El Derecho Internacional Humanitario (D.I.H.) es un conjunto de principios y normas -tanto convencionales como consuetudinarias- que busca la protección de la dignidad, los derechos esenciales y las necesidades básicas de personas y comunidades durante conflictos armados, estableciendo límites y restricciones frente a los operativos y acciones inherentes a ellos.
Para vergüenza de muchos países, supuestamente respetuosos de los tratados internacionales y del D.I.H., hoy, en la Franja de Gaza, está siendo violado de manera grave y flagrante. Gracias a la tecnología de las telecomunicaciones y a la dedicación y constancia de numerosos periodistas -muchos de los cuales han pagado con su vida el valor de divulgar lo que ocurre-, el mundo entero ha contemplado, ya casi durante dos años, los horrendos hechos que, sin pausa ni paréntesis, tienen allí lugar.

El 7 de octubre de 2023, el movimiento HAMÁS perpetró una masacre. Con gran cobardía y premeditación, asesinó a más de mil doscientas personas de distintas nacionalidades -la mayoría civiles- que asistían a un concierto, dejó heridas a más de quinientas y, por si fuera poco, privó de su libertad a casi trescientas personas en calidad de rehenes.

Era natural que Israel reaccionara contra semejantes actos terroristas y así ocurrió. Lo que hizo HAMÁS no fue otra cosa que una enorme serie de actos criminales que debían ser respondidos. Pero la reacción israelí no ha sido contra HAMÁS -como cabría haberlo hecho- sino contra la población civil y personas indefensas. Y ha sido abiertamente irracional, violatoria de los tratados internacionales sobre Derechos Humanos, del D.I.H. y de las reglas mínimas aplicables a un conflicto bélico internacional. Para ello, ha contado con la complicidad y el apoyo de grandes potencias y, al cumplirse dos años, lo que se tiene es, según las normas del Derecho Internacional, un verdadero genocidio, pues se busca, nada menos, destruir a un pueblo.

La magnitud de los hechos ha provocado las justificadas protestas y manifestaciones públicas en muchos países, en especial a raíz de las muertes de numerosos niños -ya perdimos la cuenta-, mujeres, personas mayores, médicos, enfermos y periodistas; los permanentes bombardeos, el cerco que impide la llegada de asistencia humanitaria y la consiguiente hambruna, que ha sido verdaderamente inhumana.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha proferido varias providencias contra Israel, por solicitud de Sudáfrica y otros países, y la Corte Penal Internacional (CPI), desde noviembre de 2024, emitió orden de arresto contra el primer ministro Benjamín Netanyahu y otros funcionarios, por cargos que incluyen crímenes de guerra y contra la humanidad.

Varias veces, la mayoría de los países integrantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado proposiciones en busca de la aplicación de las normas internacionales, pero siempre han sido frustradas por el veto de los Estados Unidos.

Con el apoyo de ciento cuarenta y tres países, el rechazo de diez -entre ellos Estados Unidos, Argentina y Hungría- y doce abstenciones, este 12 de septiembre la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución enderezada a promover el reconocimiento de Palestina y una salida negociada a la crisis humanitaria que se vive.

Sí. Muchos actos, declaraciones y protestas, pero el genocidio continúa.

Foto y noticia: Colprensa