El Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Mocoa ordenó suspender una resolución de Corpoamazonia que establecía determinantes ambientales para el municipio, al comprobar que no se realizó consulta previa con el Pueblo Inga.

La decisión protege los derechos fundamentales de las comunidades indígenas y revela una problemática que trasciende a nivel nacional: la declaratoria de reservas ambientales sin participación efectiva, lo cual genera riesgos para la tenencia de la tierra, las economías campesinas y el desarrollo rural.

En el caso de Mocoa, la resolución pretendía declarar como reserva ambiental más del 70 % del territorio, con efectos directos sobre predios campesinos, el uso del suelo y actividades productivas.

Alertas de organizaciones sociales

La Red de Veedurías de Colombia advirtió que Corpoamazonia está modificando instrumentos de ordenamiento ambiental bajo el argumento de una “compilación y actualización”, pero sin consulta previa ni participación ciudadana. Según la organización, estas actuaciones vulneran la Constitución, el Convenio 169 de la OIT y el principio de buena fe. Por ello, solicitó a la Procuraduría General de la Nación activar mecanismos de control y seguimiento.

Casos similares en el país

El fallo de Mocoa se suma a otros conflictos recientes relacionados con declaratorias ambientales:

  • Suroeste antioqueño (2025): más de 37.000 hectáreas fueron declaradas reserva temporal sin consulta efectiva, afectando actividades agrícolas, mineras y turísticas.

  • Santurbán (2025): comunidades cuestionaron la propuesta de reserva ambiental por falta de claridad y ausencia de diálogo.

  • Catatumbo (2025): campesinos asentados en reservas forestales creadas por la Ley 2ª de 1959 no han podido formalizar sus predios.

  • Decreto 044 (2024): reguló reservas naturales temporales, pero fue rechazado por organizaciones campesinas al imponer restricciones sin concertación.

  • Proyectos de Ley 096 y 338 (2023–2024): buscaban regular la adjudicación de tierras en reservas, pero fueron criticados por establecer condiciones que podrían excluir a comunidades históricas.

Debate nacional sobre legitimidad ambiental

Estos casos reflejan un patrón: decisiones ambientales tomadas sin el diálogo social que exige el Acuerdo de Escazú. La consecuencia, según líderes indígenas y campesinos, es que se afecta precisamente a quienes habitan y protegen los territorios.

El fallo judicial en Putumayo pone en el centro del debate la legitimidad de las actuaciones de Corpoamazonia y advierte sobre el riesgo de un nuevo foco de conflictividad social si no se garantiza participación real en las decisiones.

La justicia ya envió un mensaje claro: cualquier decisión sobre la Amazonía debe construirse con la gente, no a espaldas de ella.

Foto: Colprensa