El presidente Gustavo Petro ordenó investigar el origen de los explosivos utilizados en recientes ataques en Cajibío, Cauca, y planteó la hipótesis de que podrían estar llegando desde Ecuador.

Durante una alocución televisada, el mandatario aseguró que, según información conocida en consejos de seguridad, estos materiales estarían siendo entregados por estructuras del narcotráfico a grupos armados que operan en el suroccidente del país.

“Hay que mirar de dónde vienen los explosivos de Cajibío”, afirmó el jefe de Estado, al advertir sobre el impacto de estos ataques en la población civil y en la Fuerza Pública.

En su intervención, Petro señaló a una supuesta “Junta del Narcotráfico” como articuladora de distintas estructuras ilegales, incluyendo grupos armados en el Cauca, el Clan del Golfo y disidencias bajo el mando de Iván Mordisco.

Según el mandatario, estos grupos estarían actuando de forma coordinada y podrían estar detrás de acciones violentas en la región, en medio de un contexto de tensión por el control territorial.

El presidente también planteó que estas dinámicas podrían tener impacto en el escenario electoral, al sugerir que algunos hechos de violencia buscarían generar inestabilidad en el país.

Las declaraciones se dan en medio del recrudecimiento de la violencia en el Cauca, una de las regiones más afectadas por la presencia de economías ilícitas y estructuras armadas.

En paralelo, Petro defendió los resultados de su Gobierno en materia de lucha contra el narcotráfico, señalando que se han incautado cerca de 3.300 toneladas de cocaína y que, según cifras oficiales, los cultivos de hoja de coca habrían mostrado una leve reducción.

Además, confirmó que la Corte Penal Internacional inició una investigación preliminar contra alias ‘Iván Mordisco’ por presuntos delitos de lesa humanidad, proceso que, según dijo, podría extenderse a otros jefes de estructuras armadas.

Más allá de los anuncios, las afirmaciones del mandatario abren interrogantes sobre el origen real de los explosivos, la dimensión de las redes criminales y la capacidad de las autoridades para rastrear estas rutas en una región históricamente golpeada por el conflicto.