Un grupo de trabajadores de Ecopetrol S.A. interpuso una acción de tutela ante la justicia para que se suspenda de inmediato el proceso de elección del representante de los trabajadores en la Junta Directiva, argumentando graves irregularidades que afectarían derechos constitucionales y garantías democráticas dentro de la principal empresa estatal del país.

La tutela busca frenar unas votaciones que estaban inicialmente previstas para el 22 y 23 de enero de 2026, pero que —según los accionantes— fueron modificadas sin justificación suficiente y anticipadas de forma abrupta para los días 14 y 15 de enero.

El vocero del grupo, Ariel Corzo Díaz —trabajador con más de 27 años en la compañía y elector en el proceso— aseguró que el cambio “modificó de manera unilateral el cronograma electoral, reduciendo los tiempos de verificación, divulgación de perfiles y socialización de propuestas”, lo que, en criterio del accionante, vulneraría los derechos al voto informado, la participación democrática y el debido proceso administrativo.

Según el documento de tutela, Ecopetrol había definido el 16 de diciembre de 2025 un calendario electoral que fijaba con antelación las fechas de votación, permitiendo que los trabajadores conocieran a los candidatos y sus propuestas. Sin embargo, el 9 de enero de 2026 se habría cerrado anticipadamente la etapa de revisión de postulados y adelantado el sufragio, modificando las reglas establecidas y afectando —según los demandantes— la igualdad entre competidores.

Los trabajadores solicitan que el juez constitucional suspenda el proceso electoral y congele cualquier sistema de votación electrónica hasta que se resuelva de fondo la tutela. En el documento también se advierte la existencia de un posible “perjuicio irremediable” en caso de que la elección se realice bajo las condiciones actuales, ya que un daño en el derecho al voto sería irreversible y dejaría sin efecto cualquier decisión judicial futura.

Más allá del efecto interno en la compañía, el caso plantea interrogantes sobre el gobierno corporativo y los estándares democráticos dentro de Ecopetrol, una empresa de economía mixta obligada a cumplir principios constitucionales al tratarse de un cargo de representación laboral dentro de su máximo órgano directivo.

La tutela sostiene que el objetivo final es preservar la legitimidad del proceso y garantizar que la representación de los trabajadores ante la Junta Directiva surja de una elección transparente y equitativa.