Una nueva controversia alrededor del proyecto Minera de Cobre Quebradona, de la multinacional AngloGold Ashanti, se registra en el Suroeste antioqueño, luego de que organizaciones comunitarias, ambientales, campesinas y sociales manifestaran su rechazo a la continuidad de actividades de exploración en varios municipios de la región.
A través de un documento fechado el 28 de agosto de 2026, los firmantes señalaron que rechazan la autorización de la Agencia Nacional de Minería (ANM) para realizar dos años adicionales de exploración en jurisdicción de Jericó, Támesis y Fredonia.
Los sectores que suscriben la declaración aseguran que la decisión desconoce, según su posición, las preocupaciones ambientales y el conflicto social que se ha generado alrededor del proyecto minero.
Declaran “no grata” a la empresa
En el documento, los firmantes dejan constancia de su oposición a la minería metálica en el territorio y anuncian que no participarán en actividades de socialización que, según indican, sean promovidas por la empresa en la región.
Como parte de esta posición, declararon “no grata” a la Empresa Minera de Cobre Quebradona de AngloGold Ashanti en el Suroeste antioqueño.
La declaración también fue remitida, según el documento, al Consejo de Estado, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Minas y Energía, Agencia Nacional de Minería, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y Defensoría del Pueblo.
Preocupación por el agua
Uno de los principales argumentos planteados por las organizaciones está relacionado con la protección de las fuentes hídricas.
Los firmantes hacen referencia a la Reserva Natural Temporal declarada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en junio de 2025, que comprende áreas de Jericó, Támesis, Valparaíso, La Pintada, Santa Bárbara y Fredonia.
Según la declaración, estudios y análisis de Corantioquia, la Universidad de Antioquia y el Servicio Geológico Colombiano han planteado la existencia de una zona de recarga de acuíferos en la región, por lo que consideran necesario profundizar las investigaciones y adoptar medidas para proteger estas reservas de agua.
En ese contexto, las organizaciones expresan su preocupación por la continuidad de perforaciones asociadas con actividades de exploración minera en Jericó y Támesis y advierten sobre los posibles riesgos que, a su juicio, podrían representar para los recursos hídricos del territorio.
Amplia participación de organizaciones y comunidades
La declaración reúne a representantes de diferentes sectores del Suroeste antioqueño y de otras regiones del país.
Entre los firmantes aparecen juntas de acción comunal, acueductos comunitarios y veredales, reservas naturales de la sociedad civil, organizaciones campesinas, colectivos ambientales, asociaciones productivas, organizaciones de derechos humanos y representantes de sectores sociales y académicos.
También aparecen entre las adhesiones el Concejo de Támesis, señalado en el documento como respaldo unánime, así como concejales y otros representantes de municipios de la región.
La Red de Asocomunales del Suroeste antioqueño, que según el documento representa a 622 juntas de acción comunal, también figura entre los respaldos a la declaración.
Un conflicto que continúa en el Suroeste
La decisión de ampliar las actividades de exploración mantiene abierto el debate sobre el futuro de los proyectos mineros en una zona donde sectores comunitarios y ambientales han expresado durante años su preocupación por los posibles efectos de la minería metálica sobre el agua, los ecosistemas y las actividades productivas tradicionales.
Los firmantes sostienen que la protección de las fuentes hídricas debe ser una prioridad y solicitan que las autoridades tengan en cuenta las condiciones ambientales y sociales del territorio antes de adoptar nuevas decisiones relacionadas con la exploración y explotación minera.
La declaración constituye la posición de las organizaciones y personas que aparecen como firmantes del documento. Las actuaciones y decisiones de las autoridades competentes frente a la exploración minera y las condiciones ambientales del proyecto continúan sujetas a los procedimientos administrativos y judiciales correspondientes.
