Resulta imposible ignorar que, durante los años más crudos de la parapolítica, amplios sectores del establecimiento de Medellín, incluidos actores empresariales y mediáticos de Antioquia, no mostraron el mismo entusiasmo por investigar, denunciar o editorializar con firmeza el fenómeno narcoparamilitar que se consolidaba en la región.
El silencio, la cautela o incluso la negación fueron la constante mientras se configuraba una de las mayores capturas del Estado por estructuras ilegales. Hoy, ese mismo medio, bajo el liderazgo de Luz María Sierra, pretende reescribir la historia.
En Antioquia han existido investigaciones y procesos judiciales sobre estructuras como los llamados “Doce Apóstoles”, un caso que durante años ha estado bajo la lupa de la justicia por presuntos vínculos entre actores armados ilegales y sectores de poder regional. Invocar ahora la “pureza electoral” desde escenarios históricamente cercanos a esas élites no solo resulta contradictorio, sino que exige un mínimo de autocrítica antes de lanzar acusaciones sin sustento.
Lo publicado por el periódico El Colombiano en su editorial no es una alerta democrática: es un intento de instalar una equivalencia falsa que distorsiona uno de los capítulos más documentados y dolorosos de la historia reciente del país.
La parapolítica no fue una “lectura de mapas” ni una insinuación periodística. Fue un sistema criminal comprobado judicialmente: más de 60 congresistas investigados, decenas condenados, acuerdos como el de Ralito que evidenciaron la coordinación entre estructuras paramilitares y dirigentes políticos y un patrón claro de control armado del territorio traducido en votos.
En regiones como Antioquia, Córdoba y Sucre, las Autodefensas Unidas de Colombia no solo intimidaban: definían candidatos, financiaban campañas y garantizaban resultados electorales mediante coerción directa.
En Medellín y el nordeste antioqueño, operaciones como Orión, en la Comuna 13, dejaron graves denuncias de coordinación entre fuerza pública y estructuras paramilitares como el Bloque Cacique Nutibara, así como registros posteriores de desapariciones forzadas y control territorial. Ese no es un “patrón sospechoso”: es un hecho documentado en procesos judiciales y en informes de derechos humanos.
En el Bajo Cauca, el Nordeste y el Magdalena Medio antioqueño, durante años el voto no fue libre, sino condicionado por el dominio armado.
Frente a ese antecedente, lo que hoy plantea el diario es, en el mejor de los casos, una analogía débil; en el peor, una operación narrativa. Se aíslan cifras, se cruzan con la presencia real de grupos armados y se sugiere, sin una sola prueba judicial, la existencia de una “nueva parapolítica”.
No hay testimonios, no hay decisiones de fondo: solo insinuación.
El periodismo tiene la obligación de investigar, pero también el deber de no fabricar equivalencias sin sustento. Si existen delitos electorales, que actúen las instituciones con rigor. Lo que no puede hacer un medio es sustituir la evidencia por sospechas y venderlas como verdad histórica.
Colombia ya vivió lo que significa que los votos estén condicionados por las armas. Banalizar ese episodio para usarlo como herramienta política no solo es irresponsable: es una forma de desinformación.
La historia no se reescribe según la conveniencia del momento. Y menos por quienes aún tienen cuentas pendientes con su propio silencio.
Editorial Nación Paisa, Sistema Informativo Nación Colombia.
