El Gobierno Nacional puso en marcha la reglamentación de los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011, una medida que busca fortalecer la atención, asistencia y reparación integral de las víctimas del conflicto armado pertenecientes a pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y al pueblo Rrom.
La reglamentación, firmada por el presidente Gustavo Petro, llega después de 14 años de espera y establece los procedimientos, responsabilidades y mecanismos de coordinación entre las entidades del Estado para garantizar la implementación efectiva de los derechos de las víctimas con enfoque étnico.
Buscan fortalecer la reparación con enfoque diferencial
Según la Unidad para las Víctimas, el nuevo instrumento permitirá que las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) cuenten con reglas claras para mejorar la articulación institucional y brindar una atención más oportuna, respetando la identidad cultural, la autonomía y la relación con el territorio de cada comunidad.
La reglamentación también incorpora aspectos relacionados con los daños colectivos ocasionados por el conflicto armado, reconociendo elementos como el territorio, la cultura, la espiritualidad y las formas propias de organización de los pueblos étnicos.
Resultado de un proceso de consulta con las comunidades
La directora encargada de la Unidad para las Víctimas, Alix Aguilar, destacó que la reglamentación fue producto de un amplio proceso de consulta previa y concertación con las organizaciones representativas de los pueblos étnicos.
«Con gran alegría queremos contarles a las víctimas que el presidente Gustavo Petro firmó la reglamentación de los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011, poniendo fin a 14 años de espera para las víctimas del conflicto armado con pertenencia étnica», afirmó la funcionaria.
Aguilar explicó que este avance permitirá materializar los derechos diferenciales en materia de asistencia, atención y reparación integral, además de fortalecer la coordinación entre las entidades del Estado para reducir las brechas de exclusión que históricamente han enfrentado estas comunidades.
Participación de los pueblos étnicos
La reglamentación también fortalece la participación de los pueblos indígenas, el pueblo Rrom y las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en las decisiones relacionadas con su reparación.
De acuerdo con el Gobierno, el proceso fue construido mediante espacios de diálogo y concertación con las autoridades y organizaciones representativas de estas comunidades, con el propósito de garantizar que las medidas respondan a sus necesidades y formas de organización.
Con esta reglamentación, el Ejecutivo busca avanzar de la formulación normativa hacia la implementación de acciones concretas que contribuyan a la reparación integral de las víctimas étnicas del conflicto armado, bajo un enfoque diferencial y de respeto por la diversidad cultural del país.
