Una nueva controversia se instaló en el Congreso alrededor del proyecto de ley que busca eliminar los llamados impuestos saludables, luego de que la representante a la Cámara Laura Daniela Beltrán Palomares, conocida en redes sociales como @smilelalis, cuestionara la eventual participación del senador Enrique Gómez Martínez en la discusión de la iniciativa.
La congresista sostiene que existiría un posible conflicto de intereses debido a aportes que empresas relacionadas con la industria de bebidas habrían realizado al movimiento Salvación Nacional, colectividad que dirige Gómez y a la que pertenece la representante Carol Borda, una de las congresistas que impulsa el proyecto.
Sin embargo, hasta el momento, no existe una decisión formal que declare impedido a Enrique Gómez ni evidencia pública que permita afirmar que los aportes fueron entregados personalmente al senador. Los registros divulgados se refieren a financiación de la colectividad política.
¿Qué está pasando con los impuestos saludables?
El 25 de agosto de 2026, los representantes Daniel Briceño, del Centro Democrático, y Carol Borda, de Salvación Nacional, anunciaron la presentación de un proyecto de ley que busca eliminar los impuestos saludables.
Estos gravámenes fueron establecidos mediante el artículo 54 de la Ley 2277 de 2022, dentro de la reforma tributaria aprobada durante el gobierno de Gustavo Petro. La normativa creó impuestos para determinadas bebidas ultraprocesadas azucaradas y para productos comestibles ultraprocesados con determinados niveles de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas.
La propuesta de Briceño y Borda plantea desmontar estos tributos, argumentando, entre otros aspectos, que han incrementado los costos de productos de consumo cotidiano y afectan a consumidores, tenderos y pequeños comerciantes.
El proyecto apenas inició su trámite legislativo, por lo que los impuestos continúan vigentes y su eventual eliminación dependerá de la discusión y aprobación de la iniciativa en el Congreso.
@Danielbricen afirma que los impuestos a las bebidas azucaradas y productos ultraprocesados no funcionan. Sin embargo, sus opiniones chocan de frente con la evidencia científica global.
Estudios en países como #México demuestran que el consumo de bebidas azucaradas cayó un 9,7 %… pic.twitter.com/JFn8yURzwS
— 🇵🇸Nela🇸🇩🇨🇴 (@MoronNela) September 6, 2026
La denuncia sobre la financiación
La controversia surgió después de que se difundieran registros atribuidos al aplicativo Cuentas Claras, administrado para el reporte de financiación política ante las autoridades electorales.
De acuerdo con los reportes publicados sobre esos registros, Gaseosas Lux, empresa vinculada a Postobón, habría aportado $400 millones a Salvación Nacional, mientras que Bavaria habría realizado un aporte de $300 millones. No obstante, estas cifras requieren ser contrastadas directamente con la fuente primaria para establecer con precisión los montos, fechas, conceptos y destinatarios de los recursos.
La diferencia es relevante: un aporte a una organización política no equivale automáticamente a una financiación personal a su director o a un congresista perteneciente a esa colectividad.
Por esa razón, no resulta jurídicamente adecuado afirmar, sin documentación adicional, que Enrique Gómez “recibió dinero” directamente de Postobón o Bavaria.
¿Existe un impedimento para Enrique Gómez?
La discusión también plantea una pregunta jurídica: ¿la financiación de una colectividad por parte de empresas que podrían verse beneficiadas por un cambio tributario genera automáticamente un conflicto de intereses para uno de sus congresistas?
El artículo 286 de la Ley 5 de 1992, modificado por la Ley 2003 de 2019, establece el régimen de conflicto de intereses de los congresistas. La norma contempla como elemento central la existencia de un beneficio particular, actual y directo para el congresista. También establece excepciones cuando se trata de medidas de carácter general que afectan a un sector económico, siempre que no exista ese beneficio particular, directo y actual.
Por ello, la existencia de aportes empresariales al partido no permite concluir por sí sola que Enrique Gómez esté jurídicamente impedido. Para determinarlo sería necesario establecer las circunstancias concretas de la financiación, la relación del congresista con esos aportantes y si su participación en el trámite legislativo configura las condiciones previstas en el régimen de conflictos de interés.
Hasta ahora, lo que existe es un cuestionamiento público y una solicitud de escrutinio sobre esa posible situación, no una decisión oficial que declare al senador impedido.
El senador @Enrique_GomezM debe declararse impedido para participar en la discusión y votación del impuesto a las bebidas azucaradas por haber sido financiado por @PostobonManzana y @BAVARIA_OFICIAL. pic.twitter.com/mGVBUiAdkb
— Sergio Mesa ⚖️ (@sermeca) September 4, 2026
La controversia política
El caso adquiere relevancia porque las empresas que aparecen mencionadas en los reportes de financiación pertenecen a sectores que podrían verse afectados por la permanencia o eliminación de los impuestos saludables.
La discusión, por tanto, no solo gira alrededor de la conveniencia económica o fiscal de estos gravámenes, sino también sobre la transparencia de la financiación política y la necesidad de que los congresistas hagan públicos los posibles vínculos que puedan generar cuestionamientos frente a sus decisiones legislativas.
A esto se suma el debate sobre la efectividad de los impuestos como herramienta de salud pública. La Organización Mundial de la Salud ha respaldado el uso de impuestos a bebidas azucaradas como una de las herramientas disponibles para reducir el consumo de productos asociados con enfermedades no transmisibles.
En enero de 2026, además, la Corte Constitucional declaró exequibles apartes de las normas que regulan los impuestos saludables, al considerar que determinadas exclusiones previstas en el diseño del tributo respondían a criterios técnicos y a finalidades legítimas de salud pública y capacidad económica.
Una discusión que ahora llega al Congreso
El proyecto para eliminar los impuestos saludables apenas comienza su recorrido legislativo y promete abrir una nueva discusión sobre recaudo, precios, consumo, salud pública y financiación política.
Mientras avanza el trámite, el cuestionamiento sobre los aportes a Salvación Nacional pone bajo la lupa la participación de sus congresistas en una iniciativa que podría beneficiar a sectores económicos vinculados con algunos de los productos gravados.
Por ahora, no está demostrado que Enrique Gómez haya recibido personalmente recursos de Postobón o Bavaria, ni que exista una decisión oficial que lo declare impedido para participar en el debate.
La eventual existencia de un conflicto de intereses deberá determinarse conforme a las normas que regulan la actuación de los congresistas y a la información oficial sobre la financiación política.
Lo que debe verificarse
- Los montos y fechas exactas de los aportes reportados en Cuentas Claras.
- Los destinatarios y conceptos bajo los cuales fueron registrados.
- Si los aportes correspondieron directamente a Salvación Nacional o a alguna campaña electoral.
- Si Enrique Gómez presentó alguna declaración relacionada con un eventual conflicto de intereses.
- Si existe una solicitud formal de impedimento y cuál ha sido la respuesta de la autoridad competente.
- La posición de Enrique Gómez, Salvación Nacional, Postobón y Bavaria frente a los señalamientos.
Este artículo distingue entre hechos documentados, denuncias públicas y asuntos que permanecen pendientes de verificación. La existencia de financiación política, por sí sola, no demuestra una contraprestación ni permite atribuir responsabilidad individual.
