El excomandante del Batallón La Popa aceptó su responsabilidad por 24 hechos ocurridos entre 2004 y 2005 en la Costa Caribe. La JEP fijó para el 22 de octubre la lectura de la sentencia.

El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’, reconoció su responsabilidad por 24 hechos en los que 38 personas fueron presentadas falsamente como bajas en combate, ocurridos entre 2004 y 2005 en la Costa Caribe.

El reconocimiento se produjo durante la audiencia pública de carácter restaurativo realizada el 27 y 28 de agosto en Valledupar, Cesar, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Durante las dos jornadas, las víctimas y sus familiares tuvieron un espacio para dirigirse al compareciente, reclamar verdad y pedir la dignificación de la memoria de sus seres queridos. Entre los hechos documentados se encuentran 13 casos de desaparición forzada y nueve de tortura.

El reconocimiento del excomandante de La Popa

Figueroa Suárez estuvo al frente del Batallón La Popa entre el 7 de enero de 2004 y el 9 de julio de 2005.

Inicialmente, el exmilitar no aceptó los cargos imputados por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP. Sin embargo, el 27 de enero de 2026, durante la audiencia preparatoria del juicio adversarial, aceptó los cargos formulados por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA).

“Sí, acepto responsabilidad”, manifestó entonces.

Ese reconocimiento tardío modificó el rumbo procesal del caso y permitió activar la ruta restaurativa.

Durante la audiencia en Valledupar, Figueroa Suárez reconoció de manera libre, expresa, consciente y voluntaria su responsabilidad en los términos del escrito de acusación presentado por la UIA el 23 de noviembre de 2023.

También aceptó los hechos, los patrones criminales y la responsabilidad de mando.

“Acepto la gravedad de esas conductas”, manifestó ante las víctimas.

El coronel (r) también pidió perdón por las vidas asesinadas, las desapariciones, la tortura, la estigmatización y los señalamientos que afectaron a las víctimas y sus familiares.

Figueroa Suárez reconoció que durante una parte importante del proceso sostuvo que no había impartido una orden criminal ni ejecutado materialmente los homicidios. Sin embargo, afirmó que ahora entiende que esa perspectiva era insuficiente frente a las responsabilidades derivadas del cargo que ocupaba.

“La pregunta que debo responder no es solamente ‘qué ordené’, también debo responder qué autoridad tenía, qué información recibí, qué debía controlar, qué debía impedir y qué dejé de hacer”, expresó.

Mencionó la cadena de mando

Durante su intervención, el compareciente explicó que existía una cadena de mando a la cual reportaba los resultados operacionales, desde la comandancia de la Brigada Segunda hasta los niveles superiores de la estructura militar y el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez.

Figueroa Suárez describió los roles que, según su relato, cumplía cada eslabón de esa cadena y aclaró que las menciones realizadas durante la audiencia no constituyen por sí mismas una acusación contra las personas mencionadas.

Al finalizar su intervención, pidió un minuto de silencio en memoria de las víctimas y leyó sus nombres.

“Queremos pronunciar el nombre de estas personas inocentes y decir que ellas no pertenecían a grupos armados al margen de la ley. No eran combatientes y fueron asesinadas por mis tropas en estado de indefensión. Sus vidas fueron convertidas injustamente en cifras y presentadas como resultados operacionales”, afirmó.

Víctimas reclamaron verdad y dignificación

La audiencia incluyó diferentes acciones para dignificar la memoria de las víctimas. En el recinto fueron ubicados retratos y ofrendas florales en recuerdo de las personas que fueron presentadas falsamente como bajas en combate.

Entre las víctimas documentadas se encuentran integrantes de los pueblos Wiwa y Kankuamo.

Uno de los casos corresponde al de Nohemí Pacheco Zabatá, una niña Wiwa de 13 años que fue asesinada y presentada falsamente como integrante de la guerrilla.

Durante las dos jornadas, familiares de las víctimas reclamaron verdad, esclarecimiento y dignificación.

Rocío Escorcia Bonet, hermana de Jon Jader Escorcia Bonet, señaló que sus familiares “no fueron cifras, no fueron informes, ni una equivocación. Fueron hijos, hermanos, seres humanos. Fueron vidas”.

Elizabeth Coronado Montaño, hermana de Carlos Mario Navarro Montaño, pidió a Figueroa que revelara la verdad y entregara información sobre las personas que pudieron estar detrás de los hechos.

Jesús Eduardo Oñate, por su parte, recordó a su hermano Luis Eduardo, integrante del pueblo Wiwa, y reclamó que su buen nombre fuera restablecido.

Las víctimas también formularon preguntas relacionadas con asuntos que aún requieren esclarecimiento, entre ellos la posible relación entre el Batallón La Popa y grupos paramilitares, las investigaciones disciplinarias, los supuestos informantes que señalaban a las víctimas y la eventual responsabilidad de otras personas.

Pueblos Wiwa y Kankuamo también pidieron reparación

La situación de los pueblos indígenas tuvo un papel central durante la audiencia.

Pedro Loperena, representante del pueblo Wiwa, señaló que los asesinatos de integrantes de su comunidad no afectan únicamente a las víctimas y sus familias, sino también al territorio, la cultura, el gobierno propio y el patrimonio étnico-cultural.

Las víctimas solicitaron que las acciones de reparación y restauración tengan en cuenta las afectaciones individuales y colectivas sufridas por los pueblos Wiwa y Kankuamo, así como sus prácticas culturales, autoridades y formas propias de sanación.

JEP y víctimas alcanzaron acuerdo restaurativo

Al cierre de la audiencia, la magistratura informó que las víctimas y el compareciente llegaron a un acuerdo restaurativo compuesto por nueve elementos para el restablecimiento de los derechos de las víctimas.

Entre los compromisos se encuentra la entrega del rango, las medallas y el escudo de armas que fueron entregados a Figueroa Suárez al finalizar su gestión como comandante del Batallón La Popa.

También se acordó que las víctimas participen en la revisión y diseño de los actos de memoria que realice el compareciente en Valledupar y en los territorios afectados.

Otro de los compromisos contempla la entrega de los diarios operacionales con los registros de las personas que participaron en cada uno de los hechos.

Asimismo, se acordó reconocer públicamente los nombres de las víctimas y señalar que no pertenecían a grupos armados y no eran combatientes, además de dignificar su buen nombre ante medios de comunicación regionales y en los territorios donde vivieron.

Uno de los puntos centrales está relacionado con las víctimas de desaparición forzada. El compareciente deberá participar de manera directa y verificable en acciones de búsqueda, localización e identificación, mediante la entrega de información, señalamiento de lugares y reconstrucción de rutas y hechos que puedan contribuir a su ubicación.

Las víctimas también solicitaron que se reconozcan y atiendan las necesidades específicas de los pueblos Wiwa y Kankuamo, teniendo en cuenta los daños individuales, colectivos, culturales y espirituales ocasionados a estas comunidades.

Figueroa Suárez manifestó su compromiso con las solicitudes de restauración, que harán parte de su Sanción Alternativa y serán exigidas por la JEP dentro del régimen de condicionalidad.

¿Qué sigue en el proceso contra Figueroa Suárez?

El magistrado Raúl Eduardo Sánchez Sánchez, relator del proceso, explicó que la audiencia tuvo un carácter restaurativo y que, por esa razón, no estuvo centrada en el debate probatorio, sino en el diálogo con el compareciente, el reconocimiento de las víctimas y el restablecimiento de sus derechos.

El magistrado también explicó las consecuencias del reconocimiento tardío dentro del modelo de justicia transicional de la JEP.

Mientras el reconocimiento pleno y oportuno ante la Sala de Reconocimiento puede conducir a una sanción propia sin privación de la libertad, la falta de reconocimiento y una eventual derrota en el juicio adversarial pueden llevar a sanciones ordinarias de hasta 20 años de prisión.

En el caso del reconocimiento tardío, como ocurrió con Figueroa Suárez, corresponde una Sanción Alternativa de entre cinco y ocho años, que contempla privación efectiva de la libertad e incorpora componentes restaurativos.

La magistrada María del Pilar Valencia García, presidenta de la Sección de Ausencia de Reconocimiento, manifestó que la audiencia debe contribuir al esclarecimiento de la verdad, la dignificación de las víctimas y la consolidación de compromisos de reparación y no repetición.

La magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra también destacó el papel de este tipo de diligencias en el reconocimiento de responsabilidad por parte de los comparecientes.

JEP fijó fecha para la sentencia

Tras finalizar las dos jornadas de audiencia, el magistrado Raúl Sánchez fijó el 22 de octubre de 2026 como fecha para la lectura de la sentencia que se impondrá al coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez.

En esa misma fecha está prevista la devolución de las medallas.

La JEP recordó que el proceso no termina con la sentencia. Los compromisos adquiridos durante la audiencia deberán traducirse en acciones concretas de restauración y en aportes que permitan avanzar en el esclarecimiento de los hechos que han afectado durante décadas a las víctimas y sus familias.

El reconocimiento de responsabilidad, de acuerdo con lo expresado por la magistratura, no elimina el daño causado ni devuelve la vida a las personas asesinadas, pero constituye un paso dentro del proceso de verdad, justicia y reparación que adelanta la JEP.

Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).