La negociación colectiva entre trabajadores de las filiales del Grupo EPM en Santander y Cundinamarca atraviesa uno de sus momentos más tensos de los últimos años. Delegados de Sintraelecol en Bucaramanga, Barrancabermeja, Socorro, San Gil, Barbosa y varias subdirectivas en Cundinamarca advirtieron sobre prácticas que, aseguran, ponen en riesgo derechos laborales adquiridos y el cumplimiento de decisiones judiciales.
Según los representantes sindicales, la empresa estaría impulsando un proceso de desmonte progresivo de la contratación directa, sustituyéndola por esquemas de tercerización mediante empresas contratistas. Este modelo, afirman, precariza las condiciones laborales históricamente reconocidas en el sector energético y debilita la estabilidad de los trabajadores vinculados a las electrificadoras regionales.
Las alertas también apuntan al presunto incumplimiento de la Convención Colectiva de Trabajo, pese a la existencia del fallo SL174 de 2023, en el que la justicia laboral ordenó al Grupo EPM aplicar plenamente los beneficios pactados con los sindicatos. Para las organizaciones de base, esta omisión constituye un desconocimiento de la normatividad y un retroceso en materia de relaciones laborales.
“Estamos ante una negociación colectiva muy difícil. No solo intentan desmontar la relación laboral directa, sino que además desconocen una sentencia judicial en firme”, señalaron voceros de Sintraelecol, quienes advierten que cientos de familias dependen de decisiones que hoy están en entredicho.
El caso adquiere relevancia nacional, ya que involucra la vigencia de los fallos judiciales en materia laboral, la discusión sobre el modelo de contratación en empresas públicas y el impacto que esta negociación puede tener en el sector eléctrico del país.
Aunque los trabajadores aseguran estar dispuestos a mantener el diálogo, advierten que no aceptarán retrocesos en garantías laborales ni afectaciones a los acuerdos construidos durante décadas. Juan Carlos Terán, uno de los líderes sindicales, señaló que el proceso exige unidad y respaldo nacional, pues de esta negociación depende el futuro de la estabilidad laboral en las electrificadoras regionales.
La tensión ha escalado a tal nivel que no se descarta la posibilidad de una huelga si no se registran avances significativos o si el diálogo social continúa deteriorándose.
Tanto organizaciones sindicales como trabajadores pidieron a la ciudadanía, a los entes de control y a los medios de comunicación realizar seguimiento estricto a lo que califican como una negociación decisiva, cuyo desenlace podría marcar un precedente para las relaciones laborales en el sector energético público-empresarial en Colombia.
