Una investigación periodística de Noticias Caracol volvió a poner sobre la mesa interrogantes acerca de la presunta infiltración de las disidencias de las FARC en entidades estatales. De acuerdo con el medio, la Fiscalía General de la Nación tendría en su poder, desde hace más de un año, documentos, chats y dispositivos electrónicos con información sensible que no han derivado en decisiones judiciales.

Entre los mencionados en ese material se encontrarían el general Juan Miguel Huertas, actual jefe de comando de personal del Ejército, y Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Las revelaciones indican que estos nombres habrían aparecido en comunicaciones internas de la estructura armada conocida como el grupo de Calarcá.

Movilidad y datos sensibles: lo que indican las fuentes

Según la investigación periodística, fuentes del Estado y del grupo armado sostuvieron que se habrían utilizado vehículos oficiales y compartido información que podría haber favorecido movimientos de miembros de las disidencias. No obstante, por ahora no existen decisiones judiciales que permitan establecer la veracidad o alcance de estos señalamientos.

La estructura de Calarcá ha sido mencionada en otros procesos de la Fiscalía, pero la investigación periodística señala que hasta el momento no hay claridad sobre si estos hechos están siendo integrados en un solo expediente. Desde sectores políticos se ha cuestionado la prioridad que se le da al seguimiento de otras disidencias, aunque el Gobierno sostiene que los operativos se orientan según criterios técnicos y territoriales.

Mención a una supuesta financiación política

Noticias Caracol también informó que en los documentos existirían referencias a una presunta financiación de campaña por parte del grupo ilegal. Esta afirmación, de alta sensibilidad política, no ha sido confirmada por la Fiscalía ni por ninguna autoridad electoral. Por ahora, se trata únicamente de información contenida en los dispositivos incautados y citada por el medio de comunicación.

El operativo que reveló el material

El 23 de julio de 2024, un retén del Ejército en Santo Domingo (Nordeste antioqueño) detuvo una caravana en la que viajaban siete integrantes de las disidencias de Calarcá. Los vehículos iban escoltados por personal de la UNP y entre los ocupantes había un menor de edad, hecho que constituye una infracción al Derecho Internacional Humanitario.

Pese a ello, la fiscal general Luz Adriana Camargo ordenó no ejecutar capturas al considerar que los ocupantes actuaban como gestores de paz. Aunque se permitió continuar la marcha, las autoridades retuvieron las pertenencias, entre ellas los celulares que hoy hacen parte del expediente en la Fiscalía.

Cartas que describen acercamientos con un general

Uno de los documentos más relevantes es una carta fechada el 8 de febrero de 2024, donde un integrante de las disidencias menciona un encuentro en Bogotá con un “general retirado”. Allí se relata que habría existido una propuesta para crear una empresa de seguridad y usar ese esquema para facilitar permisos y movilidad.

Las comunicaciones también detallan posibles estrategias para transitar por corredores viales sin contratiempos. Aunque Huertas fue reintegrado al Ejército en 2024 y había expresado apoyo a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, no existe por ahora un pronunciamiento oficial del Gobierno sobre las afirmaciones contenidas en esta carta.

El rol de Wilmar Mejía en la DNI

Además del general Huertas, el material menciona a Wilmar Mejía, quien según fuentes consultadas por Noticias Caracol tendría un papel determinante dentro de la DNI. Se señala que Mejía y Huertas habrían realizado un viaje a Venezuela para obtener información relacionada con un miembro fallecido de la estructura armada, aunque este punto tampoco ha sido confirmado oficialmente.

Expectativa por una decisión de la Fiscalía

Las revelaciones han generado reacciones políticas y pedidos de esclarecimiento, pero por ahora la Fiscalía no ha anunciado avances ni decisiones en torno al material incautado. Sin una postura oficial del ente acusador, el caso permanece en una fase preliminar que sigue despertando inquietudes dentro del país.