La Fiscalía señaló a los procesados de participar presuntamente en el ataque contra Wilber Ferney Martínez Sana, ocurrido el pasado 13 de agosto cerca de la cárcel La Paz. Ambos fueron enviados a un centro carcelario como medida de aseguramiento.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Yesison Alexis Arenas Torres y Emanuel Patiño Garzón, señalados como presuntos responsables del homicidio del dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Wilber Ferney Martínez Sana, ocurrido el pasado 13 de agosto en Itagüí, Antioquia.
De acuerdo con la investigación, adelantada por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Medellín, los dos hombres habrían llegado en un taxi al barrio San Francisco, en inmediaciones de la cárcel La Paz, donde se produjo el ataque contra el funcionario.
Así habría ocurrido el ataque
Según la Fiscalía, Arenas Torres habría sido quien disparó contra el dragoneante, quien se encontraba de espaldas y en estado de indefensión al momento del ataque.
El arma utilizada, de acuerdo con la investigación, sería una pistola equipada con un supresor de sonido de fabricación artesanal.
Entre tanto, Patiño Garzón es señalado de haber conducido el taxi en el que los presuntos implicados se movilizaron hasta el lugar y posteriormente emprendieron la huida.
Minutos después del hecho, unidades de la Policía Nacional interceptaron a los dos hombres en el barrio Guayabal de Medellín.
Durante el procedimiento fueron incautados el taxi presuntamente utilizado en el ataque y el arma de fuego que, según las autoridades, habría sido empleada contra el funcionario del Inpec.
Fiscalía imputó dos delitos
Por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación imputó a los procesados los delitos de homicidio y fabricación, tráfico o porte de armas, partes o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, ambos agravados.
Los dos hombres no aceptaron los cargos formulados por el ente acusador.
Tras evaluar los elementos presentados durante las audiencias, una juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
La investigación continuará para establecer las circunstancias del homicidio y determinar la responsabilidad individual de los procesados.
El proceso avanza bajo las garantías del debido proceso y el principio de presunción de inocencia, por lo que los señalados deberán ser considerados inocentes mientras no exista una decisión judicial definitiva en su contra.
