical

El caso ha generado preocupación en sectores laborales y sindicales del país, especialmente entre los trabajadores mineros, quienes ven con alarma la posibilidad de que empresas del sector estén operando al margen de la ley y exponiendo al país a una crisis diplomática.

De confirmarse la exportación, podrían desencadenarse investigaciones internas, sanciones económicas, cancelación de licencias portuarias y procesos penales por incumplimiento de normativas presidenciales.

Foto: Colprensa