El Consejo Superior de la Judicatura respaldó el llamado del Gobierno nacional para que el Congreso de la República de Colombia avance y apruebe antes del cierre de la actual legislatura el proyecto de ley que crea la Jurisdicción Agraria y Rural, considerada una de las piezas clave para la implementación de la reforma rural y del Acuerdo de Paz.
El respaldo se dio durante el Primer Encuentro de la Jurisdicción Agraria y Rural realizado en Villa de Leyva, Boyacá, donde magistrados, funcionarios y representantes del Gobierno discutieron los avances y desafíos de esta iniciativa legislativa.
La Judicatura pidió al Congreso priorizar el trámite del proyecto antes del 20 de junio, fecha en la que finaliza el actual periodo de sesiones ordinarias.
El pasado 4 de mayo, los ministros de Agricultura y Justicia radicaron nuevamente un mensaje de insistencia para acelerar el debate del proyecto, cuyo mensaje de urgencia había sido presentado inicialmente en octubre de 2024.
Durante el encuentro, la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Mary Lucero Novoa, señaló que actualmente se discuten aspectos relacionados con las competencias, procedimientos y articulación institucional que permitirán poner en marcha esta jurisdicción especializada.
Por su parte, la vicepresidenta del alto tribunal, Claudia Expósito, aseguró que se trabaja en la construcción de un modelo judicial con enfoque territorial que responda a las necesidades específicas de las regiones rurales del país.
En el evento también participó la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, quien reiteró la importancia de la iniciativa para garantizar derechos de las comunidades campesinas y avanzar en la reforma agraria impulsada por el Gobierno nacional.
La funcionaria advirtió que, en caso de no ser aprobada en la actual legislatura, la propuesta será presentada nuevamente el próximo 20 de julio.
El proyecto de Jurisdicción Agraria y Rural fue radicado por el Gobierno en agosto de 2024 y busca crear un sistema judicial especializado para resolver conflictos relacionados con tierras, acceso a derechos rurales y ordenamiento agrario.
La iniciativa también está ligada a las metas establecidas en el Acuerdo de Paz de 2016, especialmente en materia de formalización y redistribución de tierras en el país.
