Las operaciones ‘Atena’ y ‘Dorado VI’ permitieron intervenir 11 puntos de extracción de oro en Cáceres, Caucasia y Urrao. La maquinaria afectada estaría relacionada con las rentas de estructuras del Clan del Golfo.

Un nuevo golpe contra las economías ilegales fue propinado en Antioquia durante dos operaciones de la Policía Nacional contra la minería ilícita, actividad que, de acuerdo con las autoridades, estaría siendo utilizada como fuente de financiación de estructuras criminales.

Las operaciones, denominadas ‘Atena’ y ‘Dorado VI’, se desarrollaron en los municipios de Cáceres, Caucasia y Urrao, donde fueron intervenidos 11 puntos de extracción y se inutilizó maquinaria utilizada para las actividades mineras.

Operación ‘Atena’ en Cáceres y Caucasia

En Cáceres y Caucasia, la operación ‘Atena’ permitió intervenir seis puntos de extracción e inutilizar ocho motores industriales, 116 motobombas, 32 clasificadoras y ocho dragas.

Según la información entregada por las autoridades, esta infraestructura tendría una capacidad de extracción superior a 8.235 gramos de oro mensuales y estaría relacionada con las rentas de la subestructura ‘Yeison Leudo Chaverra’.

La intervención busca afectar las capacidades logísticas y financieras de esta estructura criminal, así como reducir el impacto de la minería ilícita sobre los ecosistemas y las comunidades de la región.

Intervención contra la minería ilegal en Urrao

En el municipio de Urrao se desarrolló la operación ‘Dorado VI’, mediante la cual fueron intervenidos cinco puntos de extracción.

Durante el procedimiento fueron inutilizadas 16 excavadoras y ocho motores industriales, maquinaria que, de acuerdo con las autoridades, tendría una capacidad aproximada de producción de 25.000 gramos de oro al mes.

La actividad estaría relacionada con la financiación de la subestructura ‘Edwin Román Velásquez Valle’.

En conjunto, las dos operaciones afectaron maquinaria cuyo valor aproximado asciende a $9.700 millones, de acuerdo con el reporte oficial.

Las autoridades también señalaron que las estructuras criminales obtendrían recursos mediante cobros extorsivos asociados a la actividad minera. La información oficial estima estas rentas en más de $750.000 millones.

Impacto ambiental y social

Más allá del impacto económico sobre las organizaciones criminales, la minería ilícita genera afectaciones ambientales en los territorios donde se desarrolla.

La extracción irregular de minerales puede provocar contaminación de fuentes hídricas, degradación de los suelos, transformación de ecosistemas y pérdida de cobertura vegetal, además de afectar actividades de las comunidades como la agricultura y la pesca.

La disminución de la calidad y disponibilidad del agua también representa un riesgo para las poblaciones que dependen de ríos, quebradas y otras fuentes para su abastecimiento.

A esto se suma el componente de seguridad. La presencia de estructuras criminales alrededor de las economías ilegales puede generar amenazas, extorsiones y otros riesgos para las comunidades que habitan las zonas de influencia.

Autoridades mantienen ofensiva contra las rentas ilegales

La Policía Nacional señaló que continuará fortaleciendo sus capacidades operativas en Antioquia para intervenir las economías criminales asociadas a la minería ilícita.

Las acciones buscan afectar las fuentes de financiación de las organizaciones ilegales, al tiempo que se pretende contribuir a la protección de los recursos naturales y a la seguridad de las comunidades afectadas por esta actividad.

Los procedimientos hacen parte de las acciones adelantadas por las autoridades para combatir las estructuras criminales que tienen presencia en diferentes zonas del departamento.