El Tribunal para la Paz inició formalmente el juicio final contra el general retirado Henry William Torres Escalante y otros 21 procesados que confesaron haber montado una organización criminal dentro del Ejército para asesinar a 301 personas inocentes y hacerlas pasar como bajas en combate en Casanare.

Los magistrados determinaron que estos crímenes no fueron hechos aislados, sino el resultado de una «organización criminal compleja» que se incrustó en la Brigada XVI. El tribunal concluyó que los implicados aprovecharon su poder y los recursos de la institución militar para ejecutar un «ataque organizado y a gran escala» contra civiles indefensos entre 2005 y 2008.

El principal acusado es el mayor general retirado Torres Escalante, quien comandaba la brigada en esa época. Junto a él serán juzgados mandos medios como el mayor Gustavo Soto Bracamonte, antiguo jefe del Gaula, y el coronel Henry Acosta Pardo.

La lista de acusados incluye también a Orlando Rivas Tovar, quien era director del DAS en Casanare, y a dos civiles que actuaron como «falsos informantes» para engañar a las víctimas y entregarlas a los militares para que las mataran.

El expediente que revisará el Tribunal de Paz contiene detalles de extrema gravedad. La justicia transicional juzgará hechos relacionados con «tortura y tratos crueles» cometidos antes de los asesinatos.

Además, el documento oficial señaló que algunos militares, como el sargento Wilson Burgos Jiménez y el teniente Jhon Suancha Florián, fueron llamados a responder por «tratos inhumanos, degradantes y experimentos biológicos» contra las personas protegidas.

El magistrado Roberto Carlos Vidal advirtió que el expediente llegó incompleto porque no tiene la lista total de las condenas que la justicia ordinaria ya le había impuesto a estos hombres en el pasado. Por eso, ordenó a la Sala de Reconocimiento que entregue en 15 días un «inventario completo» de esos antecedentes para tener claridad sobre qué delitos ya fueron juzgados.

Este juicio terminará con una sentencia que no enviará a los acusados a una prisión común. Como los 22 procesados aceptaron su culpa y aportaron verdad, recibirán una «sanción propia».

Este castigo implica que tendrán restringidos sus derechos y libertades, y deberán cumplir con trabajos obligatorios para reparar a las víctimas y reconstruir las zonas afectadas por sus crímenes.

(Colprensa)