El Gobierno del presidente Gustavo Petro avanza en la formalización de tierras para comunidades étnicas en el país, con un total cercano a 2,1 millones de hectáreas gestionadas a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
De ese total, más de 1,5 millones de hectáreas corresponden a territorios indígenas y afrodescendientes, en el marco de la implementación de la Reforma Agraria impulsada por el Ejecutivo.
Según datos oficiales, más de 918.000 hectáreas han sido destinadas a la ampliación de resguardos indígenas, cerca de 554.000 a la constitución de nuevos resguardos y más de 67.000 hectáreas han sido tituladas colectivamente a comunidades negras.
El subdirector de Asuntos Étnicos de la ANT, Olinto Mazabuel Quilindo, aseguró que estos avances buscan fortalecer el control territorial de las comunidades, contener la expansión de la frontera agropecuaria y promover procesos de restauración ambiental liderados por pueblos indígenas.
La política también incluye la adjudicación directa de predios. En total, se han entregado 412 en 25 departamentos, sumando más de 100.000 hectáreas con el objetivo de consolidar la autonomía territorial étnica.
Uno de los casos destacados se registra en El Molino, La Guajira, donde Aurelio Segundo Ortega recibió el título de su propiedad tras más de 20 años de espera. “Ya sé que la tierra es mía”, expresó tras formalizar su situación jurídica.
En esa misma región, el gobernador indígena de la etnia Wiwa, Julio Daza, destacó la entrega de predios a su comunidad y a la comunidad Cariachil, resaltando el impacto en la preservación territorial.
Otro caso relevante se presentó en Caloto, Cauca, donde en 2024 fueron entregados 25 predios conocidos como ‘Canaimas’, con una extensión cercana a 452 hectáreas, beneficiando a cerca de 8.000 familias afrodescendientes e indígenas víctimas de la violencia. Esta acción hace parte de los compromisos del Estado tras la masacre ocurrida en la Hacienda El Nilo en 1991.
En paralelo, el Gobierno ha cofinanciado 175 proyectos productivos con enfoque étnico y de género, que han beneficiado a más de 15.700 familias, con una inversión superior a 82.079 millones de pesos.
Estas iniciativas, desarrolladas entre 2022 y 2025 en más de 20 departamentos, están orientadas al fortalecimiento de sistemas productivos sostenibles, la seguridad alimentaria y la generación de ingresos en territorios históricamente afectados por el conflicto armado.
No obstante, expertos han advertido que, aunque los avances en formalización son significativos, persisten desafíos en la implementación efectiva de la Reforma Agraria, especialmente en materia de acceso real a proyectos productivos, seguridad territorial y sostenibilidad a largo plazo.
