Las autoridades reportaron la recepción de 274 denuncias por presunto constreñimiento al sufragante durante la jornada electoral presidencial realizada el pasado 21 de junio en Colombia.
De acuerdo con el balance oficial, los reportes fueron registrados en 98 municipios de 28 departamentos del país, como parte de la estrategia institucional desplegada para garantizar la transparencia del proceso electoral.
Según la información entregada por las autoridades, 261 denuncias fueron recibidas a través de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL), mientras que otras 13 ingresaron por medio de la Línea Anticorrupción 157.
El informe señala que esta cifra representa aproximadamente el 0,001 % del total de votos registrados durante la jornada electoral.
Las denuncias se concentraron principalmente en las principales ciudades del país. Bogotá encabezó la lista con 97 reportes, seguida por Barranquilla con 16, Medellín con 10, Cali con 8 y Bucaramanga con 7. En conjunto, estas ciudades representaron el 53 % de los casos reportados.
Por departamentos, Bogotá, Antioquia, Atlántico y Valle del Cauca concentraron el 59 % de las denuncias recibidas durante el proceso electoral.
Las autoridades indicaron que los presuntos responsables señalados con mayor frecuencia en los reportes corresponden a campañas políticas o candidatos, empresas privadas y funcionarios públicos, actores que concentran cerca del 74 % de las denuncias conocidas.
Todos los casos fueron remitidos a las entidades competentes para adelantar las investigaciones correspondientes y verificar la ocurrencia de posibles conductas que vulneren la libertad del voto.
A través de un comunicado conjunto, los ministerios del Interior y de Defensa reiteraron su compromiso con la protección de la democracia y la transparencia electoral.
“Invitamos a la ciudadanía a denunciar cualquier acto de corrupción a través de la Línea 157”, señalaron las entidades.
Las investigaciones continúan en curso y serán las autoridades judiciales y de control las encargadas de establecer si existieron responsabilidades en los hechos denunciados.
