Gabriela Posso, consejera presidencial para la Juventud, durante una reunión que realizó el pasado miércoles en el sector del Portal de las Américas en Bogotá, en donde se dieron cita un grupo significativo de ciudadanos quienes se manifestaron en contra de la decisión del Gobierno Nacional, quien voluntariamente retiró el artículo del proyecto de ley de paz total, el cual tenía como objetivo el indulto para los integrantes de Primera Línea, un acuerdo que en campaña el actúa presidente hizo conocer y defendía a cabalidad, pero que en al parecer cambio de parecer por presión política y de intereses de gobernabilidad.

De esta manera, para la funcionaria Posso, los detenidos de Primera Línea son presos políticos, pues fueron detenidos en el marco de la protesta social y como consecuencia de “falsos positivos judiciales”.

“Antes de ser consejera de Juventud, también estuve en las calles protestando, alzando la voz en defensa de la movilización popular. Hoy, la verdad, hay miles de jóvenes que salieron a la protesta, cientos de ellos perdieron la libertad de manera irregular. En total de estos prisioneros políticos, del estallido social, el 85% tiene entre 18 y 35 años. El 51% son del suroccidente del país, el 20% es de la zona central”, manifestó.

Es así que la Concejera considera que los detenidos son presos políticos, ya que según ella muchos de los 211 jóvenes detenidos son víctimas de “falsos positivos judiciales”.

“Estamos revisando caso a caso en este momento, haciendo el ejercicio de las historias de cada uno de los jóvenes. Reconocemos que gran parte de ellos son estudiantes, jóvenes que no tenían empleo, que no tenían oportunidades y que incluso aguantaban hambre en sus casas. (…) Reconocemos que hay muchos jóvenes, que por su ejercicio de la movilización fueron capturados, por una estigmatización de la juventud”, añadió.

La consejera presidencial expresó además que estos jóvenes fueron víctimas de la criminalización de la protesta de parte del Gobierno de Iván Duque.

“Nosotros de este Gobierno no estamos criminalizando la protesta ni la pobreza. No hay un ejercicio de represión y se está respetando la movilización, cosa que en los gobiernos pasados no se respetó”, penfatizó.