Colombia acumula más de 12.000 víctimas por minas antipersonal desde 1990, una cifra que mantiene al país entre los más afectados por este tipo de artefactos a nivel mundial.
De acuerdo con datos expuestos en una jornada académica realizada en la Universidad de Medellín, cerca del 40 % de las víctimas son civiles, incluidos campesinos, niños y líderes sociales, principalmente en zonas rurales donde persisten dinámicas del conflicto armado.
El uso de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados (AEI) continúa siendo una práctica empleada por grupos armados ilegales para ejercer control territorial, restringir la movilidad y afectar el desarrollo de las comunidades.
Durante el encuentro, que reunió a representantes de la Fuerza Pública y la academia, se hizo énfasis en la necesidad de visibilizar a las víctimas y fortalecer los procesos de memoria, prevención y sensibilización frente a los riesgos que aún representan estos dispositivos.
El impacto de estos artefactos no solo se refleja en las cifras, sino en las secuelas físicas, psicológicas y sociales que afectan a quienes sobreviven, así como a sus familias y comunidades.
A pesar de los avances en desminado humanitario en algunas regiones, la presencia de estos elementos sigue siendo un desafío en varios territorios del país, donde el conflicto continúa dejando huella.
