Un testimonio entregado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) volvió a poner en el centro del debate las masacres de La Granja y El Aro, ocurridas en Ituango, Antioquia. El teniente (r) Edwin Leonardo Toro entregó declaraciones sobre la presunta participación de integrantes de la Fuerza Pública y grupos paramilitares en hechos de violencia registrados en la zona.

Las declaraciones han generado nuevas preguntas sobre la historia de Hidroituango y sobre las circunstancias que rodearon la construcción del proyecto hidroeléctrico en el norte de Antioquia.

Las masacres de La Granja y El Aro

La masacre de La Granja ocurrió el 11 de junio de 1996, mientras que la de El Aro se registró entre el 22 y el 30 de octubre de 1997, ambas en el municipio de Ituango.

En su testimonio ante la JEP, el entonces teniente del Ejército Edwin Leonardo Toro hizo referencia a hechos que vincularían a integrantes de la Fuerza Pública y estructuras paramilitares con la violencia ocurrida en la región.

Las declaraciones hacen parte de un proceso de esclarecimiento de la verdad y deben ser analizadas dentro del contexto de las investigaciones y decisiones judiciales relacionadas con estos hechos.

La discusión también ha vuelto a poner sobre la mesa la relación entre la violencia sufrida por las comunidades de Ituango y el posterior desarrollo del proyecto hidroeléctrico de Hidroituango.

La creación de la sociedad que dio origen a Hidroituango

De acuerdo con los antecedentes del proyecto, durante la administración de Álvaro Uribe Vélez como gobernador de Antioquia se impulsó la creación de la Sociedad Promotora de la Hidroeléctrica Pescadero Ituango, estructura que posteriormente sería fundamental para el desarrollo del proyecto Hidroituango.

La relación temporal entre las masacres y el posterior impulso institucional al proyecto ha sido objeto de cuestionamientos y debates durante años.

Sin embargo, cualquier afirmación que establezca que las masacres fueron cometidas específicamente con el propósito de facilitar la construcción de Hidroituango requiere sustento documental y judicial que permita establecer esa relación de manera concluyente.

Isabel Zuleta cuestionó nuevamente la historia de Hidroituango

La senadora Isabel Zuleta, quien durante años ha denunciado afectaciones a las comunidades del área de influencia del proyecto, reaccionó a las declaraciones conocidas ante la JEP.

Zuleta sostuvo que Hidroituango fue construido, según su interpretación, en medio de hechos de violencia y desplazamiento que afectaron a las comunidades de la zona.

«“Construyeron el muro de Hidroituango a sangre y fuego, por encima de la naturaleza y de las comunidades”, afirmó la senadora.»

También cuestionó las condiciones geológicas de la zona y expresó preocupación por los riesgos que, según ella, enfrentarían las comunidades ubicadas aguas abajo de la represa.

“Los paramilitares al servicio del gobierno de turno hicieron ‘limpieza’ para que no hubiera oposición a la obra”, agregó Zuleta, una afirmación que corresponde a su posición y que deberá ser contrastada con las investigaciones y decisiones de las autoridades competentes.

El reclamo por las víctimas y las comunidades

La controversia vuelve a poner en primer plano a las víctimas de la violencia en Ituango y a las comunidades que durante décadas han reclamado verdad, reparación y garantías de no repetición.

El debate también se relaciona con las declaraciones de exintegrantes de grupos armados y miembros de la Fuerza Pública ante la JEP, en procesos que buscan establecer responsabilidades individuales y patrones de violencia ocurridos durante el conflicto armado.

Uno de los puntos que permanece bajo discusión es hasta dónde llegaron las responsabilidades de diferentes actores en los hechos violentos ocurridos en Ituango y si existió alguna relación entre esos hechos y los intereses económicos o proyectos de infraestructura desarrollados posteriormente en la región.

Por ahora, las declaraciones conocidas ante la JEP deberán ser contrastadas con los demás elementos probatorios antes de establecer responsabilidades definitivas.

¿Por qué vuelve a ser relevante el caso?

Las nuevas declaraciones reviven una discusión que lleva décadas: la relación entre la violencia, el desplazamiento de comunidades y el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura en territorios afectados por el conflicto armado.

En el caso de Ituango, las masacres de La Granja y El Aro se mantienen como algunos de los episodios más graves de violencia ocurridos en Antioquia durante el conflicto, mientras que Hidroituango se convirtió posteriormente en uno de los proyectos de infraestructura energética más importantes del país.

La pregunta que vuelve al centro del debate es si existieron conexiones entre esos hechos y los intereses alrededor del territorio donde posteriormente se desarrolló el proyecto hidroeléctrico.